La Paz, Bolivia, 31 de mayo de 2025. La Sala Constitucional Segunda de La Paz dejó sin efecto la sentencia que obligaba a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a pagar 744 millones de bolivianos a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), en el marco de un proceso por competencia desleal.
La resolución instruye al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), concretamente a su Sala Civil, revisar el caso y emitir un nuevo fallo, considerando los argumentos expuestos en la audiencia de acción de amparo constitucional. Este nuevo giro en el proceso todavía no es definitivo, ya que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deberá pronunciarse en última instancia.
El fallo anulado había sido cuestionado por supuestamente omitir elementos esenciales y excederse en el análisis legal. La Sala Constitucional observó, entre otros puntos, el uso del concepto de “daño al proyecto de vida”, una figura jurídica que, según su interpretación, no corresponde aplicarse a empresas.
La decisión generó reacciones inmediatas en Chuquisaca. Diversas autoridades e instituciones expresaron su malestar ante lo que consideran un revés para una compañía clave en la economía departamental. El procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, criticó la actuación de la Sala Constitucional, a la que acusó de extralimitarse al pronunciarse sobre aspectos que no correspondían al recurso de amparo, como la “cosa juzgada”.