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El pleno de la Cámara Alta analizará también la modificación de la Ley 612 para juicio de responsabilidades. 14 de diciembre de 2023 El pleno de la Cámara de Senadores determinó este miércoles conformar una comisión técnica jurídica para analizar el juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Además, se encomendó el trabajo para modificar la Ley 612 “Para el juzgamiento de la presidenta o presidente y/o de la vicepresidente o vicepresidente, de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Publico”. “Todas las intervenciones (de los senadores) han coincidido que se pueda convocar a una reunión urgente entre las tres fuerzas (políticas) y también la propuesta de conformar una comisión técnica jurídica y política. Yo sugeriría entre los jefes de bancada (y) entre ellos debería estar la senadora Silva Salame y el senador William Torres, para que se pueda analizar de manera inmediata las acciones de los consejeros y magistrados por la flagrante vulneración de la Constitución Política del Estado (CPE), la propuestas de modificación de la Ley 612 de juicio de responsabilidades y, por supuesto, el análisis y evaluación de juicio de responsabilidades”, señaló el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), en la sesión de este miércoles. El martes, el TCP emitió una resolución sobre la consulta de constitucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) referida al proyecto de Ley 144 sobre las elecciones judiciales, en la que dispuso la inconstitucionalidad por “conexitud” de varios artículos, por ser contrarios a la Constitución Política del Estado. También estableció “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Agroambiental (TA) apoyaron el fallo que dispuso la prórroga. Indicaron que esa determinación “evita la ruptura institucional y la generación de un vacío de poder”. Fuente La Razón – BORIS GÓNGORA

Con el antecedente de divergencias pasadas respecto de los procedimientos de convocatoria a los comicios, la Asamblea Legislativa debe superar un nuevo escollo 14 de diciembre de 2023 Declarada la prórroga de mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la Asamblea Legislativa enfrenta el dilema de apurar las elecciones judiciales o enjuiciar a los miembros del TCP. Otra vez las posiciones se encontraron entre la oposición y el oficialismo arcista y evista ahora en torno a la declaración del TCP conocida el martes en una conferencia de prensa en Sucre. El TCP emitió la Declaración Constitucional 049/2023, con la que dictó la prórroga de mandato de 23 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y el propio TCP, además de tres miembros del Consejo de la Magistratura a partir del 3 de enero, cuando sea inaugurado, como es habitual, el Año Judicial. Dichas autoridades deberían terminar su mandato constitucional de seis años a finales de año, pero seguirán en sus funciones mientras haya magistrados y consejeros sustitutos emergentes del voto popular. Fueron electos en diciembre de 2017 y tomaron posesión el 3 de enero de 2018. Elecciones El TCP se pronunció sobre una consulta de control de constitucionalidad del Proyecto de Ley 144, de convocatoria de comicios, aprobada el 31 agosto en la Cámara de Senadores. La consulta había sido presentada el 20 de septiembre por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que a su vez la recibió de la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados el 7 de septiembre. Debido a la lenidad del tratamiento de la consulta en el TCP, el viernes, las tres bancadas de la Asamblea Legislativa conminaron a dicho tribunal a emitir su posición en 72 horas, hasta el lunes. Esa tarde, el ministro de Justicia, Iván Lima, había anunciado que el TCP iba a hacer conocer su decisión al final del día. En conversatorio con Piedra, Papel y Tinta, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Saúl Lara anunció que la decisión de su alianza sobre la declaración del TCP es propiciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados de dicho tribunal. “Estos caballeros están cometiendo un delito a partir del 1 de enero de 2024; pueden ser susceptibles a una acción penal”, advirtió. Consideró que el TCP “no tiene las atribuciones y competencias para asumir la decisión que asumió”, que es inconstitucional. “Quien ejerce funciones que no le competen, asume delitos”, insistió el legislador de CC. En el mismo foro, el senador Rubén Gutiérrez, del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que la prioridad ahora es la discusión legislativa con el objetivo de reencauzar las elecciones judiciales, suspendidas de forma sistemática desde abril. Dato A raíz de sendos recursos ante una sala constitucional de Beni, por parte del ciudadano Miguel Ángel Balcázar, y ante el TCP, por parte del diputado de Creemos Leonardo Ayala, las elecciones judiciales no fueron posibles este año y fueron postergadas sin fecha debido a esa situación y la consulta recientemente absuelta. “¿Quién puede estar contento y aplaudir ese tipo de fallos? Nadie”, dijo Gutiérrez sobre la Declaración 049/2023 del TCP. EL senador afirmó que esa decisión causa “indignación y preocupación”, aunque cuestionó que se estén “buscando culpables de todo” en el caso de la prórroga.  Sin embargo, Gutiérrez consideró que “la esencia misma de la democracia tiene que ver con el cumplimiento de las atribuciones”. En suma, planteó la necesidad de acatar la declaración. Lara expresó sus discrepancias con su colega legislador. No puedo estar de acuerdo, por mandato de la artículo 200 de la Constitución, con la prórroga”, dijo. “La solución debe pasar por un gran acuerdo político”, propuso. La Asamblea Legislativa ya estuvo conflictuada con la convocatoria a elecciones debido a las discrepancias partidarias. En su fallo del 31 de julio, sobre el recurso de Ayala, el TCP obligó también a dicho órgano a aprobar todo el proceso electoral con dos tercios de votos, proporción complicada debido a las crisis internas. Fuente La Razón – RUBÉN ATAHUICHI