Sucre, 6 de junio de 2025 – La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Chuquisaca, liderada por Juan Carlos Miranda, ha anunciado la toma pacífica de instituciones públicas de Sucre a partir del lunes, en protesta por el alza y la escasez de productos de la canasta familiar como el aceite y el arroz. En medio de estos anuncios, dirigentes señalaron que no descartan saqueos, generando controversia.
Miranda informó que en una reunión interinstitucional el miércoles, con la participación de autoridades de la Alcaldía, Gobernación, Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor y empresas estatales, Emapa no pudo explicar la cantidad de productos de la canasta familiar disponibles en el departamento. Asimismo, reveló la molestia contra el viceministro Jorge Silva, quien el año pasado se comprometió a abrir tres sucursales más de Emapa en la capital, promesa que no se ha cumplido.
Miranda acusó a los comerciantes de «burlarse» de la población al no cumplir con la propuesta de vender productos básicos a precios accesibles, e incluso elevar los precios. Ante esta situación, el dirigente afirmó que los barrios marginales han planteado entrar a los mercados a saquear. Aseguró que la gente en las zonas periurbanas y rurales está sufriendo y el dinero ya no les alcanza ni para un pan. La Fedjuve ha identificado almacenes donde los comerciantes «acopian» sus productos.
Por su parte, el sector gremial de Chuquisaca se declaró en estado de emergencia tras una marcha multitudinaria con cacerolas vacías. Rechazaron las acusaciones de agio y especulación, afirmando que también son afectados por el alza de precios, la canasta familiar, la falta de dólares y la escasez de gasolina y diésel.
Asimismo, la Central Obrera Departamental (COD) expresó su preocupación por la elevación generalizada de precios y exigió al Gobierno y a las autoridades locales regularizar la situación. El ejecutivo de la COD, Marcelo Torres, advirtió con iniciar movilizaciones si no hay soluciones, aunque hizo un llamado a evitar daños entre los propios pobladores, señalando que las movilizaciones del transporte solo han afectado a los ciudadanos y empresas, no al Gobierno.
Fuente: Correo del Sur
