Argentina, 11 de junio de 2025. Tras la decisión de la Corte Suprema de Argentina que ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, el abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón, denunció que el fallo no responde a un proceso justo, sino a una maniobra de persecución política y judicial que busca silenciar a una figura clave del peronismo argentino.
A través de sus redes sociales, Dalbón sostuvo que la sentencia contra la actual presidenta del Partido Justicialista es el desenlace de un plan estructurado desde sectores del poder económico, mediático y judicial, que habría tenido como único fin impedir su regreso a la escena electoral. “No fue justicia, fue una emboscada”.
El abogado aseguró que la defensa impulsará la revisión de la condena a través del nuevo Código Procesal Penal Federal, que permite reabrir causas cuando organismos internacionales de derechos humanos advierten violaciones de garantías fundamentales. En ese sentido, explicó que el artículo 366, inciso f), de dicha norma, respalda esta posibilidad.
Además, anunció que presentarán el caso ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando una serie de irregularidades procesales, como la falta de imparcialidad de los tribunales, la inversión ilegítima de la carga de la prueba y el uso del sistema penal con fines de neutralización política.
Dalbón señaló que esta lucha legal no se limita a defender a Cristina Fernández, sino que apunta a proteger la democracia argentina. “Cuando el poder judicial se somete a los intereses reales para disciplinar a líderes políticos elegidos por el pueblo, no solo se proscribe a una persona, se mutila el sistema democrático”.
También recordó que la Constitución argentina y los tratados internacionales con jerarquía constitucional obligan a los jueces del país a garantizar el respeto de los derechos humanos, incluso por encima de la legislación nacional. En su opinión, el fallo vulnera principios básicos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y debe ser revertido.
“Vamos a dar pelea en cada tribunal, en cada instancia. No luchamos por impunidad, sino por garantías, por soberanía popular y por justicia”, sentenció.