Opinión

Mil días de Bolsonaro en el poder

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María Constanza Costa Jair Bolsonaro cumplió mil días en el poder y desde ese enero de 2018 cuando asumió la presidencia la región todavía se pregunta: ¿Cómo puede Brasil estar gobernada por un personaje de estas características? Bolsonaro llegó a los mil días debilitado, con una agenda de problemas a resolver y con su imagen positiva por el piso. Quizás por eso el mayor exponente de la ultraderecha en América Latina tiene un discurso cada vez más radicalizado y ha optado solamente por hablarle a los propios, a ese 15% de los brasileños, que todavía se sienten identificados por el modelo de país, por las ideas y por el discurso que representa el presidente. En septiembre pasado, Bolsonaro hizo una apuesta fuerte a la movilización en respaldo a su figura y a sus medidas de gobierno. En sus cálculos políticos las manifestaciones iban a servir para recuperar iniciativa y para poder pisar el acelerador en sus ataques al poder judicial, al sistema electoral y a la oposición. Pero, con excepción de São Paulo, la cantidad de gente fue menor de lo que él suponía y el baño de masas esperado resultó un fracaso. El entusiasmo inicial que despertó el presidente entre sus votantes se desinfló con el tiempo. La mala gestión de la pandemia, el crecimiento de la pobreza con el fantasma del hambre que regresa, el deterioro de las instituciones democráticas y el aislamiento internacional del gigante sudamericano son sólo algunas de las cuestiones que explican ese desgaste y la pérdida de apoyo. Desde que comenzó la pandemia, en Brasil ya se han registrado más de 21 millones de contagios y más de 598.000 muertos. Bolsonaro es uno de los líderes mundiales más cuestionados por su gestión del covid-19, esto desató una investigación en el Congreso. Algunos de los testimonios frente a esta Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), ya demostraron que hubo irregularidades en la gestión del gobierno. Uno de los casos que más complica a Bolsonaro es de las supuestas irregularidades en un contrato de compra de la vacuna india Covaxin, que nunca se llegó a concretar. La Corte Suprema abrió una investigación formal por el delito de prevaricato, con el argumento de que el presidente estaba enterado y no denunció lo que estaba sucediendo. A esto se sumo un pedido de impeachment en el Congreso, por parte de partidos políticos opositores que por el momento no prospera. Además, organismos de DD.HH como Amnistía Internacional catalogaron la negación, la omisión de datos y la falta de asistencia a los profesionales de la salud en medio de la crisis sanitaria y económica del país, como una violación a los derechos humanos. La pandemia tuvo efectos sociales devastadores. Hace algunos días una investigación periodística documentó las “filas del hambre”: en varias ciudades importantes del país, Río de Janeiro, entre ellas, se multiplican las personas en las puertas de las carnicerías que buscan los descartes de los huesos y las grasas. Entre 2018 y 2020 el número de personas que sufría inseguridad alimentaria grave en Brasil ascendió de 10,3 millones a 19,1 millones, en un país donde casi el 13 por ciento de la población, es decir, cerca de 27 millones de habitantes, están debajo de la línea de pobreza, y de esos 15 millones cayeron en la pobreza extrema (Fundación Getulio Vargas para el Diario Página 12). Todo esto se agrava por el hecho de que la canasta básica experimentó un aumento promedio de 30 por ciento en el último año, esto se sumó a la ya elevada inflación general. Un mapa desolador si se tiene en cuenta que, durante la presidencia de Lula, entre 2003 y 2010, alrededor de 30 millones de brasileños se elevaron por encima del umbral de la pobreza y se sumaron a la economía de mercado. Fue justamente esa lucha contra el hambre, uno de los pilares que permitió a Brasil tener reconocimiento internacional, hoy eso es historia. La imagen del gigante sudamericano se ha degradado, el gobierno de Bolsonaro está ubicado del lado de aquellos que fomentan las prácticas antidemocráticas como el expresidente Donald Trump o el húngaro Victor Orbán. El país no toma seriamente ninguna iniciativa multilateral e incluso tiene relaciones tensas con sus socios regionales. En síntesis, en sus mil días Bolsonaro ni siquiera han podido cumplir con las expectativas de quienes lo votaron. En el largo camino hacia las elecciones del 2022 habrá que ver hasta qué punto los sectores de poder que lo ayudaron a llegar a la presidencia lo siguen apoyando. La autora es argentina, politóloga y magister en periodismo.

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“BRASIL: TIERRA INDÍGENA”: La lucha de los indígenas brasileños en contra del Marco Temporal

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Chryslen Mayra Barbosa Gonçalves Brasil es un país latinoamericano con una extensión de tierras continental, su estructura política es la República Federativa subdividida en 27 unidades federativas – 26 estados y el distrito federal que se localiza en Brasilia. El Brasil tiene más de 300 pueblos, con una media de 270 lenguas indígenas, localizados en las distintas vegetaciones existentes en el país: Amazonía, Pantanal, Mata Atlántica, Cerrado, Caatinga y Pampa. Desde 2019, el gobierno antiindígena de Jair Bolsonaro violenta discursivamente y por medio de proyectos de ley contra los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales. Desde las últimas semanas de agosto muchos indígenas están en un campamento en la capital de Brasil (Brasilia). El Campamento Lucha por la Vida tiene cerca de 6.000 indígenas de muchas etnias en lucha contra el Marco Temporal, decisión jurídica que puede afectar el derecho de existir de muchas tierras indígenas y que será votada en el Congreso Nacional de Brasil en el Proyecto de Ley 490/2007. Según la tesis del Marco Temporal, las únicas tierras indígenas que tienen la posibilidad de ser demarcadas son las ya ocupadas hasta la promulgación de la Constitución de la República Brasilera, en la fecha 05 de octubre de 1988, o las tierras que una población hubiera sido expulsada violentamente, pero eso debería ser probado jurídicamente para el legislativo brasileño que, hoy, son los representantes del agrobusiness y de la minería, quienes están en contra de las agendas de los pueblos indígenas por los intereses económicos en sus tierras. El mismo Bolsonaro ya demostró en muchos pronunciamientos el interés en desarrollar la minería en tierras indígenas. Más allá de eso, es casi imposible comprobar prácticas de violencia históricas en contra de los pueblos indígenas en los términos de la ley, puesto que la ley brasileña es muy deficiente en el tema de los indígenas y porqué la misma élite de la agroindustria son los que ocupan las sillas del Congreso Brasileño. El campamento Lucha por la Vida en contra del Marco Temporal es una demanda no solo para los pueblos indígenas, sino en contra del exterminio de la Madre Naturaleza y por la vida de todos y todas nosotras. Como propone Capiberibe y Bonilla (2021), hay una gran diferencia entre la mirada de la tierra como un recurso, una riqueza natural pasible de ser explotada, y la relación entre los indígenas y sus territorios en cuanto seres vivientes. Esto rompe con las estructuras coloniales aún presentes en la legislación brasileña y nos muestra un camino distinto a la explotación de la tierra y a las quemas provocadas y animadas por seguidores de Jair Bolsonaro. La propuesta de los indígenas que ocupan la capital brasileña nos afecta a todos, brasileños o no, la lucha por la vida de la tierra, de la Amazonía, de los territorios indígenas o no, es una lucha por la vida colectiva del planeta, es una lucha en contra de la “caída del cielo” – como propone David Kopenawa, indígena del pueblo yanomami – provocada por la ganancia de las élites que controlan nuestros territorios, nuestros cuerpos y nuestras vidas. La autora es antropóloga. Correo: chryslenmayra@hotmail.com

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La vitrina

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Amalia Canedo La vitrina es un espacio de reflexión acerca de mi cotidiano y mi vida citadina en Cochabamba. Parte de una constante que los últimos meses me vino taladrando la cabeza – ¿alguna vez pensaste como era observar desde adentro? – . En mi constante búsqueda de espacios que me inspiren a proponer escenarios de encuentro con lo habitual, me fui sumergiendo en las dudas del porque la cultura sigue conservando rasgos de conservadurismo occidental sobre los conceptos de qué es y no es cultura del porque algunos tenemos el privilegio de poder transitarla desde las utopías del arte. Claro no es algo novedoso que, en las sociedades latinoamericanas y principalmente en Bolivia, ha sido siempre un privilegio de clase desarrollarse como trabajador cultural y que los trabajadores culturales han pertenecido siempre a espacios de desarrollo académico o, en mi caso, han podido tener diversas opciones y decidieron desarrollarse en sus pasiones. La consideración a raja tabla de los conceptos de cultura son siempre desmerecedores y cerrados en nuestra compleja realidad pluricultural boliviana, considerando que Bolivia es un Estado Plurinacional y que alberga en su constitución 36 nacionalidades concebidas dentro de un sistema de gobierno que se plantea plural e inclusivo, pero que en su práctica sigue teniendo visiones encontradas. Ahí nadamos, nos ahogamos y seguimos saliendo a flote para construir un país con una crisis profunda de identidad en la que la construcción de un presente que salvaguarda “su cultura” es difícil. Una Bolivia que se construye sobre los miedos, las pasiones y la falta de políticas públicas inclusivas en cultura , la ceguera nuestra y de una sociedad en constante crisis de identidad , de racismo , de machismo y de clasismo se va entretejiendo el cotidiano boliviano – ¿somos capaces de cuestionarnos está realidad? – ¿la aceptamos? -. La vitrina me permite construir un espacio donde me cuestione todo lo que voy escuchando o mirando en mi vida, en la calle cuando camino, en los teatros y bares cuando estoy trabajando, en esta constante de seguir construyendo en torno a la gestión de proyectos, espacios culturales y artistas, siempre trato de mirar con ojos de duda todo lo que está a mi alrededor- por supuesto no siempre tengo la respuesta , capaz toda mi ruta será transitar dudando este camino que oscila entre el entregar una propuesta que me conflictue y me permita aprender un segundo más sobre todo este universo llamado Bolivia , otras el proceso es más para enriquecer de belleza y ocio este cotidiano que todo el tiempo está como una bomba de tiempo a punto de explotar y tirarnos a todos al vacio. La vitrina está ahí para que, a través del reflejo del vidrio, pueda mirarme, pueda mirar al frente cómo pasan los días y cómo la vida transcurre en ese baile de entender que la cultura es lo que decimos, lo que soñamos; es ese pasado, ese presente y el futuro. Contemplar el valor de las palabras que hacen el preámbulo de nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia : “ ..Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos” – es lo que no siempre está presente en nuestro diario vivir como bolivianos. La autora es gestora cultural (de alasitas).

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Regionalizar el MAS

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Luciana Jáuregui J. Tras la crisis de 2019, la recomposición del escenario político se ha producido en clave regional. Si bien es claro que el control territorial continúa siendo el puntal del MAS, su predominio nacional no se ha traducido en una distribución de poder homogéneo. Los clivajes oriente/occidente y urbano/rural son las fronteras más relevantes, que paralizaron su expansión territorial emprendida desde el 2009. Sobre este mapa, zonas metropolitanas intermedias, como El Alto, Quillacollo, Sacaba, etc., se convirtieron en los verdaderos escenarios de disputa, capaces de definir la balanza de fuerzas, ya sea a favor del MAS como en las elecciones nacionales o de la oposición, como en las elecciones subnacionales de 2021. Claro, está dentro de dinámicas locales propias. Lo cierto es que la configuración territorial de la lucha política, muchas veces, se obnubila bajo el discurso de la polarización. No porque esta no exista, sino porque se sostiene precisamente en una determinada distribución geopolítica. Uno de los problemas fundamentes de no complejizar el análisis de la polarización es precisamente asumir que las regiones no comportan una dinámica propia y que se subordinan a las luchas nacionales. Es claro que el polo cruceño se juega su proyección nacional precisamente desde el ámbito regional, pero existe un tejido social que lo sostiene y posibilita, que el MAS no ha sabido descifrar. Algo que puede replicarse en el caso cochabambino, donde ahora mismo se juega la continuidad de Manfred Reyes Villa. Los intentos recientes por parte de la oligarquía cruceña de subsumir a la marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas a su movimiento, buscan revitalizar el paraguas regional como bandera de lucha. La cuestión es pensar cuáles son los puntos nodales de esa articulación, que la convierten en una idea-fuerza con capacidad efectiva de interpelación y movilización en Santa Cruz. Sabemos ya que el discurso del “cruceñismo” se basa en vincular las demandas de descentralización con los intereses de las oligarquías tradicionales y que esa es la naturaleza última de su proyecto político. Pero no hay que aceptar la homología región-oligarquía, es necesario entrar a disputar el campo semántico que le da sentido. En las últimas dos coyunturas políticas críticas, de 2009 y 2019, las regiones fueron el escenario de oportunidad de una élite incapaz de competir electoralmente a nivel nacional. Su éxito local se debió a un discurso que combina la oposición al centralismo, con la democracia liberal y la defensa de la república blancoide, viabilizado a su vez por liderazgos caudillistas, como el de Costas y de Camacho. Lo cierto es que la “cruceñidad” sigue siendo el paraguas que vincula a las élites locales con los sectores medios y populares. La “cruceñidad” es como la nación, un dispositivo que conjuga población, cultura y territorio. La cuestión está dotarle a la identidad regional y a la demanda de poder local un sentido progresista, articulándola con los sectores populares cambas y con los pueblos indígenas de tierras bajas. Para eso el MAS tendría que (re)construirse desde lo local, cerrar las fisuras subalternas abiertas, construir liderazgos desde abajo y, sobre todo, intersectar con los discursos del “cruceñismo”, de modo que la región pueda ser popular, la “patria” indígena y la democracia social. Y lo mismo vale preguntarse para el nivel municipal. El dilema del MAS es que se constituyó sobre estructuras territoriales, sindicales y comunitarias, asentadas en los valles cochabambinos y en la zona andina. Eso le alcanzó para asirse nacional, pero no para implantar “nacionalmente” su proyecto político. La centralización interna del partido tampoco contribuyó a dinamizar los vínculos territoriales ni a absorber como suyas las demandas regionales ni a generar liderazgos con identidad propia. Al contrario, si se escudriña en el desempeño de los gobiernos locales oficialistas, hay un intento de trasplantar la “Agenda Patriótica 2020-2025” sin consideración a los contextos particulares. Y no solo respecto a la gestión ejecutiva, sino a la representación y afirmación identitaria. Lo mismo sucedió en las elecciones subnacionales, cuando se erigió un solo centro de poder y una sola directriz para contiendas diferenciadas. Algunas veces, se suele creer desde la izquierda que todo lo que no tenga que ver con la clase es “epifenómeno”, pero en realidad la clase misma es un proceso activo y hay cualidades particularmente específicas de las formaciones de clase. La región es sin duda una de ellas. La clausura regional en el MAS no hace sino acentuar el andinocentrismo, profundizar la incomprensión y el alejamiento de los pueblos indígenas de tierras bajas y abonar un terreno fértil para el potenciamiento de la derecha. En suma, así como no hay posibilidad alguna para la oligarquía cruceña de trascender a nivel nacional si no asume al sujeto andino e indígena, tampoco la hay para el MAS si no encara la cuestión local. Lo que está pasando hoy es que son los grupos dominantes los que le están dando contenido social, cultural y, sobre todo, político a las identidades regionales, por lo que una de las tareas fundamentales para avanzar en la “guerra de posiciones”, como diría Gramsci, es regionalizar el MAS. La autora es socióloga.

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“Noviembrismo”, de Jorge Richter

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Susana Bejarano El texto que acaba de publicar Jorge Richter, “Noviembrismo”, habla de la ruptura antidemocrática de 2019, de sus autores y características. El prólogo se le debe al expresidente uruguayo José Mújica, célebre por tantas razones en los círculos de la izquierda continental. Mujica dice del texto que este debería leerse en toda la región, porque lo que pasó en Bolivia fue una muestra de cómo ciertos intereses supranacionales interesados en beneficiar a las élites de cada país activan todo tipo de mecanismos para devolverles el poder cuando éste ha pasado a manos de los sectores populares. En la lectura de Mujica de “Noviembrismo” salta algo sistemáticamente negado en nuestro país: la crueldad del racismo. El expresidente nos recuerda que, a lo largo de la historia, los pueblos indígenas que querían sobrevivir tuvieron que camuflarse. Una de las formas de exterminio de estos pueblos ha sido un modelo de sociedad que exigía a sus componentes anular lo indígena que existe en ellos mismos. Y que para lograrlo recurría a prácticas de animalización, ridiculización y negación de lo indígena y del mundo popular. Mujica también encuentra que el libro de Jorge Richter denuncia las formas en las que actúan las derechas de la región para dar golpes de Estado. “Noviembrismo” se presentó primero en La Paz. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé estuvo en la presentación, algo que me pareció simbólico, pues permitía comparar la presidencia de Rodríguez, también surgida en un momento de emergencia, y la de Jeanine Añez. ¡Qué gran diferencia! Rodríguez explicó que el libro reflejaba la ruptura del orden constitucional, el corte en el proceso institucional, pero también algo peor: el fracaso de nuestra democracia. El texto de Jorge Richter está compuesto por una serie de artículos, reflexiones y ensayos articulados en orden cronológico, pero que pueden leerse de la forma en que una quiera. Es un texto difícil de leer, pero no por su escritura, que más bien es muy limpia y atrapante, sino porque resulta doloroso. Jorge muestra en su texto cómo la democracia de nuestro país fue siempre frágil, la tensión constante entre el mundo popular y unas élites que, si no terminan electoralmente vencedoras, usan una serie de mecanismos extralegales para volver al poder, para derrotar, para pisar a quien ellos entienden como subalternos. La verdad está en disputa. Las tecnologías nos han dado la posibilidad de recibir todo tipo de información al instante, pero esa velocidad nos está impidiendo reflexionar sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Las nuevas tecnologías nos dan verdades enlatadas, que preparan los que están al otro lado de las pantallas. El libro de Jorge es una invitación a dudar, a debatir. También sirve a sus lectores para nutrirse de argumentos, tanto teóricos de la ciencia política como preceptivos de la historia del país, para dar la batalla ideológica. Se puede echar mano de cualquiera de los artículos del texto y cada uno de ellos ayuda a comprender que el golpe de Estado de noviembre del 2019 tiene una raíz antigua… en la debilidad de nuestra democracia y nuestras instituciones; en una élite política conservadora que entiende este país como si fuera su hacienda y no está dispuesta a renunciar a sus privilegios, que ni siquiera está dispuesta a compartirlos. El ‘noviembrismo’ no es otra cosa que esa élite en acción, que –encabezada por Añez y consciente de que lo que estaba haciendo– rompió el orden constitucional de nuestro país y usó el poder para el latrocinio. Richter lo sostiene en varios de los artículos del libro. Detrás de esta acción no había ninguna otra idea de país que la deconstrucción del Estado Plurinacional, para ser sustituido por la nada. El objetivo era restarle al indígena y al movimiento popular agencia política, para evitar su contestación y garantizar su disfrute venal del poder. Richter muestra qué tipo de democracia es la que propone este grupo: la democracia desconocida, que significaba la muerte de bolivianos que habían salido a manifestarse, la prórroga de las elecciones, el encarcelamiento de los adversarios. Una “democracia” que prescindió de los votos y de las instituciones estatales. Una “democracia” privatizada. El texto también se ocupa de las razones por las que el MAS ganó las elecciones del 18 de octubre de 2020. Son varias, pero la central es el carácter de una derecha vacía, sin ningún tipo de propuesta nacional, que no se da por enterada de dónde vive. Este es un documento valioso para la historia contemporánea, que pone un freno a las narrativas instaladas por la corporación mediática. Por último, quiero resaltar la valentía de Jorge. Sus artículos fueron publicados en 2020, desde la oposición y cuando era muy difícil emitir una palabra en contra de la efímera hegemonía del ‘noviembrismo’. Cuando la respuesta a las ideas eran los insultos, las amenazas, los procesos judiciales… Fue entonces y no en otro momento que Jorge habló, que no se calló. Su texto, entonces, tiene otro valor además del académico. Es un testimonio de valor y honestidad intelectual. La autora es politóloga.

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Defender a los pobres no te convierte en comunista

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Jorge Richter Ramírez Volvían a su patria, varios perdieron sus frágiles trabajos en Chile a causa de la pandemia. Eran gente en situación de urgencia, necesitados de apoyo en su retorno. No se les permitió el ingreso y fueron enviados a un campamento habilitado con carpas para cumplir su cuarentena. Les otorgaron así una condición, caritativa y de favor, de recibirlos en su propio país. Fueron un estorbo que había que mantener, indisimuladamente, en la marginalidad urbana. Nadie los fue a recibir. En el mismo tiempo, pero ya en la ciudad, el empresariado privado reunió 22 millones de bolivianos, diseñó un descomunal cheque de metro y medio y empezó el festín comunicacional y propagandístico que relieve el compromiso social de este grupo económico. Allí sí la presidenta estuvo con ellos, llegó hasta con unos minutos de anticipación. En los últimos días, el Papa Francisco acaba de pronunciar unas palabras que pocos recogen: “Defender a los pobres no te convierte en comunista, en la defensa de los pobres está la esencia del Evangelio”. Bolivia vive un momento en el cual, amparar a los pobres, a los necesitados y urgidos en la desgracia te convierte, inmediatamente, en actor político, en un masista irredento, sedicioso y subversivo, alguien que en el desprecio que alguna sociedad le construye, no es digno ni del pan de cada día. Expresión de la polarización forzada, con ellos o a mi lado. Sin espacio a terceras posiciones. ¿Dónde principia conducta tan infame de quienes observan a sus semejantes con desprecio y desagrado? Nuestros pobres caminan entre nosotros, pero a la sola intención de pedir por la posibilidad de comer con algo de dignidad son querellados. En algo que ya se torna habitual, escuchan desde el poder y sectores de la clase bien, voces que los asocian con lo salvaje, lo delincuencial, es en ellos que quieren encontrar la síntesis de todos los vicios que perturban la sociedad. No obstante, son excusa permanente para lo político, lo electoral, la retórica y los gastos de planes sociales que pocas veces concluyen en destino. La nueva peste moderna nos acorrala y la responsabilidad acá también es de ellos, su incivilizada desobediencia -dicen- es la que nos expone. Los sectores humildes salen en portadas de medios de comunicación, los estigmatizan, inculpan, “tenemos gente que no entiende” se escucha decir desde el poder. Vemos pobres con dificultad, con asfixia económica que les imposibilita vivir merecidamente en lo que cada jornada demanda, sectores que día tras día pierden algo más de su menguada dignidad, que se enfrentan a la pandemia con un miedo silencioso, obligado por la disyuntiva de elegir entre poder alimentarse y el riesgo de terminar en una cárcel por quebrar la disposición gubernamental. A momentos piden, expresan su dolor, gritan su necesidad, pero no los ven, son imperceptibles al poder y la sociedad bien. Esta realidad escondida es demasiado grande. Son miles, contenidos en la periferia, esas zonas de rebeldes cuando su docilidad habitual desobedece. El poder de hoy está deshumanizado, se ha convertido en una fuerza miserable que vive ansiosa de preservar su realidad opuesta, de comodidad, de sentir complacencia ahora que el distinto fue expulsado, como en la obra de Byung Chul Han. Están mirando al otro/pobre como lo degradado. Quien está degradado no comparte la misma condición y trastorna -entienden- la sociedad. La visión despreciativa de la otredad social no termina en orillarlos a la periferia, prueba invisibilizarlos, reducirlos, ocultarlos hasta que sientan que sus sueños mismos son absurdos. Fernando Pessoa alguna vez escribió: “grandes ambiciones y sueños amplios tienen todos, pero lo que no todos tienen es la fuerza para realizarlos o un destino que se avenga a dar su apoyo”. Los pobres en Bolivia, si soñaron alguna vez, hoy les acaban de comunicar que soñar también se ha prohibido en estos tiempos de cuarentena. Lo que es un derecho no puede tornarse en concesión, la dignidad trizada, de quien urgido por la desesperación clama el favor de su patria, se relaciona hoy intencionalmente con politización, entonces sí pueden instalarte en campamentos donde ellos, los que deciden, no se guarecerían siquiera de una leve llovizna. En la dimensión política de la crisis sanitaria que aflige a los bolivianos, resuena una prédica de Jesús: ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo entero si perdiera su alma? Miles de años después, Francisco, su representante en la tierra advierte y recuerda: “seremos juzgados por cómo tratamos a los pobres”. El autor es politólogo.

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Colombia: en solo nueve meses hubo 73 masacres

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Héctor Bernardo Del realismo mágico al realismo trágico. Mientras el gobierno uribista de Iván Duque y los medios hegemónicos de comunicación –siempre cómplices de los peores proyectos políticos y sociales– intentan desviar las miradas hacia Venezuela, en Colombia el horror se vuelve cotidiano. Según los datos registrados por el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, en los nueve meses de 2021 ya se produjeron 73 masacres (la última en Llorente en Tumaco Nariño, donde fueron asesinadas cinco personas), lo que suma un total de 263 personas asesinadas. Durante 2021, las masacres se suceden a un ritmo de dos por semana y se encaminan a superar las acaecidas durante 2020, que llegaron a la terrible cifra 91 y dejaron 390 personas asesinadas. Durante 2021 –entre el 1° de enero y el 22 de septiembre– se habían registrado 126 asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, referentes indígenas y dirigentes políticos y sindicales. Los datos indican que –también entre el 1° de enero de 2021 y el 19 de septiembre– fueron asesinados 37 firmantes del Acuerdo de Paz, lo que hace que el total de excombatientes asesinados y asesinadas desde 2016 ascienda a 281. El crimen como herramientas para sostener la desigualdad No es casual que las víctimas de estos crímenes sean líderes y lideresas sociales, dirigentes políticos y sindicales, defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y referentes indígenas. Todo aquel que trate de cambiar la estructura social-política-económica que ha convertido a Colombia –según el índice de Gini– en uno de los países más desiguales del mundo. Desigualdad que llevó al estallido social de abril de este año, que sacó a la luz la innumerable cantidad de demandas de un pueblo que no se resigna al horror ni a la injusticia. Para sostener ese modelo, el Gobierno respondió con una brutal represión. Durante los primeros treinta días de protestas, según datos de la organización no gubernamental Temblores, la represión produjo 3.155 casos de violencia policial, 955 casos de violencia física, 43 personas asesinadas presuntamente por las fuerzas de seguridad, 1.388 detenciones arbitrarias, 46 personas que perdieron uno o los dos ojos por las balas de goma que las fuerzas de seguridad disparan hacia las caras de los manifestantes, 165 personas heridas con armas de fuego (aunque se suponen que la policía debe contener las manifestaciones sin armas letales) y 22 casos de violencia sexual (el más grave de ellos, el de una niña de diecisiete años que se suicidó tras denunciar haber sido violada por miembros de la policía). Otros datos del horror indican que, según los registros oficiales de la Fiscalía, 129 personas se encuentran desaparecidas, aunque los datos extraoficiales señalan que los desaparecidos superan los 500. Tal vez el dato que resume la injusticia y la desigualdad en Colombia sea que, entre el 1° de enero y el 4 de septiembre de 2021, al menos 115 niños y niñas menores de cinco años murieron por desnutrición aguda. Según consignó la agencia Télam: «el Instituto Nacional de Salud (INS) también documentó que, al término de la semana 32 de este año, se registraron 8.545 niños y niñas de 5 años diagnosticados con desnutrición aguda, lo que representa un incremento del 38% con respecto a los casos atendidos en el mismo periodo de 2020». «Bogotá está a la cabeza de casos con 1.525, seguido de La Guajira con 691 casos, Antioquia con 598, Cundinamarca con 577 y Norte de Santander con 487 […] Las regiones con mayor desnutrición entre la población indígena son La Guajira (396), Chocó (145), Vichada (133), Cauca (62) y Risaralda (59)». «El INS también identificó que, entre los meses de enero y julio de este año, 391 niños y niñas migrantes entre 0 y 5 años fueron diagnosticados con desnutrición en los departamentos de Norte de Santander (94), La Guajira (55), Bogotá (55), Vichada (38), Arauca (24) y Cundinamarca (24)». Fuentes oficiales también señalaron en declaraciones periodísticas que la limitación de la movilidad producto de la pandemia puede haber generado que haya un subregistro de los casos y muertes por desnutrición, por lo que las cifras podrían ser aun más altas. Texto retomado de Diario Contexto, 30 de septiembre 2021. www.diariocontexto.com.ar

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No es la bandera, es la estrategia

Opinión /

Andrés Huanca Rodrigues El debate en torno al agravio a la wiphala durante el aniversario de Santa Cruz ha tomado diferentes rumbos y sendas. Algunos se fueron a los orígenes, al terreno arqueológico y etnohistórico, para defenderla o defenestarla. Otros, discutieron en términos protocolares, a si el presidente en ejercicio podía o no izar el símbolo patrio en una efeméride y si, en caso negativo, eso justificaría silenciar su discurso y arrancar de los arreglos florales la bandera indígena. Tampoco faltó el dilema de la representatividad política de la wiphala que, olvidando que durante el referendo constituyente del 2009 más de un tercio de los cruceños aprobó la wiphala, se interrogó otra vez si incluye al oriente boliviano o es una expresión más del centralismo colla. Por último, el racismo nuevamente fue un lamentable tópico gracias a este y otros hechos de aquel día. Todo, y no en vano, dando una sensación de déjà vu en relación al 2007-2009, en el marco de los conflictos de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, más allá del debate sobre la bandera en sí misma, los días van pasando y el sentido político del episodio tan curiosamente familiar se va aclarando. Y es que lejos de la imagen hormonal e irracional que se suele atribuir a Fernando Camacho, no en vano actual gobernador de la “locomotora económica de Bolivia”, fue un hábil líder en lo que se refiere a catalizar la crisis. No hay que olvidar que rescató de las catacumbas al Comité Cívico Pro Santa Cruz que yacía inerme, en relación a su anterior protagonismo político, después de su franca derrota con la desaparición de la Media Luna. A inicios del 2019, mucho antes de las elecciones, ya como presidente del Comité Pro Santa Cruz comenzó a azuzar la movilización, incluso sin el apoyo inicial de los empresarios cruceños que observaban dubitativos si darían la estocada a la espalda del gobierno. Pero con un crecimiento exponencial, abanderando la ira por el incendio de la Chiquitanía, revivió en un acto propio de las iglesias pentecostales a su Comité con el cabildo cruceño del 4 de octubre del 2019, en el cual se determinó abrogar el D.S. 3973 y desobediencia civil en caso de darse un “fraude”. Elipsis, poco más de un mes después, entraba a la sede de gobierno, no solo expulsando a Evo Morales, sino incluso a Carlos Mesa como líder de la derecha. Camacho, que el 24 de septiembre lideraba ese atrevido movimiento que llegó a los latigazos en contra de un miembro de CONAMAQ, vestía poncho y se abrazaba con un supuesto dirigente de la CSUTCB el 2019. No es un acto de demencia, sino de adaptación a los cambios en los tiempos políticos; lo importante no es la bandera, sino la estrategia. Durante el 2019, en un franco proceso de reflujo del gobierno del MAS, Camacho y el Comité Cívico Pro Santa Cruz avanzaron de la capital cruceña a La Paz para la toma de la sede de gobierno. Nada más ilustrativo que la expresión de Camacho en aquel vídeo filtrado en la que habla sobre cómo su padre cerró con lo militares: fue allí que se pactó la llegada de Santa Cruz a La Paz. En un proceso de avanzada, la proyección de la élite cruceña era nacional y no es en vano que el gobierno de Áñez, con todas y sus mal funciones, benefició mecánicamente a los capitales de la burguesía cruceña. Sin embargo, para el 2021 el contexto se asemeja mucho más a la coyuntura 2006-2009. Recordando aquel primer intento de golpe de Estado, por varios de los mismos actores del 2019, los sectores de la derecha se atrincheraron en sus “autonomías”, traducidas en entidades territoriales que disputaron la gobernabilidad al gobierno central, acercándonos a un momento de “poder dual”. Cómo olvidar a Rubén Costas buscando fundar una policía que solo responda a su gobierno y, por su puesto, los agravios de la wiphala que acompañaban. Todo bajo la misma tónica de collas en contra de cambas. Es precisamente en ese sentido que también debe leerse el agravio a la wiphala en estos días, no como un problema étnico o cultural entre regiones, sino en relación a las otras señales políticas que lanza el gobernador de Santa Cruz. Mientras se quiere presentar que vivimos una crisis por la bandera del patujú, se persigue aprobar una Ley Departamental que dispone difinir fiscales en el departamento; se procura que sea el gobierno departamental quien otorgue -y quite- las tierras en base una supuesta legitimidad que le arrojaría la reciente Marcha Indígena. Lo que subyace a una burda narrativa de choque étnico, es una nueva intentona de desestabilización asentada en la disputa de quién gobierna. El tema no es un problema de tierras, sino de territorio. Poder discernir esto con cada vez mayor claridad es vital para no repetir errores. El autor es antropólogo.

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Maduro y Díaz-Canel en México

Opinión /

John M. Ackerman La exitosa reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) este sábado implica un paso definitivo hacia una verdadera integración latinoamericana, plenamente autónoma e independiente de Washington. La activa participación de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Venezuela, Nicolás Maduro, fue particularmente simbólica, ya que ambos líderes son constantemente calumniados y amenazados tanto por el gobierno de los Estados Unidos como por la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por el impresentable facilitador de golpes de estado, Luis Almagro. El principio de inclusión universal de todos los países de la región, sin filias ni fobias ideológicas, es uno de los elementos que más distingue el nuevo espacio de confluencia soberanista. La pluralidad y la democracia interna en la toma de decisiones, sin subordinación a ningún actor interno y mucho menos a algún gobierno extranjero, también enaltece este organismo multilateral encabezado con gran visión por México durante 2020 y 2021. La intervención que más destacó en el encuentro sabatino fue sin duda la de Maduro. Conciliador pero contundente, el Presidente Venezolano propuso reemplazar la Doctrina Monroe, basado en el principio de “América para los americanos”, con la Doctrina Bolivariana, que postula la unión y la autonomía de los pueblos de América Latina y el Caribe. Maduro propuso la plena institucionalización de la CELAC a partir del establecimiento de una robusta Secretaría Ejecutiva, con sede en México, con el fin de reemplazar a la OEA como el principal organismo multilateral de la región. La intervención del Presidente Díaz-Canel también sacudió conciencias al denunciar enérgicamente el estrangulamiento económico y el golpismo político en contra de la isla. Recordemos que la OEA hipotecó su destino en enero de 1962 cuando, bajo presiones de Washington, expulsó a Cuba por motivos estrictamente ideológicos. Cuba fue declarada “incompatible con el sistema interamericano” por su compromiso con el marxismo-leninismo y su acercamiento con la Unión Soviética a raíz de la fallida invasión orquestada por la CIA en la Bahía de Cochinos en 1961. Así que la activa presencia este sábado tanto de Cuba como de Venezuela, que hoy sufre una guerra económica y un embate neo-imperial similar al que tuvo que aguantar Cuba en 1961, implica un giro histórico. No habíamos tenido un momento de tanta emotividad en las relaciones interamericanas desde la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2008, alianza que hoy se encuentra debilitada por los sabotajes de los gobiernos actuales de Brasil, Colombia y Uruguay. Ahora bien, aunque no participó ningún representante formal del gobierno norteamericano en la reunión de la CELAC, sí contó con un fiel vocero en la persona del Presidente de Uruguay, Luis Lacalle, quien reprodujo palabra por palabra las descalificaciones de Washington en contra de Cuba y Venezuela.  Afortunadamente, estas provocaciones no lograron su objetivo de tronar las pláticas, y la reunión progresó sin contratiempos. Es francamente risible la hipocresía de quienes critican la política interior de Cuba o Venezuela, pero se mantienen con un silencio cómplice en los casos de las graves violaciones a la democracia y los derechos humanos de los gobiernos neoliberales de Colombia y Brasil, por ejemplo. Ningún país latinoamericano tiene una democracia perfecta ni cuenta la autoridad moral para tirar la primera piedra. Es mejor acatar los sabios principios históricos de la Doctrina Estrada de la diplomacia mexicana, de la no intervención y el pleno respeto a la soberanía de los pueblos. En lugar de destruirse entre hermanos por motivos ideológicos, habría que construir salidas comunes a problemas compartidos. Fueron muy bienvenidas, por ejemplo, las excelentes propuestas presentadas por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, a favor de una estrategia regional coordinada en contra de la pandemia y a favor de la reactivación económica. Urge continuar avanzando con este fructífero diálogo latinoamericano a favor de la justicia y el bienestar. Para ello, convocamos a nuestros lectores a seguir por las redes sociales la presentación del nuevo libro del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la Máxima Casa de Estudios, Pos-COVID/Pos-Neoliberalismo: propuestas y alternativas para la transformación en tiempos de crisis, que tendrá lugar el 29 de septiembre a las 13:00 horas (véase: https://puedjs.unam.mx/). En este libro, editado conjuntamente con Siglo XXI y el INEHRM, dialogan más de veinte autores del más alto prestigio nacional e internacional, incluyendo a la misma Alicia Bárcena, así como Boaventura de Sousa, Juan Carlos Monedero, Rafael Correa, Víctor Toledo, María Elena Álvarez-Buylla, Emir Sader y Álvaro García Linera, entre muchos otros, sobre los caminos posibles para salir juntos y fortalecidos después de las múltiples crisis actuales. El autor es analista y Director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM. Texto retomado de La Jornada, 20 de septiembre 2021.www.jornada.com.mx

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El aborto legal y la libertad de decidir

Opinión /

Carmen Nuñez El 28S es el Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro, éste se denominó así en 1990 durante el “V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe”, realizado en San Bernardo, Argentina. Hoy en día la lucha por conseguir abortos legales y seguros se ha convertido en una de las más importantes causas para el movimiento feminista, son ya un poco más de 30 años de lucha desde ese quinto encuentro. Desde entonces la lucha ha ido sufriendo muchas transformaciones, se han ido añadiendo consignas y matices, como por ejemplo la ya famosa “Educación Sexual Integral para decidir, Anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”. Esta frase refleja lo mucho que se ha ido complejizando el entendimiento de este tema desde el movimiento feminista, desde la necesidad de empezar con la educación misma hasta la exigencia de gratuidad para no reproducir las injusticias clasistas del sistema de salud. Pero esta profundización ha ido aún más allá, hoy sabemos que no todas las mujeres somos iguales, que no hay algo, o hay muy poco, que nos una por sobre todas las cosas. La relación de distintos grupos de mujeres con la maternidad, la sexualidad y el aborto puede ser muy diferente. Hay mujeres que han sido obligadas a parir, una y otra vez, hay mujeres que han sido violentamente esterilizadas, hay mujeres que han sido condenadas a tener «todos los hijos que dios mande» y hay mujeres que han sido condenadas a ver cómo sus hijas e hijos mueren sistemáticamente o como se los quitan por no ser “adecuadas” para hacerse cargo de su cuidado. Hay mujeres que abortan como si nada, porque su situación económica se los permite, hay otras que abortan como si nada porque ese conocimiento nunca se perdió en sus entornos, hay quienes mueren en el intento y hay otras que son condenadas socialmente de por vida si se llega a saber. Hay hombres trans, hay mujeres lesbianas, hay personas con la capacidad de gestar no binarias, que también viven su propia realidad en torno al aborto y a la maternidad. Hay mujeres que luchan por parir, hay otras que luchan por abortar, a algunas el tema les da igual. No es cuestión de decidir quién es la buenita y quién es la malvada. Vienen probablemente de lugares diferentes, en contextos diferentes. Para mí se trata de que el patriarcado, encarnado en el Estado y el Capital, deje de imponer políticas sobre los cuerpos de las mujeres. Todo tipo de políticas. La lucha feminista para ser completa tiene que ir más allá de exigir la legalización del aborto, o los temas directamente relacionados con el género, sino que es necesario además abordar la lucha anticapitalista, anticolonialista y antirracista. Porque mientras haya mujeres, familias, que aun trabajando al máximo bajo condiciones de explotación y discriminación, se las conmine a elegir abortar, porque no pueden asegurarle una vida digna a sus hijas o hijos, la “maternidad deseada, elegida, voluntaria” aun estará bastante lejos. La libertad de “decidir” va más allá de una ley aplicada a cuerpos individuales. Es por eso que es importante cuestionar si una verdadera liberación de la mujer, o de cualquiera en realidad, pueda ser posible dentro del sistema capitalista. Un sistema que puede plantear muchas posibilidades de “Libertad”, en tanto el cuerpo, el trabajo, la salud, incluso el amor y el ocio, pero que verdaderamente no son respaldadas por las condiciones materiales de vida de las personas. O sea, somos libres de hacer muchas cosas, pero no nos lo podemos costear. Sin duda es necesaria una ley para la despenalización o legalización del aborto, es un paso ineludible para llevar nuestras vidas con dignidad, pero la lucha no acaba ahí, apenas estamos empezando. La autora es antropóloga.

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