Opinión

El desasosiego de la democracia

Alem Quisbert Pacheco El desasosiego que generó los resultados de las elecciones nacionales del 20 de octubre de 2019, con sus dos interpretaciones (o dos miradas sobre la misma historia), por un lado, lo que se ha denominado como un golpe de estado y por el otro la consigna de un fraude electoral, ambas con interpretaciones propias que defendían intereses sectoriales, logrando así una nueva pulseta de poderes que se fue desarrollando en las calles, cuyo final concluyo en las mismas calles, consolidando así un nuevo gobierno en estado de transición. Como resultado de ello, emergieron enfrentamientos localizados que partió de rencillas domesticas al interior de la familia y termino con la extrapolación de imágenes racistas, xenófobas, regionalistas entre pares y diferentes. Todo ello logró visibilizar los conflictos no resueltos a lo largo de la historia, constituyendo pugnas de poder entre los intereses de la sociedad civil frente al estado y viceversa. Donde la identidad y la pertenencia cultural jugaron un nuevo rol histórico emergiendo una vez más el pachakuti como medio de encuentro para y hacia a emergencia de una nueva configuración político, social y cultural. Empero el accionar de ambos polos (sociedad civil – estado), mostró un antagonismo intransigente negándose (una del otro), a reconocerse como miembros de una totalidad, en este caso de una totalidad llamada Bolivia, desembocando en la misma solución lineal, que no ha logrado resultados estructurales y se ha limitado al ejercicio del voto con la ejecución de nuevas contiendas electorales. La democracia como un sistema de gobierno impuesto. La actual democracia reproduce una forma unilineal de la participación social, siendo una imposición lineal, propias del sistema de mercado capitalista, despojando de la participación política (de sus realidades), a los individuos y colectivos no reconocidos por el sistema de poder. Por otro lado, la aun no explorada, democracia plural, es negada en tanto a su aplicación, por ser altamente efectiva contra los monopolios de poder. Abriendo así al entendimiento de una nueva realidad que converja los intereses de las tres macro regiones y los pueblos que vivimos en su interior, la pluralidad como el escenario de nuevos diálogos para la construcción del taypi, como mecanismo para repeler el ch´iqartaana y ver sus transformaciones como parte de una realidad cambiante, donde las culturas urbanas y rurales sobrepongan sus intereses colectivos sobre el interés individuales. Estas cuestionantes impulsan a interpelar los intereses democráticos de un puñado de individuos (electos cada 5 años), que descargan sus energías en la confrontación de la masa electoral, dejando de lado la capacidad de administrar un estado y su gobierno, por ende, generan una incapacidad de reconfigurar la composición política social en tanto a salud, economía, educación, entre otras tantas de necesidad inmediata. Este monopolio de poder a consecuencia del voto electoral, el ciudadano de a pie pierde su capacidad de participación y de deliberación, delegándole esta cualidad a su inmediato representado, sea este, diputado, senador, asambleísta, concejal, alcalde, presidente u otros. Fungiendo un papel unilateral de administración y análisis sobre la población nacional. La democracia es en sí misma es una máquina de poder egoísta al no reconocer la multiplicidad de realidades que convergen principalmente en los centros urbanos, que va más allá del interés económico y se convierte en un todo de convergencias interculturales, formando una nueva totalidad empírica a raíz de las capacidades individuales. Esta forma de ver el mundo desde la unilinealidad genera un poder absoluto, desarrollando en un primer momento, índices de corrupción (debido al monopolio de la administración pública y la difícil forma de cuestionar la forma de aplicación de los derechos legales y culturales), en un segundo momento la deficiencia de regir el poder administrativo (la aplicación de la democracia al no sufrir transformaciones de fondo, se ha convertido en un mecanismo rutinario con varias trabas burocráticas generando dificultades en la resolución de conflictos), inclinando a discursos demagógicos en procesos electorales y durante el proceso de administración política, eludiendo responsabilidades estructurales de la realidad histórica y coyuntural. Promesas banas como el vivir bien o un socialismo de siglo XXI, cómo podemos hablar de estos dos elementos si seguimos viviendo bajo un régimen de poder parcializado y unilineal. Esta concatenación de hechos deriva en develar de manera violenta las diferencias étnicas que existen al interior del territorio nacional, entre ellas: racismo, regionalismo, pugnas de realidades entre urbanas y rurales u otras, cuya aplicación de violencia en algunos momentos derivo en la muerte de uno o de varios ciudadanos y hermanos de una misma patria. Por tanto, nos encontramos en el punto exacto para reconsiderar nuestra realidad, abrirnos a nuevas miradas del todo y poner en negrillas la importancia del diálogo intercultural, político, partidario, inmiscuir sus variantes y consolidar un discurso de unidad sin clasificaciones o representaciones totalitarias. El autor es antropólogo.

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Habitar las preguntas

Juanqui Arévalo ¿podemos hacer que las cosas existan de otros modos? Luego de un paréntesis obligatorio de las convenciones sociales del encuentro, consecuencia de la pandemia, lxs diversxs agentes culturales de nuestros territorios se encuentran en una constante negociación con su presente inmediato para llevar a cabo eventos, conciertos, festivales, presentaciones escénicas, ferias, clases; en fin, innumerables modos de gestionar el encuentro entre personas. Este tiempo es crucial para repensar nuestras políticas del encuentro, un tiempo que nos invita (casi a empujones) a preguntar por ¿cuáles de nuestras prácticas culturales heredadas de otros tiempos son necesarias hoy? Con esta pregunta hago un llamado y una invitación a desmontar ciertas lógicas normalizadas y anquilosadas en nuestros modos de ser y hacer en comunidad, a desaprender estos modos para aprender y crear nuevas maneras de estar juntxs, a escuchar aquello que se encuentra en estado de emergencia, hago alusión a la palabra en sus dos sentidos, emergencia en tanto una situación que requiere de acciones inmediatas y, por otro lado, aquello que comienza a salir a la superficie. Cada acontecer cultural arrastra consigo formas, formalidades, que se practican muchas veces “porque así son”, “así deben ser”, “siempre fueron así”, estas formas pueden ser confundidas o nombradas como tradición ¿serán estas formas heredadas las ideales para esta emergencia? Con esto no me voy a que desmantelemos por completo nuestro acervo cultural, pero si a observarlo con la atención necesaria, siempre a la escucha, para identificar aquellos haceres normalizados, que a lo mejor no responden más a nuestra contemporaneidad. Las culturas responden a nuestras maneras de estar en el mundo, modos de hacer en común, en comunidad, a cómo nos organizamos alrededor de ideas, alrededor de pulsiones, alrededor de deseos y necesidades, al ejercicio creativo, micro político y sensible de convocarnos y ponernos en relación; las formas, las estéticas devienen mucho después. Entonces ¿Cómo no replantear nuestras maneras de hacer mundo hoy? Las formas emergen en tanto las habitamos, en tanto las corporeizamos y las hacemos propias, pero fuera de lo nominal, sino de lo experiencial. La cultura es experiencia, experiencia hecha cuerpo, experiencias atravesando cuerpos. Los cuerpos puestos en relación tienen la capacidad de cambiar el estado de las cosas, de crear realidades, de imaginar posibles, de definirnos y redefinirnos en el hacer. Corremos el riesgo de romantizar y formalizar el pasado bajo el imperativo de “volver a la normalidad”. Cuando esa normalidad acentúa y polariza la diferencia, jerarquiza las prácticas culturales, enfatiza lógicas binarias, discrimina entre cuales culturas pueden y no ser. Corremos el constante riesgo de trazar fronteras, cuando la invitación está en ocupar esos márgenes, observar que tienen un espesor habitable con varias posibilidades de acontecer en el encuentro, en la escucha y la confluencia. ¿podemos hacer que las cosas existan de otros modos? Este tiempo y sus complejidades son la oportunidad de ensayar mundos posibles, hacia la construcción de conocimiento entre voces e identidades diversas. Practicar la confluencia de lo múltiple y combatir la totalización de los sentidos. Si pensamos la cultura como un saber vivo y en constante movimiento, ésta siempre tendrá maneras diversas y multiformes de escapar de su instrumentalización. De ir en contra de la unificación y la estandarización. En un territorio como el nuestro lo múltiple es una potencia. El autor es Danzarín y dramaturgo.

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Jeanine y el Juego Político

Gerson Rivero Una prima que vive en otro país y estaba de visita en Bolivia me preguntó de pronto en medio de un almuerzo “¿Y qué va a pasar con esa pobre mujer?”, refiriéndose a Jeanine Áñez. Solo atiné a decir “supongo que seguirá presa un buen tiempo” y cambié de tema. Y creo que es una respuesta inicialmente correcta no porque pretenda dar un veredicto sobre ella, sino porque lo interpreto como parte del juego político. En el oscuro periodo de dictaduras militares en Bolivia sobresalieron dos personajes: Hugo Banzer Suárez y Luis García Meza. El primero gobernó casi siete años y el segundo poco más de uno. En ambos mandatos de facto ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, pero por la duración del régimen en el de Banzer fue más grave. Sin embargo, quien cumplió condena en la cárcel fue García Meza. Si bien ambos merecían la misma suerte, el general cruceño eligió la política como mecanismo de defensa. Fundó un partido, ganó elecciones con el mismo y aunque en dos ocasiones no llegó a gobernar, fue parte de sendos gobiernos hasta que finalmente él mismo accedió a la Presidencia mediante el sistema democrático, momento en el cual le atacó un cáncer que acabó con su vida. En cambio, García Meza, tal vez por soberbia o ignorancia, vaya uno a saber, se creyó seguro simplemente con sus vínculos militares y terminó enjuiciado, para finalmente ser detenido tras ocultarse un tiempo y desde 1995 hasta el año pasado estuvo tras las rejas. Independientemente de los privilegios que gozó, estuvo privado de su libertad los últimos 25 años de su vida. Salvando las diferencias, es algo parecido lo que le sucede a Jeanine Áñez. Está claro que ella no es la única y ni siquiera la principal responsable de la interrupción del mandato de Evo Morales. No obstante, los principales instigadores, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, al igual que Banzer en su momento, tienen una estructura partidaria que les ayudará a sostenerlos. También es cierto que Áñez se quedó absolutamente sola en cuanto a respaldo real. La mayoría de sus exministros huyó y los que quedaron marcaron distancia, excepto dos que también se encuentran detenidos. El mejor parado, sin duda, es el alcalde de La Paz, Iván Arias, que fue su ministro de Obras Públicas. Obviamente, el mandato popular lo blinda, pero también es notorio el desapego por su exjefa, evidentemente por cálculo político. Alguno dirá, pero ella tiene bastante apoyo. Pues sí, pero en las redes, en cartas del exterior de personajes que firman cualquier cosa que huela a “anticomunista” en cualquier parte del Mundo. Pero en los hechos, nadie se la juega por Jeanine. Nadie amenaza con un paro o bloquear el aeropuerto, como hicieron con Camacho, por ejemplo. Eso simplemente se debe a su orfandad política. Con ese panorama, a la exsenadora sólo le quedará buscar su salvación en un acuerdo que ayude a aclarar lo que sucedió en su mandato de facto. Debe ser una situación complicada pues implica deshacer un relato que se viene sosteniendo hace casi dos años. Al fin y al cabo es lo único que les interesa a quienes la encumbraron en esta aventura y hoy miran para otro lado. De la vereda de enfrente, quienes sueñan con ver tras las rejas a “todos” los involucrados, probablemente no lo hagan; así como no lo vieron a Goni ni a Sánchez Berzaín ni a Banzer. La justicia es también parte de un juego político, que hay que saber jugarlo básicamente sobre la voluntad popular de la democracia. El autor es periodista.

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Hablemos del retiro de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas

Andrés Huanca Rodrigues El debate en torno a la Ley 218 Contra Legitimación de Ganancia Ilícitas (…) hubiera estado en su contenido si continuáramos en la “socialización”, abierta por el Senado la semana pasada para superar la amplia desinformación diseminada por la oposición política y mediática. Sin embargo, el jueves pasado se detuvo con freno mano el proceso de socialización y el cercano tratamiento de la Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), haciendo de lo que queda de la reflexión un debate político en torno a las lecciones que nos deja esta semana. En ese sentido, vale la pena hacer algunos apuntes. Primero, impulsada por la derecha, la disputa por la norma no tuvo como fondo el contenido de la misma. Por lo tanto minimizar su anulación aludiendo a que no era relevante la Ley en sí, es un error. Desde el 2016 las agrupaciones de la derecha se montaron del descontento de sectores urbanos y gremiales -en particular el Colegio Médico- para tirar sistemáticamente, mediante movilización, una serie de medidas del gobierno. El caso más recordado fue el nuevo Código Penal del 2017-2018, pero también estuvo el Proyecto de Ley del Artista del 2017 y la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud del 2019, entre otros. En todos los casos, más allá de las posibles enmiendas que se podrían hacer a los proyectos de ley, quiere decir a ocuparse del contenido en sí mismo, lo que se impuso fue una campaña de rechazo total y anulación sin medias tintas. Más recientemente, durante el encuentro del bloque opositor en Santa Cruz que determinó el bloqueo nacional fallido del lunes 11 de octubre, se demandaron desde la liberación de Áñez, hasta “restituir los ⅔ de la ALP”. La Ley 218 fue una entre otras. Quiere decir, el rechazo a la Ley fue político y por lo tanto la consecuencia de retirarla es política. Segundo, vinculado a lo primero, la sucesión de presiones vía movilización señala lo que tanto viene repitiendo el gobierno nacional a propósito de la anulación de la Ley 218; independientemente de la ley en cuestión y su contenido, la oposición busca desestabilización. Sin embargo, de allí se puede desprender un mar de profundidad en torno al cómo y al por qué. Por cuestión de espacio solo se mencionan dos aspectos. Sobre la oposición, es importante ir indagando en esta peculiar capacidad de asentar su agenda legislativa en contra de la mayoría parlamentaria que goza el MAS. Estamos hablando de que gozando de más del 50% de la ALP y habiendo mostrado mayor presencia en calle con el “wiphalazo” del martes, la minoría parlamentaria se impone. Su rechazo absoluto a mediar el tratamiento de las leyes y su vergonzoso número de propuestas de ley en un año -tan solo 12- confirma lo evidente: la oposición no está apuntando a la gestión, sino al desgaste fuera y dentro del parlamento. Por el lado del gobierno, la semana pasada se publicó en la revista marxista Jacobin una entrevista a Álvaro García Linera (acortar.link/jL8WIz). Entre varios tópicos, el ex vicepresidente mencionó la estrategia del gobierno ante la movilización pitita del 2019, “acciones que hagan las veces de «colchón de contención» para esas movilizaciones, a la espera de que se agoten (…) Y, a medida que fuera agotándose, desarrollar la movilización social hacia el lugar”. Esta estrategia parece acercarse a la decisión tomada de retirar la Ley 218, en particular a lo de establecer un “colchón de contención”, de quitar la medida antes de que provoquen mayor convulsión. Viendo las cosas con frialdad y realismo, la medida del gobierno es la correcta a corto plazo. Sin embargo, queda en duda si a largo plazo se podrá seguir con la misma estrategia, cuando se den la sucesión de movilizaciones opositoras y que auguran la paradoja del 2016-2019: Suspendes el tratamiento de leyes para evitar la ingobernabilidad proveniente de la movilización, pero entras en una especie ingobernabilidad al no poder legislar. En ese sentido, más allá de si esto perjudicará o no los intereses electorales futuros ¿qué pasará, qué harás, cuando tengas que implementar una medida más transendental en relación a los intereses populares? ¿Bastará la estrategia de la contención? A tiempo que se cierra la redacción de este escrito, parte del sector gremial ya anunció más movilizaciones, ahora por la Ley 1386 y, como era de esperar, la derecha afirmó que respaldará la medida. Tercero, la convocatorio orgánica de la oposición liderada por el Comité Pro Santa Cruz, y que tiene de furgón de cola a Carlos Mesa, esta mermada. Es un dato relevante que cooperativistas mineros y gremiales hayan decidido políticamente no acatar el paro convocado por los cívicos y llamar a medidas autónomas de protesta en contra de la Ley 218. Sin embargo, así como toma prestado el “voto castigo”, “voto útil”, “voto crisis”, “voto odio”, la derecha puede e intentará tomar prestada la movilización de los grupos corporativos, diseminándose en su interior y montándose en la cresta de su ola. El gobierno tendrá que asumir que al igual que la reciente Marcha Indígena que se plegó al paro de los cívicos, o ciertos sectores de cocaleros en los Yungas que reciben “capacitación” de la derecha, el rostro del descontento no será el pitita promedio, sino de sectores populares. En ese sentido, valdría la pena problematizar qué es ser un “gobierno de los sectores populares” en tanto que, como la basta y truculenta historia enseña, una demanda proveniente de un sector popular no necesariamente es en beneficio de las clases populares. Bástese con mencionar el triste rol que juegan gran parte de los médicos como un sector trabajador, en contra de la gran mayoría de los trabajadores. ¿Qué es ser un gobierno de los sectores populares y cuál es el costo? Y por último, cuarto. Se ha brindado como explicación y autocrítica del retiro de la Ley 218 que el gran problema fue su socialización previa. Puede ser. Sin embargo, poco sabemos

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COORDINADORA POR LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

*Inauguramos este espacio de debate reservado a organizaciones sociales para analizar la realidad social de Bolivia desde las colectividades. Cada domingo en Abya Yala. Coordinadora por la Memoria, Verdad y Justicia Apenas se concretó el golpe de estado en Bolivia en noviembre del 2019, se intentó instaurar la fase del OLVIDO, atacando a nuestra memoria inmediata para evitar que nuestros dolores producidos por ese golpe fascista se conviertan en el motor de batalla de nuestros pueblos. Muchas mentiras se pretenden instalar, argumentos fantasiosos y falsos debates para confundir a nuestra memoria que el golpe de estado fue bajo la egida del racismo la discriminación y la misoginia. 21 días de agresiones a nuestros pueblos a través de golpes a mujeres, secuestros, humillaciones públicas realizadas por las juventudes criollas nazis de la agrupación paramilitar R.J.C. quienes amedrentaron e infundieron miedo previo al ataque certero militar y policial en la masacre de Huayllani donde la participación de la R.J.C.- algunos criollos intelectuales, periodistas y las y los ricos de la ciudad, participaron activamente induciendo el odio racista y misógino, estableciendo la psicosis generalizada para sus fines fascistas. Esos hechos los quieren ocultar bajo el mantel de sus mesas llenas del banquete que se dan con el asalto del estado y a nosotras y nosotros pretenden serenarnos la memoria para seguir en la impunidad, reciclándose libremente. Los pueblos no olvidamos, los pueblos no perdonamos, los pueblos tenemos intacta nuestra memoria que es el motor de nuestras victorias para construir un mundo nuevo donde quepan muchos mundos. La verdad de nuestros pueblos es aquella que pretenden ocultar, mentir o maquillar, la verdad que Bolivia sufrió un quiebre racista y misógino y su base principal fue Cochabamba, aquí humillaron al mejor estilo de las juventudes hitlerianas (R.J.C) a la alcaldesa de Vinto, para infundir terror y miedo, se persiguió y golpeó a mujeres por su procedencia cultural, se rompió la constitucionalidad con el MOTIN policial, se quemaron símbolos de nuestra plurinacionalidad, se arremetió a golpes a la población bajo la consigna calcada de la Alemania nazi ALEMANIA PARA LOS ALEMANES en Bolivia la R.J.C. patrulló las calles bajo el grito de COCHABAMBA PARA LOS COCHABAMBINOS, cometieron crímenes de odio como la masacre de Huayllani durante el tiempo que duro el golpe. También arremetieron contra instituciones, organizaciones y barrios urbano populares para someterlos. Esa es la verdad que pretenden acallar, es la que nos muestra el camino de nuestra liberación del racismo misógino es decir del fascismo que instalaron con el golpe de estado del 2019 Los crímenes de odio como la masacre de Huayllani, son crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados y sancionados a todas y todos quienes fueron participes y ejecutores, a quienes dieron las ordenes, a quienes las justificaron y justifican, a quienes ahora pretenden ocultarlas, a quienes ahora gritan vociferando su odio disfrazado. Las sanciones a los crímenes de lesa humanidad son el paso esencial para la recuperación de nuestras vidas plenas, de creación complementaria. La impunidad genera una ruptura seria en el caminar de las sociedades y se instala en la cotidianidad de las calles, colegios, universidades y hogares, por eso la lucha por la justicia debe ser el motor de nuestra acción cotidiana. Dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad es dejar que nuestros pueblos, la sociedad civil y nuestra vida este plagada por acciones de racismo y misoginia, es dejar que el fascismo carcoma los cimientos de nuestros valores plurinacionales, es dejar que los crímenes de odio se naturalicen, en definitiva es condenar a nuestros pueblos a la destrucción. Nada ni nadie puede justificar los crímenes de lesa humanidad con el agravante de ejecuciones extrajudiciales, el asesinato por crímenes de odio racial y misógino no tiene justificativo alguno en Bolivia y en todo el planeta. Por memoria verdad y justicia en movilización permanente Por juicio y castigo a las y los golpistas Por la restauración de nuestro estado plurinacional Coordinadora por la Memoria, Verdad y Justicia Cochabamba 2021

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La S.C.P. 0052/2021¿Comprueba la inconstitucionalidad del mandato de Jeanine Áñez?

Henry Ayala Guarachi Tras las denuncias de fraude en las elecciones nacionales de 20 de octubre de 2019, Bolivia vivió días de crisis política y social, que derivaron en la dimisión de Evo Morales y Álvaro García Linera, tras cuestionadas sugerencias de renuncia realizadas por el Alto Mando Militar y la Policía Boliviana, lo que ocasionó una discusión normativa sobre cómo debería darse una sucesión constitucional para evitar un vacío de poder, ya que no solo habrían renunciado el Presidente y Vicepresidente, sino también, la Presidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra y el Presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, complicando la sucesión constitucional y trasladando la responsabilidad de reconstituir la directiva de ambas cámaras a los asambleístas nacionales, evento que no ocurrió, ya que ipso facto la Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores Jeanine Añez, asumió la Presidencia de la Cámara de Senadores, para posteriormente, en una sesión sin quórum declararse Presidenta Transitoria de Bolivia.El viernes 15 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de un Comunicado informa que en merito a un Recurso Directo de Nulidad, se habría emitido la S.C.P. 0052/2021 mediante la que, se habría resuelto que la sucesión presidencial ipso facto no es aplicable para la sucesión presidencial en la Cámara de Diputados, lo que causo inmediata reacciones de políticos de oposición, quienes criticaron el contenido de la Sentencia Constitucional, pues las razones de la decisión ponen en tela de juicio la constitucionalidad de la sucesión ipso facto de 2019.Respecto a la sucesión constitucional por renuncia de autoridades electas por voto ciudadano, la S.C.P. 0052/2021 de 29 de septiembre, establece que solo puede darse la sucesión ipso facto (inmediatamente) de la Presidencia a la Vicepresidencia, o en su caso, a las Presidencias de las Cámaras de Senadores y de Diputados, cuando concurran las causales de impedimento o ausencia definitiva de la persona que se encuentre en su ejercicio, como se establece en el Art. 169 de la CPE. De la misma forma, dispuso que en caso de renuncia de autoridades electas del Órgano Legislativo Plurinacional, no puede darse una sucesión ipso facto, ya que conforme establece el Art. 157 de la CPE, la perdida de mandato por renuncia en el caso de asambleístas nacionales, debe llevarse adelante conforme a reglamento, es decir, en el caso de Senadores, en el marco del Art. 31 inc. f) de su Reglamento General que determina que las renuncias deben presentarse de forma escrita ante el PLENO CAMARAL.De la misma forma, el Tribunal Constitucional en la merituada S.C.P. 0052/2021, establece condiciones constitucionales de validez de la renuncia de autoridades electas por voto ciudadano, disponiendo lo siguiente “la cesación de mandato de una autoridad electa por causal de renuncia, sólo puede ser válida en tanto y en cuanto cumpla con las formalidades fijadas en la Constitución, las leyes y sus reglamentos específicos; las mismas que a su vez, avalan que se trata de un acto personal y voluntario de la autoridad dimitente, libre y exento de presiones, y que su aceptación o rechazo por la instancia competente para considerar la renuncia asegura la continuidad y eficacia de las funciones públicas, como principio esencial del sentido de la organización del poder público”, esto para proteger no solo el derecho de la autoridad electa a permanecer en el ejercicio de sus funciones, sino también para resguardar el principio constitucional de soberanía popular, expresado en la voluntad del pueblo, quien ejercicio su derecho al sufragio en la conformación de los Órganos del Estado.Como se podrá evidenciar, a la luz de la interpretación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, desarrollada en la S.C.P. 0052/2021, la sucesión presidencial del año 2019, fue irregular y no se la realizó en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado, toda vez que, lo que correspondía ante la renuncia de la Ex senadora Adriana Salvatierra, era que el Pleno Camaral realice un análisis de las condiciones constitucionales de validez de la renuncia, debiendo aceptar o rechazar la misma, para posteriormente, en caso de aceptarse la renuncia, recomponer la directiva de la Cámara de Senadores y dar paso a una sucesión constitucional, que de ninguna forma hubiera recaído en la Sra. Jeanine Añez, ya que conforme el Art. 35 II. del Reglamento de la Cámara, el bloque de minoría, no puede asumir la Presidencia del Senado. El autor es abogado constitucionalista.

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La vitrina

Amalia Canedo He venido con esta constante preocupación de la falta de públicos y la falta de espacios para poder desenvolvernos como trabajadores culturales y, en ese caminar, siempre se han sembrado en mi consciencia dudas que me interpelan y me invitan a seguir caminando por esta ruta que por destino y elección me toca transitar. Hoy me centraré en la pregunta que últimamente me estuvo dando vueltas en la cabeza a partir de una convocatoria a charlar con las cumpas de Pulgas podcast hace un par de semanas a las que quedo enormemente agradecida porque son las detonadoras de más dudas en mí… ¿Democratización de la cultura? La construcción social y la identidad de un país está fuertemente ligada a la pregunta que antecede este espacio, Bolivia a penas ha comenzado a fijarse en este término hace unos pocos años como un punto de reflexión y sostén. La democratización cultural debería significar acercar a cada rincón de nuestro país el acceso a la educación, la cultura y las artes para que cada ciudadano que habita este territorio pueda ser parte de una visión de país, de ese descrito en nuestra constitución plurinacional y por su puesto pluricultural con todos los matices y las luces que implica la modernidad actual y global que nos atraviesa. La construcción de un Estado Plurinacional ha complejizado el panorama a la hora de plantearnos un paradigma unificador sobre el panorama cultural no homogéneo que tenemos y que estamos construyendo y eso nos hace siempre tambalear a la hora del ejercicio cultural. Para que se pueda hablar de democratización cultural, debemos partir de la democratización de la educación como punto de arranque y como fuente principal de ejercicio democrático de derechos y obligaciones de la ciudadanía boliviana. Es ahí que la democratización de la cultura cobra valor al usar como vehículo a la gestión cultural encaminada a ponerla al alcance de la gente. ¿En Bolivia es posible hablar de democratización de la cultura? Si partimos de esta duda, por supuesto que siempre encontraremos baches y tropiezos a la hora del ejercicio de la democratización cultural, porque en Bolivia aún no hemos podido subsanar nuestras divisiones históricas; este país se construye y desarma cada periodo de tiempo, no logrando nunca construir una base sólida de propuesta desde lo más básico. Nosotros, como ciudadanos de a pie, y el Estado, como articulador y salvaguarda de todos nuestros retazos que conforman esta nuestra pluralidad que nunca termina de aceptarse… En sí, la democratización cultural debería ser ahora una bandera de lucha de todos los que nos convocamos a trabajar en pro de las culturas nacionales, ya que, a partir de ella, podremos comprender y aceptar que cada espacio territorial que conforman nuestra identidad boliviana tiene una construcción social a partir de las miles de verdades y realidades que se construyen; partiendo de esto podremos llevar a cabo todas las tareas y acciones que encaminen a construirla. En conclusión, la mejor forma de poder encaminar el proceso de democratización cultural es trabajando en coordinación con el Estado central a través de sus unidades destinadas a la cultura y la educación en una combinación de tareas de cooperación y asistencia encaminadas a la generación de políticas públicas destinadas al conocimiento, reconocimiento y a la salvaguarda de los procesos culturales que se generan y así podremos encender las luces para que otros aspectos como el arte tengan los espacios adecuados y respetuosos para su reproducción, difusión y promoción. La autora es gestora cultural (de alasitas).

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La bandera del otro

Luciana Jáuregui J. En las últimas semanas se ha desatado un “falso debate” sobre la whipala, que busca validar su legitimidad desde la naturaleza de sus orígenes. Los opositores al MAS tratan de encontrar los rastros de su impureza y contemporaneidad para invalidar el horizonte histórico del Estado Plurinacional. Mientras que sus acérrimos defensores se encaminan, en cambio, a buscar hasta el último vestigio de ancestralidad. Incluso, otras perspectivas que pretenden salir de la dicotomía, se animan a decir que todas las banderas son una camisa de fuerza, como si no se necesitaran símbolos e identidad para luchar. Si algo tienen en común todas estas perspectivas es su intento por fetichizar un símbolo que está vivo y una búsqueda colonial de autenticidad, que elude que los indígenas son sujetos contemporáneos y que sus luchas están vigentes. Al fin y al cabo, todos los símbolos son inventados y están siempre sujetos a reinterpretación en función del contexto social en el que se vuelve sobre ellos. Dice el historiador Pierre Nora, que solo podemos hacerle preguntas al pasado desde nuestro presente y que, por lo tanto, toda reinterpretación histórica tiene efectos prácticos sobre nuestra realidad. Por eso, quizás la pregunta más pertinente no sea cuál es el origen de la whipala, sino cuál es su significado en las disputas políticas actuales. Sabemos ya que ninguna lucha política puede producirse por fuera de las representaciones y que la defensa de los intereses “objetivos” se erige siempre sobre construcciones culturales. De Gramsci aprendimos que la política es fundamentalmente una lucha por el sentido común y de Bourdieu que esta no puede hacerse sin ideas-fuerza, con capacidad de movilización. Por eso, las banderas no son sólo cosas, condensan historias, identidades, luchas. Sin embargo, los símbolos solo encuentran su sentido bajo ciertas condiciones sociales, es decir, se hacen materialmente efectivos cuando se articulan al campo de fuerzas políticas. Históricamente, la lucha por los símbolos ha sido una querella por representar a la nación. En Bolivia existen dos modos fundamentales de interpretación de la “patria”. La primera oligárquica, en tanto preservación de privilegios y la segunda plebeya, en tanto ampliación de derechos. El Estado nación se constituyó precisamente sobre el supuesto de una cultura homogénea blanco-mestiza, que el proyecto del Estado Plurinacional buscó erosionar con éxitos relativos. Quizás el logro fundamental haya sido la ruptura del imaginario de subalternidad asociado a los indígenas, donde las empleadas domésticas pasaron a ser ministras, diputadas, etc., minando así la jerarquía simbólica que ponían en la cúspide a los sectores tradicionales. En ese malestar anida la degradación de la whipala por parte de la oligarquía cruceña, que no sólo busca recuperar el control total del excedente, sino devolverle a la nación su carácter ideológico y cultural blanco mestizo. De ahí el discurso de “racismo a la inversa” que añora el valor de los capitales étnicos y simbólicos de antaño. Ahora bien, las luchas recientes por la resignificación de la whipala se enmarcan en el proceso de incorporación de los símbolos indígenas en el imaginario del Estado Plurinacional. Esto produjo dos fenómenos que deben leerse en simultáneo para comprender el momento actual. Por un lado, toda construcción nacional, incluida la plurinacionalidad, es una práctica de exclusión/inclusión que menoscaba a ciertos sujetos frente a otros. Los pueblos indígenas de tierras bajas son la alteridad persistente en todos los procesos de construcción estatal. Sin embargo, la incorporación del sujeto indígena tampoco supuso la disolución de los cimientos republicanos, como nos quiere hacer creer cierto liberalismo, que piensa que llegar al Estado es tener el poder. El imaginario republicano continúa más vigente que nunca, en forma de biblias, banderas tricolores y comités cívicos, que añoran el mito de la Bolivia mestiza y que no dudan en mellar cualquier dignificación subalterna. Ese es su núcleo cultural. Los usos políticos de la whipala por parte de élite cruceña buscan precisamente funcionalizar las tensiones interétnicas, asimilando su sentido al andinocentrismo. Desde aquí, los pueblos indígenas y campesinos de occidente son esgrimidos como enemigos, porque el proyecto político oligárquico no admite un gobierno ajeno y solo puede asumir a los indígenas en términos de minoría. La estrategia es generar una fijación partidaria, equiparando la whipala al MAS y despojándola de su capacidad de irradiación. Empero, la whipala ha demostrado ser el símbolo de un exceso que atraviesa el MAS, pero no se agota en él. En eso reside su fuerza. Mientras tanto, es claro que los intentos de oponer la tricolor a la whipala buscarán apelar al imaginario republicano que permanece vigente en muchas capas de la sociedad. Al final, los reiterativos intentos de denigrar a la whipala, no son solo la negación de un símbolo, niegan el cuerpo social y el proyecto político que ella encarna. En todo caso, el Estado Plurinacional ha creado ya un horizonte de sentido que parece irrenunciable y allí no existe oposición entre indígenas y nación. Dice Stuart Hall que la lucha ideológica no consiste tanto en destruir una simbología, sino en rearticularla y subvertir su sentido original. Por eso, mientras ellos necesitan reafirmar que tienen banderas y los otros trapos, hay “trapos” que ya se hicieron banderas y ahí reside el éxito de la lucha cultural. La autora es socióloga.

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La oligarquía cruceña y el mito de la convivencia democrática

Arián Laguna Tras el enfrentamiento político entre el MAS y la oligarquía cruceña el 2008, se produjo un pacto tácito entre ambos: una fracción de la oligarquía cruceña aceptaba el control del MAS sobre el Estado central, pero a cambio ella continuaba reproduciendo su poder económico. Es decir, unos se dedicarían a gobernar, otros a hacer dinero. Más allá de las objeciones éticas que se puedan plantear, lo cierto es que las correlaciones de fuerza mostraban que Santa Cruz y su proyecto regional ampliado no tenían la potencia suficiente para interrumpir el mandato del MAS, pero también que éste no estaba en condiciones de imponer un modelo económico o político alternativo en Santa Cruz. Sin embargo, el error histórico del liderazgo del MAS radicó en creer en este pacto y contentarse con él, pues una cosa es verse forzado a firmar un pacto de no agresión y otra es créerselo. Ahora, aquí está la paradoja pues “el modelo de desarrollo cruceño” tiene como condición de posibilidad la succión parasitaria de recursos estatales, por tanto, el pacto “tú gobiernas, yo hago negocios” es una ficción porque la separación entre economía y política es inviable para cualquier burguesía. Es más, la oligarquía cruceña no solamente se ha beneficiado históricamente del Estado central boliviano, sino que es producto histórico de él. Por tanto, no sólo es importante preguntarnos si la oligarquía cruceña – de forma totalmente contradictoria a su discurso y por tanto de forma sintomática – puede vivir sin el Estado central, es decir, si el modelo de reproducción de la oligarquía cruceña puede sobrevivir sin succionar recursos estatales de forma sistemática, sino cuestionarnos si no se trata de una clase que siempre buscará la toma violenta del poder cuando no tenga el control o al menos acceso al poder del Estado central. En otras palabras, se trata de preguntarnos si no se trata de una clase inherentemente golpista. Los dos fundamentos históricos de la riqueza de la oligarquía cruceña han sido la renta de la tierra y la obtención de recursos estatales a fondo perdido. Sobre estos dos elementos primero han existido y luego han diversificado sus actividades; sin embargo, sus bancos, industrias ligeras y aerolíneas siempre han sido garantizadas y dinamizadas con salvatajes estatales, ya sea a través de créditos a fondo perdido o a través de prácticas monopolistas y acuerdos internacionales solamente beneficiosos para ellos. El primer ciclo de esta forma de acumulación parasitaria fue el de la sustitución de importaciones agrícolas post 52 (arroz, azúcar, carne y madera). No es, como se ha dicho, que el MNR soñó e ideó en su cabeza la construcción de una burguesía moderna y Santa Cruz fue el espacio de concreción de ese proyecto moderno; el MNR era una tensa articulación de diversos sectores desde la izquierda lechinista y porista hasta una derecha de gamonales reciclados (a la cabeza de estos, Wálter Guevara Arze). Santa Cruz se convirtió progresivamente en el espacio de refugio de la derecha emenerrista y de construcción – con directa participación estadounidense – de una élite burguesa que hiciera contrapeso a la amenaza minera comunista y a la movilización campesina andina – en muchos momentos incontrolable. Estadounidenses, emenerristas y militares regalaron tierras, carreteras, maquinarias, ingenios y millones de dólares a fondo perdido a la reconstituida oligarquía cruceña para hacer de ella un grupo dominante en el país; fue un acto puramente político. Justamente cuando el polo izquierdista de la Revolución del 52 intentó retomar el poder con Tórrez y la Asamblea Popular en 1970, la oligarquía cruceña vía Bánzer instauró la dictadura más larga de la historia del país. Tras la derrota de la UDP en 1985, los estadounidenses y los empresarios tanto del occidente como del oriente del país, a través del Eastern LowLands Project, se abocaron al fortalecimiento de la oligarquía cruceña con el inicio de un nuevo ciclo de acumulación, esta vez en torno a la soya. Pero esta vez los cruceños ya no eran cuatro falangistas correteando en la Plaza 24 de septiembre; ya tenían un partido de alcance nacional (ADN) y una importante presencia en el ejército. Eran, además, un conjunto de familias, con nexos no solo familiares sino también empresariales y con espacios corporativos como sus logias y comparsas, dispuestos a tomar el país. No pudieron hacerlo plenamente, pero participaron de todos los gobiernos del ciclo neoliberal. Como decíamos al principio, la relación entre la oligarquía cruceña y el MAS fue complicada. El periodo 2006 – 2008 fue de enfrentamiento abierto; el objetivo era derrocar a Morales y al MAS. Tras un empate no a nivel nacional sino en sus regiones de influencia, se produjo un pacto tácito entre ambos. Lo peligroso es que el liderazgo del MAS se dejó seducir por el modelo empresarial cruceño; no sólo eso, sino que fue penetrado por algunas de sus fracciones. En Santa Cruz, el MAS en esencia es un partido de campesinos y de farmers emergentes, pero los hilos dominantes son tratados de ser controlados por una capa de empresarios camaleónicos. Aquí parece que más que “absorber a Santa Cruz bajo la hegemonía del MAS”, el MAS de Santa Cruz pareció verse envuelto en el modelo de capitalismo rentista cruceño. Sin embargo, mientras unos intentaban seducir a Morales, otros conspiraban visceralmente. Y es que éste es un hecho estructural en la historia de la oligarquía cruceña: está compuesta por distintas fracciones que se dedican a diferentes actividades; en cada uno de los ciclos de relacionamiento con el Estado, algunas fracciones se acomodan al modelo de desarrollo del Estado, pero otras tienen problemas con precios internacionales, acumulación de deudas o sienten amenazadas sus actividades especulativas; son éstas las fracciones que se politizan, utilizan un discurso anti “colla” y lideran los enfrentamientos contra el Estado central. La logia más reaccionaria (y la que mayores conflictos tuvo con el MAS) fue la que lideró el asalto del poder en 2019. Durante su aventura golpista de 2020, uno de sus logros, vía Branko Marinkovic, fue el Decreto

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Coordenadas de cambio en lo cotidiano urbano en nuestras ciudades

Rosa Martha Arébalo Bustamante Observar las transformaciones urbanas de los municipios bolivianos problematizando la realidad a partir de una mirada inclusiva, es la única manera de cimentar la construcción de utopías de equivalencia social y de género en torno a la relación espacio-sociedad. Las practicas diferenciadas de hombres y mujeres en la construcción de la vida cotidiana en general y durante la pandemia COVID 19 en particular y sus diferentes maneras de sentir, apropiarse y usar el territorio, permiten abrir los ojos a las franjas etareas, a los comportamientos femeninos y masculinos dentro de ellas y a la presencia de diferentes grupos sociales y culturales con intereses distintos en el territorio municipal y en el uso activo del espacio público. La mirada de la mujer en el análisis urbano, no supone mirar la ciudad a través de “los ojos de las mujeres», sino más bien escudriñar los roles de ellos y ellas en la construcción del diario vivir, en las formas de uso y manejo de los espacios de vida públicos y privados, relativizando la identificación de la esfera pública como un área del dominio exclusivo del hombre y la privada como dominio de la mujer, más aún como resultado de lo ocurrido en nuestras vidas y ciudades durante la pandemia COVID 19. En el transcurrir de los dos últimos años, tanto la esfera privada, definida por el hogar, la familia y la vivienda; como la pública, precisada espacialmente por el barrio, la ciudad, el territorio plurinacional, han sufrido transformaciones sustanciales que incluyen a las formas de articulación entre ambas. Si bien el “hábitat urbano”, sugiere la media y gran escala, los grandes espacios, en cuya historia de gestación había sido negada la existencia de las mujeres como sujetos, los últimos tiempos traen consigo la reducción de este entorno ampliado a algo muy próximo al “tengo la ciudad a mi alrededor”. Estas nuevas constataciones, refuerzan la afirmación que sostiene que la ciudad, al igual que los comportamientos y relaciones entre hombres y mujeres, son una construcción social, un proceso cambiante, sometido a una interacción recíproca de fenómenos y actores sociales. Dentro del contexto de la pandemia, como emergencia de sus obligaciones domésticas tradicionales, es innegable que las mujeres duplicaron y hasta triplicaron sus tareas al interior del hogar, y los hombres se hicieron conscientes, aun cuando mantuvieron su menor participación, de la importancia de los trabajos de cuidado de la familia, del espacio de convivencia y de las incursiones al espacio inmediato de abastecimiento, salida ocasional y toma de aire y sol. Pese a ello, es evidente que las formas espaciales marcadas y moldeadas por las desigualdades sociales y la dominación de género, acentuaron sus características de fragmentación social y dominación patriarcal. Es innegable que habitar en una vivienda y un barrio mejor dotado, significó y significa el vivir bien dentro de lo adecuado, en tanto que reproducir la vida en unidades habitacionales que mal se pueden llamar “casa” y en barrios deteriorados, implica el vivir mal y pasar peor cualquier tipo de cuarentena La mujer, supuesta consumidora pasiva de los modelos espaciales (casa, ciudad, etc.), vio diluirse sus tiempos de vida en la articulación de formas “flexibles” de trabajo, quehaceres domésticos, correteos para apoyar niños/as, adolescentes, jóvenes y ancianos en labores escolares y de cuidado de la vida, en la consecución (generalmente de las camionetas “mercado”) de bienes de consumo para la familia y, en muchos casos, en el realizar actividades ligadas a trabajos remunerados de distintos tipos. Pero… ¿cuál fue el papel masculino en ese orden de cosas? Quien más y quien menos fue convocado a cumplir con las actividades que le exigía la vida, más esto pasó a ser un pesado deber que se expresó en la mayoría de las situaciones en la elevación de las tensiones internas, en la casa. En paralelo, niños, adolescentes, jóvenes y ancianos de ambos sexos, descansaron dificultades en las madres y en menor medida en los padres. En los hechos para las mujeres este encierro fue agotador, no solo en términos de trabajo, sino también en lo que hace al deterioro psicológico de la sobrecarga, situación que se agravó notablemente en las casas con enfermos/as. Sin entrar en un debate que puede causar mucho ruido, las acciones de los gobiernos autónomos municipales”, son las que podrían haber posibilitado mayores elementos de adecuada convivencia en la vivienda y en el espacio ciudad. El proceso de elaboración o de ajuste de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral Municipal tendría que ser la llave que permita introducir cambios en el modelo territorial de las ciudades. Así, Bolivia refleja un proceso de desarrollo urbano no inclusivo en el que puede observarse: Ciudades caracterizados por su forzada adecuación a las exigencias de la pandemia, sin centralidades que garanticen una atención múltiple a las necesidades de reproducción de la vida de sus entornos, con una gravitación no reconocida del peso de las tiendas de barrio, con calles cuyo uso se redujo al tránsito de los vehículos “mercado”, con ausencia de circuitos de bicicletas que acorten distancias, con recorridos peatonales en aceras con problemas de tratamiento, continuidad, iluminación y sombra, actuando como barreras urbanas permanentes, entre otras. Grandes diferencias en las dotaciones urbanas que se reflejan en las inexistentes posibilidades de resiliencia de los barrios de las zonas periféricas poco densas con viviendas asentadas en la nada o en la precariedad; en comparación con los barrios de grupos sociales altos, medio altos y medios atendidos por los grandes malls o las “camionetas mercado”, trabajando en función de la “clientela”. Municipios que reaccionaron lentamente a su papel de impulsores de las condiciones básicas para el controlado retorno a la normalidad, sin normar el transporte, el uso incrementado necesario de las ciclovías, la combinación de formas presenciales y virtuales para la educación necesarias de cubrir con instalaciones educativas adecuadas, sin mecanismos institucionalizados de participación ciudadana con equidad de género de respuesta organizada a la cuarentena y en general a la pandemia, sin acciones medianamente innovadores y creativas de reconocimiento

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