El colectivo Wiphalas por el Mundo exigió al Comité Interinstitucional de Santa Cruz el “inmediato retorno a la mesa de diálogo” con el Gobierno nacional y “el levantamiento del injustificado paro indefinido golpista” iniciado el 22 de octubre.
Los líderes internacionales, sindicatos, colectivos y asociaciones sociales, que integran esa entidad, denunciaron y condenaron la “transgresión, el terror, la violencia, los ataques contra la paz social y las amenazas contra la vida del pueblo boliviano”, incitados por el Comité Pro Santa Cruz que convocó al paro indefinido que ya lleva 12 días.
“Wiphalas por el Mundo se une al clamor de la abrumadora mayoría del pueblo trabajador boliviano de condena y de rechazo a las acciones violentas golpistas del Comité Cívico Pro Santa Cruz”, señala el comunicado de ese colectivo.
El gobernador Luis Fernando Camacho, otrora dirigente cívico de Santa Cruz, influyó en el Comité Interinstitucional para validar en el cabildo del 30 de septiembre, que reunió a 229.126 personas, la decisión de ir a un paro indefinido en demanda de que el Censo se realice “sí o sí” en 2023, sin considerar los criterios técnicos de ese proceso.
La movilización mostró su carácter violento desde el inicio. El primer día del paro, el 22 de octubre, cívicos apalearon hasta matar al funcionario municipal de Puerto Quijarro, Julio Pablo Taborga; el día 28 de octubre, el subgobernador de Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, agredió a mujeres del pueblo Ayoreo por oponerse al paro y el martes 1 de noviembre unionistas atacaron a pobladores de La Guardia quienes exigen suspender la medida de presión y que la dirigencia del Comité Interinstitucional dialogue con el Gobierno.
El ataque de los unionistas en La Guardia se dio luego de que el lunes, tanto el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, y el cívico Rómulo Calvo aceptaron la conformación de una comisión técnica para que defina la fecha del Censo, y tras el anuncio del Gobierno nacional de reactivar el diálogo con el Comité Interinstitucional la noche del martes.
Mientras entidades como la Defensoría del Pueblo abogan por reinstalar a la brevedad posible el diálogo, los representantes del Comité Interinstitucional volvieron a poner condiciones a un acercamiento, entre ellas que se termine el cerco a Santa Cruz, la liberación de las personas aprehendidas en La Guardia, que el cívico Rómulo Calvo participe de la mesa de diálogo y la abrogación del Decreto Supremo 4760.
Desde el Gobierno nacional, como lo hicieron en varias oportunidades, se ratificó la apertura a generar un acercamiento que permita pacificar a la ciudad de Santa Cruz, donde se centran las movilizaciones.
Luego de expresar su respaldo a la “realización de un Censo técnico no politizado ni manipulado”, el colectivo instó a no permitir “el retorno de la dictadura terrorista ladrona del gobierno de facto de Jeanine Añez y sus secuaces delincuentes”.
“No permitiremos que la paz social, la libertad y la democracia reconquistadas y ganadas en sacrificadas jornadas del pueblo trabajador, sean nuevamente arrebatadas por una violenta minoría de extrema derecha fascista aleccionada por el aprendiz dictador Luis Fernando Camacho y el racista Rómulo Calvo, sirvientes incondicionales del capitalismo salvaje y del imperialismo Yanqui”, apunta el documento.
Anuncian, además, que defenderán “incondicionalmente el Proceso de Cambio y su profundización rumbo al socialismo” y que están “con la reconstrucción del país que impulsa el presidente Luis Arce Catacora”.