A dos semanas de las elecciones para el Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio, siendo los comicios este último día en España, las encuestas apuntan a un aumento de la presencia de los partidos de ultraderecha, unidos en los grupos transnacionales Conservadores y Reformistas Europeos, por un lado, e Identidad y Democracia, por otro. Su ascenso en la estimación de voto refleja el auge del extremismo en distintos Estados miembro, un radicalismo que gobierna en países como Holanda e Italia; lidera las encuestas en Francia, Austria y Bélgica, y participa en los Ejecutivos de Finlandia y Eslovaquia. Un mapa de influencia que podría traducirse en un 30% de voto en los próximos comicios, resultando la segunda fuerza, después del Partido Popular Europeo, si se toman los resultados de ambos grupos en conjunto.
Al competir estas opciones por separado, se espera que el Partido Socialista Europeo conserve su segunda posición en el ranking de voto —a pesar de que a nivel estatal apenas resisten gobiernos considerados progresistas, entre ellos España y un tripartito alemán escorado a la derecha— mientras que la tercera posición la disputarían los grupos de la extrema derecha con los liberales de Renew, en una importante caía tras las elecciones de 2019. Otro grupo que muestra su desgaste, son Los verdes europeos, que sufrirían una gran caída en votos tras la sorpresa que dieron en las elecciones de 2019.
Por su parte, La Izquierda europea, mantiene su voto respecto a hace cinco años, resistiendo en un espacio minoritario que dificulta su influencia en una Eurocámara claramente escorada hacia la derecha. La cuestión migratoria es uno de los ámbitos en los que se evidencia de manera más clara la sintonía entre los distintos grupos con más peso en el Parlamento, un ámbito cuya capitalización está en el origen del ascenso de esta extrema derecha.
Y es que, pese a que la cuestión ucraniana y distintas formas de abordar la pertenencia a Europa, así como otras cuestiones de la agenda política de cada Estado, mantienen separados a las dos formaciones principales de la extrema derecha, el consenso en torno al objetivo de detener la migración a toda costa es el mismo. La expulsión de la alemana AfD del grupo Conservadores y Reformistas, a raíz de que uno de sus candidatos relativizase el rol de las SS en una entrevista, muestra cuáles son las cuestiones que pueden escandalizar a una ultraderecha que busca mostrarse más moderada. Sin embargo, el escándalo que mostró cómo la misma AfD se reunió secretamente para hablar de remigración —es decir, la expulsión masiva de migrantes de Europa, incluyendo residentes regulares y nacionalizados— con la extrema derecha austriaca, no puso en peligro su permanencia en el grupo transnacional.
Por otro lado, la buena sintonía en torno a la migración mostrada entre Úrsula Von der Layen y Giorgia Meloni, hace que el Partido Popular apunte a la posibilidad de aliarse con los Conservadores y Reformistas capitaneados por la primera ministra italiana. En un mandato en el que la Unión Europea se puso como uno de sus principales objetivos,acordar un marco comunitario para las políticas de migración y asilo de la Unión Europea, el resultado, contundentemente criticado por las organizaciones de la sociedad civil, ha sido saludado por el Partido Socialista Europeo como un hito. La razón: países muy diversos se ponían de acuerdo y armonizaba una misma respuesta ante la inmigración. La realidad: esta armonización se ha hecho con una Unión Europea escorada a posiciones de derecha, y se deberá poner en práctica en los próximos dos años, en un clima en el que esta extrema derecha tendrá más presencia en el Parlamento Europeo.
Un pacto migratorio que no convence a nadie
Aprobado por el Consejo Europeo el pasado 14 de mayo, sin ganarse una gran atención por parte de los medios de comunicación, el Pacto Europeo de Migración y Asilo pasaba su último trámite menos de un mes antes de las elecciones europeas, tras haber obtenido el respaldo de un Parlamento dividido el 10 de abril.
Con todo, la aprobación de las 10 normativas que integran el Pacto, implica que deberán ser aplicadas aún cuando se haya votado en contra del acuerdo. Queda ver cómo serán trasladadas a los marcos estatales, pues los estados miembros tienen hasta junio de 2026 para hacer la traslación de la normativa. Algunos estados ya se han distanciado del pacto, no por las alertas respecto a que permite vulneraciones de los derechos humanos, sino porque no lo consideran suficientemente restrictivo. El 15 de mayo, solo un día después de que completara su pasó por las instituciones europeas, 15 estados miembro (de un total de 27) manifestaban mediante un comunicado su disconformidad con el Pacto y su apuesta por endurecer más las políticas migratorias de la UE.
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