Banco Unión aporta al desarrollo de Beni con $us 101 millones en créditos
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La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, hizo un llamado este miércoles a los medios y la sociedad civil para frenar la desinformación generada en el país. «La desinformación está afectando a la población boliviana. Esta semana con los medios de comunicación abordábamos éste tema y el aporte que tenemos que realizar desde el lugar que nos corresponde», señaló la autoridad. Bajo esa línea, Alcón aseguró que la desinformación circula en las redes sociales y, en muchos casos, es replicada por los medios. Recordó que generó confusión sobre las vacunas anticovid y, recientemente, contra la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra Ganancias Ilícitas. Las declaraciones surgieron en la Primera Edición de Abya Yala Noticias. El lunes pasado, la Viceministra se reunió con los directores de medios de comunicación para abordar los problemas de desinformación.
Foto: Agencia Boliviana de Información (ABI)
Beni celebra su efeméride con la entrega de viviendas Leer más »
John M. Ackerman (@JohnMAckerman) En un mundo cada vez más desigual e irracional, donde el capital financiero, las agencias de seguridad y las empresas trasnacionales arrasan con el planeta, la visita de Andrés Manuel López Obrador a la ONU fue como un vaso de agua fresca en el desierto. Con su intervención en el seno del Consejo de Seguridad, el Presidente mexicano demostró la enorme relevancia de la Cuarta Transformación, no solamente como un fenómeno nacional, sino también como un ejemplo global. Desde el primer momento de su discurso, López Obrador fijó los términos para el urgente debate internacional sobre el futuro de la humanidad. AMLO rechazó la costumbre de “hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar” y afirmó que, en realidad, “el principal obstáculo” para lograr la seguridad verdadera (tanto la humana como la social) es “la corrupción en todas sus expresiones”. López Obrador ofreció una definición expansiva de la corrupción que pone de cabeza la lógica burocrática y tecnocrática utilizada por las principales organizaciones internacionales. Planteó que la corrupción no solamente afecta al sector público, sino que, sobre todo, surge del abuso de poder por parte del sector privado, específicamente de “los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites; el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de pueblos y naciones”. López Obrador prosiguió: “Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos; es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales; y es corrupción, también, la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad.” Esta certera visión coincide con las teorías de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hoy de regreso a la UNAM como Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, quien desde hace años ha sido pionera en el desarrollo de una innovadora teoría de la “corrupción estructural” que rompe con los esquemas neoliberales, excesivamente burocráticos y culturalistas, para dar pie a un nuevo enfoque integral para combatir a la corrupción desde las raíces a partir de atender los factores políticos, sociales y económicas (véase https://bit.ly/3wMDBex y https://bit.ly/3HmAj6D). Pero no solamente el diagnóstico, sino también la propuesta de López Obrador sacudió conciencias en Nueva York. AMLO llamó a la ONU a “despertar de su letargo” y a actuar “con más protagonismo, con más liderazgo” para poner en acción un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar con el fin de “garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios”. López Obrador propone que las mil personas más adineradas y las mil corporaciones privadas más grandes del mundo contribuyan cada una 4 por ciento de sus fortunas. Adicionalmente, recomienda que cada uno de los países más ricos del “Grupo de los 20” done 0.2 por ciento de su PIB. Ello, dice López Obrador, generaría un fondo de un billón de dólares anuales que podría ser utilizado para paliar la pobreza y el hambre mundial por medio de transferencias directas, sin intermediarios, a los bolsillos de las poblaciones más marginadas, siguiendo el ejemplo de los programas sociales ya implementados en México. Ahora bien, López Obrador propone que estas contribuciones sean “voluntarias” y que la ONU incentive la realización de las donaciones humanitarias por medio de la emisión de “certificados de solidaridad”. Sin embargo, una forma mucho más efectiva para garantizar el cumplimiento del Plan Mundial propuesto sería a partir de la imposición de las contribuciones requeridas con la fuerza de la ley por medio de un gran acuerdo internacional a favor de una reforma fiscal integral. Desde México podríamos poner el ejemplo llevando a la práctica las propuestas de López Obrador. El Congreso de la Unión, que hoy cuenta con una mayoría de diputados y senadores aliados a la 4T, debería considerar implementar durante el próximo año un nuevo impuesto de 4% sobre el patrimonio de las personas morales y físicas más ricos del país, ello con el fin de aumentar los montos de las becas ya existentes para la población mexicana y también generar un fondo adicional para apoyar a los pobres en Centroamérica y el mundo entero. De esta manera, con la conversión de las palabras de AMLO en la ONU en hechos a nivel nacional, la Cuarta Transformación se convertiría de manera definitiva en un faro de esperanza no solamente para los mexicanos sino también para la humanidad entera. El autor es analista y Director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM. Texto retomado de La Jornada, 15 de noviembre del 2021.
Este viernes se vence el plazo establecido para que la Corte Constitucional de Colombia decida si descriminaliza el aborto en ese país suramericano, en medio de una fuerte campaña protagonizada por el movimiento feminista en contra de ley que criminaliza a las mujeres. La Corte compuesta por nueve magistrados tiene el tema en su mesa desde el pasado mes y sólo faltan dos días para que se pronuncie al respecto. Se necesitan al menos cinco votos a favor de la inconstitucionalidad de la norma para que se ejecute la correspondiente reforma al Código Penal. Hasta el momento se prevé, que votarán a favor José Fernando Reyes, Alejandro Linares, Alberto Rojas Ríos y José Lizarazo, y en contra Gloria Ortiz y Cristina Pardo, pero no se tiene certeza sobre la posición de Jorge Enrique Íbañez, Paola Meneses y Diana Fajardo. El artículo 122 del Código Penal de Colombia establece penas de uno a tres años de prisión para las mujeres que interrumpen de manera voluntaria sus embarazos, así como a quienes les ayuden a concretarlo, sin cumplir ninguna de las tres causales siguientes: que su vida corra peligro, por violación e incesto y por malformaciones del feto. En el marco de la campaña “14 por Colombia”, impulsada por el movimiento Causa Justa, iniciada desde abril de este año, para reclamar la despenalización total hasta 14 semanas de embarazo, las feministas difundieron en esta ocasión, una lista de 90 razones para despenalizar esta práctica. Las razones argumentads van desde la necesidad de entender que el debate sobre el aborto ha evolucionado, hasta el respeto a la autonomía reproductiva de la mujer, ya que todas las normas penales en su contra han sido dictadas por varones. Identificadas con pañuelos de color verde esta semana se aglutinaron en las calles y en las redes para presionar a los magistrados. Además, argumentan que en Colombia no existe el derecho a la vida del no nacido, como argumentan las organizaciones religiosas que quieren seguir criminalizando a las mujeres. La petición encuentra un respaldo en los recientes logros que sobre este tema se han obtenido en la región, como ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando el Congreso de Argentina legalizó el aborto. Nueve meses más tarde, la Suprema Corte de Justicia de México sorprendió al despenalizar esta práctica con el voto unánime de sus integrantes. Dos semanas después, la Cámara de Diputados de Chile también aprobó la despenalización, aunque todavía falta el aval del Senado. El informe “Criminalización por el delito de aborto en Colombia”, que Causa Justa realizó junto con la Universidad de Los Andes y la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres, reveló que hay 5.737 procesos por el delito de aborto en la Fiscalía General, y que en 450 ya se dictaron penas. Fuente: TelesurTv
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