2026

Teherán promete que los responsables de la muerte de Alí Jameneí «recibirán su castigo»

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional aseguró que la «causa de la venganza» por la muerte del líder supremo y de «los mártires inocentes» sigue abierta.El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Bager Zolqadr, afirmó este miércoles que la «causa de la venganza» por la muerte del líder supremo Alí Jameneí y de «los mártires inocentes» del país sigue abierta, y aseguró que los responsables del hecho «recibirán su castigo», informa la agencia estatal IRNA. «El puño cerrado del líder mártir en el momento de su ascensión es un símbolo perdurable de nuestra doctrina de seguridad nacional», declaró Zolqadr en un comunicado. También señaló que quienes «ordenaron y ejecutaron estos crímenes» serán castigados, y aseguró que los responsables «recibirán su castigo a manos de elementos justos, cuando llegue el momento, que no tardará«. El funeral de Alí Jameneí, asesinado a finales de febrero durante la agresión israelí-estadounidense contra la República Islámica, será honrado con una serie de ceremonias fúnebres a principios de julio.

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China insta a Paraguay a dejar «el lado equivocado de la historia»

El canciller del país sudamericano aseguró que están dispuestos a construir puentes con el gigante asiático, pero sin romper lazos con Taipéi. China instó a Paraguay a reconsiderar su política hacia Taiwán, después de que el canciller del país sudamericano, Rubén Ramírez, afirmara que Asunción está dispuesta a establecer relaciones comerciales con Pekín siempre que no tenga que romper sus lazos diplomáticos con Taipéi. «El Gobierno y los dirigentes de Paraguay deben preguntarse qué quiere su pueblo, qué sirve mejor al interés nacional del país y hacia dónde se dirige el curso de la historia, para decidir si deben dejar de estar del lado equivocado de la historia y unirse a la abrumadora mayoría de los países«, señaló este miércoles Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. La «alianza estratégica» Durante la cumbre del Mercosur, Ramírez manifestó que Paraguay «no se niega a establecer relaciones comerciales con China», siempre que ello no esté condicionado a romper sus contactos con la isla. Agregó que la nación continuará el diálogo y las negociaciones bajo esas condiciones. Paraguay es el único país sudamericano que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y el único miembro del Mercosur que no tiene vínculos diplomáticos con Pekín. En mayo, el presidente paraguayo, Santiago Peña, reafirmó el «compromiso» de su país con la «alianza estratégica» que mantiene con Taipéi, a lo que desde Pekín respondieron instando a respetar el principio de una sola China y a cortar las relaciones diplomáticas con los líderes de la isla.

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Existen más de 10 leyes judiciales estancadas y litigantes rechazan un paro

Los proyectos de ley presentados al Parlamento son parte de la reforma judicial, pero no contemplan hacer modificaciones parciales a la Constitución Política del Estado. Gobierno y Legislativo rechazan los anuncios de una huelga escalonada.El Órgano Judicial y legisladores de distintas bancadas presentaron más de 10 proyectos de ley destinados a reformar, modernizar y fortalecer el sistema de justicia en Bolivia. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas fue tratada ni aprobada por la Asamblea Legislativa desde el inicio de su gestión, en noviembre de 2025. La falta de avances fue uno de los factores que llevó a los magistrados a declararse en emergencia y advertir con un paro escalonado de servicios judiciales en el país. Del paquete de propuestas, cuatro fueron presentadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dos por el Consejo de la Magistratura (CM). Las restantes corresponden a legisladores de distintas bancadas y abordan temas que van desde la reforma del Código Penal hasta el traspaso de Derechos Reales al Ejecutivo. En paralelo, litigantes consultados por EL DEBER en el Palacio de Justicia de Santa Cruz rechazaron una eventual suspensión de actividades, tras considerar que agravaría la retardación de justicia. No obstante, varios coincidieron que el sistema necesita más recursos para reducir demoras, mejorar la atención y modernizarse Uno de los proyectos centrales es el 441, que propone modificar la Ley 025 del Órgano Judicial para garantizar su independencia financiera. La iniciativa plantea asignar al menos el 5% del Presupuesto General del Estado al funcionamiento de la Justicia. El proyecto 440 busca financiar la modernización tecnológica del sistema y avanzar hacia el “uso cero de papel”. Para ese objetivo se requieren Bs 106 millones. La propuesta 438, denominada Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, establece que los recursos no reclamados por las partes después de cinco años, pasen a favor del Órgano Judicial. El proyecto 493 modifica la Ley 044 de juicios de responsabilidades y pretende restablecer las competencias del TSJ para tramitar casos de corte, incorporando la garantía de doble instancia exigida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las propuestas del Consejo El Consejo de la Magistratura presentó el proyecto 459 que elimina la participación de jueces ciudadanos en tribunales disciplinarios y amplía las competencias de esas instancias para agilizar los procesos contra servidores judiciales. La iniciativa 458 modifica dos artículos del Código Procesal Civil para que los martilleros judiciales pasen a depender del Órgano Judicial y dejen de operar como particulares. Iniciativas legislativas Entre los proyectos promovidos por legisladores está el 432, que modifica la Ley del Notariado y propone que el Tribunal Supremo de  Justicia asuma la rectoría del sistema notarial, en reemplazo de los ministerios de Justicia —que ya no existe— y de Trabajo. También están pendientes el proyecto 373, de reforma del régimen disciplinario judicial; el 212, referido a la jurisdicción agroambiental, y el 361, que modifica la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía. Los proyectos 355, 294 y 356 plantean transferir Derechos Reales, actualmente bajo tuición del Consejo de la Magistratura, al Órgano Ejecutivo. Estas iniciativas son rechazadas por el Consejo de la Magistratura que ya planteó sus objeciones ante la Cámara de Diputados. A ese grupo se suma una propuesta presentada la pasada semana por el diputado Manolo Rojas para sistematizar, codificar y convocar públicamente a una reforma integral del Código Penal que tiene observaciones de entidades de derechos humanos. Hasta ahora, ninguna de las iniciativas fue aprobada por la Comisión de Justicia ni llegó al pleno de la Cámara de Diputados. Mientras los proyectos continúan acumulándose, las representantes de los poderes estatales ayer no dieron señal alguna de acercamiento o diálogo posible.

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«Se trata, ante todo, de salvar la Revolución»: Díaz-Canel sobre transformaciones en Cuba

El mandatario aseveró que La Habana podrá alcanzar las metas que se ha trazado «sin rendición, con inteligencia, con firmeza ideológica, con responsabilidad, con unidad, con coraje y con audacia». El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró esta jornada que el objetivo de las transformaciones económicas y sociales que implementará en breve su administración, es preservar los logros de la Revolución cubana en un contexto particularmente desafiante por las condiciones que impone el arreciamiento del bloqueo estadounidense, que suma ya más de seis décadas ininterrumpidas. «Se trata, ante todo, de salvar la Revolución», sostuvo el mandatario en una reunión del Consejo de Ministros. «Nosotros estamos ante un dilema que es complejo y que podemos solucionar, que es cómo nosotros damos continuidad al proceso de construcción socialista en una pequeña isla del Caribe que ha sufrido el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad por parte de la potencia más poderosa del mundo y que, ahora, ese bloqueo se ha recrudecido y tiene un bloqueo, además, energético», apuntó. Desde su punto de vista, La Habana podrá alcanzar ese propósito «sin rendición, con inteligencia, con firmeza ideológica, con responsabilidad, con unidad, con coraje y con audacia», pues eso es lo que le corresponde hacer a las generaciones que hoy defienden y participan de la construcción del socialismo en la nación caribeña. A este respecto, el dignatario sostuvo que «todo lo que desate [la ampliación] de las fuerzas productivas, hay que aplicarlo de inmediato» y en ello juegan un papel destacado los actores económicos, que empezarán a operar con una «dinámica distinta». «Son los actores económicos de la construcción socialista, de nuestro modelo económico y social. Por lo tanto, son los actores económicos [los] que van a trabajar tributando al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, al programa de gobierno y a las estrategias de desarrollo territorial y local», agregó. Bloqueo económico y amenazas de Trump Washington mantiene un bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. Desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, el país norteamericano ha arreciado su política de cerco y asfixia total hacia la isla. Esta política extraterritorial de EE.UU. ha estado acompañada de serias amenazas, en las que el propio Trump ha manifestado que estaría dispuesto a utilizar la fuerza si fuera necesario para derrocar al Gobierno cubano, que por su parte denuncia estas acciones como una táctica de «genocidio». En consonancia con la denuncia de las autoridades isleñas, la Administración Trump, que mantiene activo un despliegue militar en el Caribe con tropas del Comando Sur de EE.UU., ha admitido en reiteradas ocasiones que el objetivo de su política contra Cuba es impedirle cualquier tipo de ingresos económicos a La Habana e incluso bloquear el suministro de petróleo, que es fundamental para los requerimientos energéticos de la mayor isla de las Antillas. La situación afecta gravemente a la economía del país caribeño, que en los últimos meses ha sufrido el impacto de un bloqueo multidimensional reforzado con numerosas medidas coercitivas por parte de la Casa Blanca, que han puesto en peligro servicios fundamentales como la energía, electricidad, salud, educación, transporte, alimentos y el turismo, entre otros.

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Procurador califica de «inaceptable» que un paro judicial paralice casos en flagrancia

León La Faye indicó que la institución se mantiene atenta a la evolución del conflicto y expresó su disposición de participar en cualquier instancia de diálogo que permita encontrar una solución. El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, calificó este martes de «inaceptable» la posibilidad de que un eventual paro del Órgano Judicial paralice la atención de casos relacionados con delitos en flagrancia, al considerar que esa situación puede afectar directamente a la población y al sistema de administración de justicia. «Consideramos inaceptable que, por ejemplo, ante el no funcionamiento del Órgano Judicial, todos aquellos casos relacionados con delitos en flagrancia queden sin una autoridad jurisdiccional que pueda conocerlos y resolverlos, determinando la situación jurídica de las personas», señaló el Procurador, en un video institucional grabado. En ese contexto, León La Faye remarcó que una paralización de actividades tendría consecuencias inmediatas sobre procesos urgentes. Añadió que la institución se mantiene atenta a la evolución del conflicto y expresó su disposición de participar en cualquier instancia de diálogo que permita encontrar una solución. «Como Procuraduría General del Estado estamos atentos y dispuestos a participar en cualquier instancia de diálogo, promoviendo la defensa de los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia», señaló. La autoridad se pronunció luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, advirtió ayer que el Órgano Judicial acatará un paro nacional escalonado si el Ejecutivo y el Legislativo no atienden su demanda de incrementar en un 5% el presupuesto institucional. Tras una reunión de emergencia de magistrados, vocales y jueces en Sucre, Saucedo anunció que, si no existe una respuesta inmediata de los órganos Ejecutivo y Legislativo, el Órgano Judicial iniciará un paro nacional escalonado que comenzará con una suspensión de actividades de 24 horas, luego de 48 y 72 horas y que puede derivar en una paralización indefinida.

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Soboce rechaza fallo millonario y advierte daño a la seguridad jurídica

La cementera anunció que recurrirá a todas las instancias legales tras el nuevo Auto Supremo que ratifica la indemnización a favor de Fancesa. Asegura que la resolución incumple un fallo constitucional y sostiene que el caso trasciende el conflicto empresarial por su impacto sobre la inversión privada. La batalla judicial entre Soboce y Fancesa, uno de los litigios empresariales más prolongados y costosos de Bolivia, sumó un nuevo capítulo. La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) rechazó el Auto Supremo N.° 1190/2026, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia volvió a ratificar la millonaria indemnización que debe pagar a la cementera chuquisaqueña, y anunció que agotará todas las instancias legales para revertir la decisión. El proceso se originó por una demanda presentada por la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), que acusó a Soboce de haber provocado un perjuicio económico mediante la aplicación de una cláusula de no competencia que limitó su desarrollo comercial durante varios años. Tras una larga disputa judicial, los tribunales determinaron el pago de una indemnización que supera los Bs 744 millones, una decisión que desde entonces ha sido objeto de recursos ordinarios y constitucionales. La controversia volvió a tomar fuerza luego de que el Tribunal Supremo emitiera un nuevo Auto Supremo en cumplimiento de una resolución de una Sala Constitucional de La Paz, que había dejado sin efecto el fallo anterior por vulneraciones al debido proceso. Sin embargo, para Soboce, la nueva resolución no corrige esas observaciones y «incumple flagrantemente» la tutela constitucional otorgada por la Justicia. En un comunicado institucional, la empresa calificó el nuevo fallo de «arbitrario, contradictorio e incompatible con el derecho boliviano e internacional» y afirmó que fue emitido en un «clima de amedrentamiento» tanto en Chuquisaca como a escala nacional. Asimismo, anunció que activará todas las acciones jurisdiccionales y constitucionales disponibles para impugnar la decisión. La compañía sostuvo además que la resolución no solo afecta sus derechos, sino que genera un precedente negativo para la seguridad jurídica y la inversión privada en Bolivia, al vulnerar —según su interpretación— los principios de certidumbre y proporcionalidad que deben regir el derecho empresarial. Soboce también recordó que el Estado boliviano aún no le ha pagado la indemnización por la expropiación de sus acciones en Fancesa, dispuesta mediante el Decreto Supremo 0616 de 2010. Según la empresa, esa obligación supera actualmente los 290 millones de dólares, por lo que considera que el litigio promovido por Fancesa ha sido utilizado para dilatar ese pago. El nuevo pronunciamiento se conoce días después de que autoridades de Chuquisaca celebraran la decisión del Tribunal Supremo y solicitaran incluso la revocatoria del fallo constitucional que favoreció a Soboce. Mientras ese debate continúa, la cementera ratificó que mantendrá su defensa «hasta las últimas instancias».

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Choferes alertan que el cambio flexible encarecerá los repuestos y advierten subida de pasajes

Los choferes aseguraron este martes que el nuevo tipo de cambio flexible, implementado desde este lunes por el Gobierno, afectará a su sector por el incremento en el costo de los repuestos. Los transportistas calificaron esta medida como «desacertada» y advirtieron que esto podría «tocar el bolsillo de los usuarios» con un incremento de los pasajes. «El tipo de cambio va generar un incremento en los repuestos, llantas en todo lo que utilizan los transportistas. No debía hacer eso (el Gobierno), debería fijarse un término medio de 8 bolivianos. Desde ya se incrementa el tema de repuestos e insumos para los transportistas», dijo Víctor Tarqui, dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, a Urgente.bo. Tarqui explicó que, por ejemplo, los repuestos que tendrán un incremento serán las llantas y las baterías, ya que la mayoría de los productos que adquieren son importados. El dirigente mencionó que esta situación hará que el precio de los pasajes también se incremente. «Toda la movilidad anda con repuestos de importación y no nos queda otra situación que tener que tocar el bolsillo de los usuarios (…) va a tener afectación directa, no solo en la canasta familiar, y esto estamos alertando». En tanto, el dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, también señaló que el reciente tipo de cambio flexible afectará el precio de los repuestos. El representante indicó que los insumos que más compra o renueva este sector son las llantas, cuyo costo alcanza actualmente cerca de Bs 2.000 cada una. «Esto quiere decir que automáticamente muchas cosas van a subir: los repuestos, las llantas que cuesta 2.000 bolivianos para autos grandes y también el tema de aceite porque el aceite nacional es de poco recorrido; nosotros compramos para 20 y 36 kilómetros y son de Argentina, Brasil e incluso de Estados Unidos», subrayó. Tarqui mencionó que buscan una reunión con el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, para expresar su preocupación por esta medida. Este lunes entró en vigencia el tipo de cambio flexible, con el cual el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció una nueva cotización del dólar en Bs 9,73.

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Ministro Zamora abre la posibilidad de analizar la nacionalización de «chutos»: «todo es posible»

Cuando ha resurgido la iniciativa de nacionalizar autos «chutos», el ministro de Obras, Mauricio Zamora, abrió la posibilidad de analizar esa medida y aprobarla en el caso determinarse que sea buena el país. «Todo es posible, hay que sentarse, como yo siempre digo, que hay que sentarse en mesas, ver, y si es bueno, hay que nacionalizar los autos chutos, pero hay que hacer análisis», dijo la autoridad este martes. Las declaraciones surgen después de que el diputado Reinaldo Seas (Libre) presentó un proyecto de ley para la nacionalización de autos «chutos», argumentando que la medida generará ingresos para el país. La nacionalización de autos «chutos» fue una promesa electoral de Rodrigo Paz, cuando se postulaba a la presidencia. Zamora manifestó que las decisiones se toman en función del bien común de los bolivianos, más allá de la afectación a su popularidad. «Yo valoro a nuestro presidente Rodrigo Paz y lo dice cada vez, él prefiere el bien común a la popularidad. Los anteriores políticos o la vieja política tomaba decisiones en su popularidad. En cambio, el presidente Rodrigo Paz está tomando decisiones para el bien de los bolivianos, más allá que le afecte la popularidad. Fíjese el levantamiento de la subvención, el tema cambiario», agregó.

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La DEA vuelve a Bolivia bajo la figura de apoyo logístico al país

Bolivia reconfigura su política soberana de lucha contra el narcotráfico mediante un modelo que reabre los canales de financiamiento y datos tácticos proporcionados por Washington, 18 años después del quiebre de relaciones operativas. La DEA vuelve al país bajo la figura de apoyo logístico. El nuevo convenio sustituye los antiguos patrullajes armados en el trópico de Cochabamba por un soporte enfocado en la tecnología y la fiscalización del lavado de dinero, entre otros. Esta estructura técnica reinserta al país en los bloques de inteligencia hemisférica bajo un esquema de coordinación institucional que preservará las competencias legales y operativas del Estado, informó la Cancillería. El documento, suscrito el martes pasado por el canciller Fernando Aramayo y la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Debra Hevia, oficializa una transferencia de hasta 20 millones de dólares para luchar contra el narcotráfico. Los recursos económicos fortalecerán las capacidades institucionales de interdicción sin comprometer la autonomía territorial del Estado. La oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), una agencia dependiente del Departamento de Estado del país del norte, gestionará de manera directa el destino de estos fondos para el trabajo de las fuerzas del orden locales.  En la década de 1980  La era de la erradicación forzosa y la intervención armada se suscitó en las décadas de 1980 y 1990, la política antidroga de Bolivia dependió de los recursos y lineamientos de la administración estadounidense bajo la Ley 1008. En ese periodo, la presencia de la Administración de Control de Drogas (DEA) y el despliegue del Plan Dignidad (1997-2001) lograron la mayor reducción histórica de cultivos de coca, al registrar un descenso de 33.800 hectáreas a 7.900 hectáreas de cultivos del arbusto en el trópico de Cochabamba. No obstante, informes de organismos internacionales de derechos humanos documentaron que la estrategia de erradicación forzosa provocó enfrentamientos civiles recurrentes en las zonas productoras, así como denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y muertes atribuidas a las fuerzas de interdicción uniformadas, lo que fue repudiado.  Expulsión  La dinámica de interdicción cambió radicalmente en 2008, cuando el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, ordenó la expulsión de la DEA y suspendió los convenios operativos suscritos con Washington. A partir de ese hito, Bolivia implementó un modelo de “nacionalización” de la lucha contra el narcotráfico y control social de los cocales. De acuerdo con los datos históricos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodd), durante los años de ausencia de la agencia estadounidense, la Policía incrementó de forma sostenida los volúmenes anuales de incautación de pasta base y clorhidrato de cocaína en comparación con los registros de la década de 1990, aunque el país recibió la descertificación anual continua de la Casa Blanca.  Nuevo pacto  El nuevo marco normativo establecido por el actual Gobierno de Rodrigo Paz restablece el flujo de cooperación internacional mediante directrices.  La Cancillería precisó que el texto del acuerdo excluye el retorno operativo de agentes armados extranjeros o personal de la DEA a territorio nacional, y enfoca todas las acciones antidrogas en forma de asistencia técnica. El financiamiento se distribuye en componentes tales como el equipamiento policial, con la compra de tecnología de comunicación, sistemas informáticos y suministros tácticos para las unidades de investigación penal; vigilancia fronteriza, para el fortalecimiento técnico de los puestos de control limítrofes para detectar el desvío de precursores químicos; delitos financieros que tienen que ver con la capacitación técnica para la identificación de operaciones de lavado de activos. 

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Irán promete un contragolpe «más contundente» si EE.UU. vuelve a violar el alto el fuego

Sardar Mohebi, portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, acusó al Gobierno estadounidense de ser «poco confiable» y de actuar de manera «traicionera y engañosa». El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), Sardar Mohebi, advirtió que su país responderá con mayor dureza a Estados Unidos si este incumple sus acuerdos, según detalló en una entrevista con la agencia iraní SNN. Mohebi acusó al Gobierno estadounidense de ser «poco confiable» y de actuar de manera «traicionera y engañosa» durante las actuales rondas de negociaciones. Ante esta situación, garantizó que las Fuerzas Armadas iraníes no ignorarán ninguna provocación extranjera. «Si el enemigo vuelve a hacer trampa y viola el alto el fuego, responderemos con más contundencia que antes», afirmó Mohebi para dejar claro que están preparados frente a cualquier paso en falso de su adversario. Además, el vocero señaló que Teherán comprende a la perfección la naturaleza de su rival. Según explicó, consideran naturales estos movimientos temerarios, pero insistió en que contestarán a cada acción militar con total firmeza. «Hemos respondido a cada movimiento que el enemigo ha realizado en este sentido, y seguiremos haciéndolo», insistió.  Las declaraciones tienen lugar después de que el Mando Central de EE.UU. (Centcom) confirmara que sus fuerzas volvieron a bombardear Irán este viernes, alegando una respuesta al supuesto ataque perpetrado por las fuerzas iraníes contra un buque mercante que transitaba por Ormuz, lo que representaría una violación al cese al fuego acordado en el marco del memorando de entendimiento.

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