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El comisionado de la CIDH y relator de país para Bolivia está de visita en el país en el marco del primer informe de la Mesa de Seguimiento de las Recomendaciones del GIEI Bolivia (Meseg) 14 de diciembre de 2023 José Luis Caballero, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator de país para Bolivia, expuso ayer el primer informe de la Mesa de Seguimiento de las Recomendaciones del GIEI Bolivia (Meseg). La investigación del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), sobre la vulneración de derechos humanos en la crisis de fines de 2019, emitió 36 recomendaciones. Caballero remarcó que el Estado cumplió plenamente cuatro de las 15 recomendaciones analizadas en este primer informe de seguimiento, lo que incluye el inciso 2 de la recomendación 16. Las 21 sugerencias restantes serán revisadas en un siguiente informe del Meseg. El comisionado atendió a La Razón y señaló que hay un buen progreso, aunque demandó ahora un avance “más de fondo”. — Habló del cumplimiento pleno de casi cuatro recomendaciones, ¿cómo califica este avance a casi dos años del Meseg? — Es una base importante, donde el Estado ha estado abierto al diálogo siempre, con un tono de apertura y un interés en el cumplimiento de las recomendaciones. Y al mismo tiempo sí requerimos ir a más. Hay otras recomendaciones, bastantes, casi todas calificadas de cumplimiento parcial. Entonces, lo que estamos entendiendo es que el Estado sí tiene que avanzar. Ha expedido un plan de reparaciones (para las víctimas) que saludamos, pero hay que implementarlo. Hay que entender que en la medida que se haga un censo puntual, la política pública al respecto, va a ser mucho más eficiente cumplir con esa recomendación, que es visibilizar a todas y cada una de las víctimas. Y entendemos también que el Estado, en este cumplimiento, tiene que trabajar en cooperación de todas las instancias estatales. No podemos mirar al Estado como el Ejecutivo y las intenciones del Ejecutivo, también tienen que comprometerse la Fiscalía, los tribunales, el Legislativo, para expedir el marco normativo que haga posible la política pública.  Entendemos así el informe del GIE, como un informe dirigido al Estado Plurinacional de Bolivia. Creo que en esto hay una oportunidad muy importante. Tenemos un avance y lo saludamos, lo consideramos, ha sido muy atenta la autoridad, pero tenemos que ir a más, avanzar más de fondo, que los tipos penales se adecuen, etcétera; con más amplitud, para que llegue esto a todas las víctimas — Cuatro de 36 parece poco… — Es la pregunta que quisiera que pudiéramos compartir. Es gradual la medida de cumplimiento y hay un año. La comisión está verificando el cumplimiento en muchas recomendaciones y las cuatro de las que hablé son de manera absoluta. Claro, tiene que ver con la gradualidad el cumplimiento que la comisión saludó, atendió y expresó el reconocimiento. El informe viene en este sentido. El proceso de diálogo que tenemos con este año, con lo que viene en la etapa de las reformas estructurales (planteadas por el GIEI) es consecuente con esta gradualidad. La CIDH no espera que de una y por todas se cumplan de manera absoluta. Quiero ser muy enfático, no es el todo o nada, no son cuatro de 36 en la totalidad, son cuatro de manera absoluta y total, ya calificadas así por la comisión. Por ejemplo, el plan de reparaciones, ya se expidió el plan, ahora hay que implementarlo; sí se avanzó, pero sí falta. Un mecanismo contra la tortura se avanzó. Los procesos penales se avanzó, pero falta. La gradualidad del cumplimiento de las recomendaciones es un tema muy importante. La gradualidad permite a la comisión, saludar, visibilizar pero también impulsar, exhortar (a su cumplimiento). GIEI — Se habló de dos años de vigencia del Meseg, el Gobierno boliviano habló de pedir una extensión para cumplir precisamente las recomendaciones emitidas por el GIEI. — Sí, nosotros lo estamos también viendo así… — ¿Ya hubo una solicitud oficial del Gobierno boliviano? — No, todavía, es parte de las conversaciones que tenemos. — Pero la Meseg ve preponderante una ampliación… — Claro que sí, sobre todo considerando todo este tema estructural que viene después, como una reforma al Poder Judicial; el acompañamiento en las reformas estructurales es muy importante. — ¿Cuáles son las trabas para un mayor avance? Usted habló que, por ejemplo, que se precisa un mayor involucramiento de los otros poderes del Estado. — Esa es una de las trabas. Mayor involucramiento en otros poderes además del Ejecutivo, yo veía eso, porque a veces el terreno legislativo puede ser que permita la operatividad de la política pública, pero creo que es uno de los grandes desafíos. Y también una implementación de la política pública, de las reparaciones a las víctimas; con lo que ya está, ahora creo que sí tenemos que avanzar. — Aparte de la reparación a las víctimas, las investigaciones y los procesos judiciales son clave, ¿cómo ve este avance en judicial en medio de un ambiente de polarización política y de críticas y crisis de la Justicia? — Una de las recomendaciones de cumplimiento total fue desestimar todo el tema de la prescripción de la violación de derechos humanos y de la amnistía, ese no es solo un tema de justicia, sino son normas imperativas del derecho internacional, de alta jurisprudencia en materia de derechos humanos en los organismos internacionales; esa es una de las recomendaciones cumplidas. Y en ese sentido, se ha trabajado para llevar (a la Justicia) a las personas que han cometido violaciones a derechos y que han perpetrado crímenes. Hay que avanzar más en los procesos, con todas las personas que han estado involucradas. Eso es muy importante, mandos civiles, mandos militares, etcétera. Y lo vemos como un avance en alguna medida, pero es un desafío fuerte. — ¿Cómo califica el progreso en los cambios sugeridos en las Fuerzas Armadas y la Policía? — Son dos actores fundamentales que tienen que estar incorporados en este mecanismo, en

La decisión de prorrogar el mandato de los magistrados y consejeros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura recibió el apoyo de autoridades del Gobierno y los legisladores oficialistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) que consideran que la medida está acorde a la Constitución Política del Estado (CPE). Citaron además como antecedente la ampliación del mandato de la expresidenta Jeanine Áñez, legisladores y autoridades subnacionales en 2020-2021. En tanto, la oposición y los evistas promueven acciones para plantear un juicio de responsabilidades contra de las autoridades del TCP. Los magistrados debían finalizar su mandato el 31 de diciembre, pero continuarán en sus cargos indefinidamente hasta que se realicen las elecciones judiciales por un fallo emitido el martes por el TCP. El procurador general del Estado, César Siles Bazán, explicó que, tras revisar y evaluar la declaración constitucional, concluyó que se enmarca en la CPE. “Esta declaración constitucional se basó en la aplicación de varios principios: funcionalidad o funcionamiento del Estado. Bolivia tiene cuatro órganos del Estado que funcionan simultáneamente, no puede existir un vacío de poder, los cuatro deben seguir funcionando, independientemente del cumplimiento del mandato de las autoridades”, dijo. Agregó que “un dato adicional es que el TCP basa su fallo en discusiones que hubo en la Asamblea Constituyente al momento de aplicar los artículos de la Constitución”. “Finalmente, el TCP hace mención a una anterior ley a través de la cual el Órgano Legislativo, en este caso, salió en auxilio de otros órganos del Estado prorrogando el mandato tanto legisladores como personeros del Ejecutivo”, afirmó. De manera coincidente, el ministro de Justicia, IvánLima Magne, durante la presentación del informe de la CIDH, mencionó un periodo de transición que se da en los órganos del Estado en un momento en el que la CPE y la democracia deben prevalecer sobre cualquier tipo de interés. “Una sociedad como la boliviana. que es profundamente respetuosa de su CPE, exige que los cuatro órganos del Estado funcionen simultáneamente y permanentemente”, sostuvo. Los asambleístas nacionales arcistas sostienen que son respetuosos de las decisiones de otro órgano del Estado y que lo que resta es poner en ejecución la exhortación del TCP y llevar adelante el proceso de preselección de los candidatos a las altas esferas judiciales. Defienden al Órgano Judicial Tras los cuestionamientos por la “autoprórroga” de los magistrados, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, negó que haya “actitudes delincuenciales” de manera corporativa; dijo que pueden existir casos que deben ser denunciados de manera concreta. Torres respondió así a una pregunta periodística respecto a si los magistrados tenían los méritos para continuar en el cargo en un contexto donde se acusa a la Justicia de sometimiento político. Evistas y oposición crean una comisión para juicio En la Cámara de Senadores se conformó una comisión técnica para definir un juicio de responsabilidades contra el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, a través de un fallo, definió la prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial. La senadora disidente de la Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame explicó a la ANF que esta comisión tendrá dos componentes: el primero es la reunión de los jefes de bancada de las tres fuerzas partidarias en el Senado, posteriormente se convocará a los expertos para que se trace la ruta de las acciones legales que asumirán. “Se ha conformado una comisión técnica, y los jefes y subjefes de bancada se están reuniendo con el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, para evaluar los efectos jurídicos de la declaración que emitió el TCP. Seguramente en esta reunión se definirá el juicio de responsabilidades, pero eso debe ser evaluado”, dijo la legisladora. Esta propuesta surgió durante la sesión del pleno de la Cámara de Senadores, donde los diferentes parlamentarios plantearon que se impulse un juicio de responsabilidades contra los magistrados, por el fallo que vulnera la Constitución Política del Estado. Creemos, CC y los “evistas” respaldaron la creación de la comisión. Fuente Los Tiempos