A petición del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el Congreso aprobó por décima tercera ocasión la prórroga del estado de excepción para seguir combatiendo a las pandillas, que según el Gobierno salvadoreño están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado.
La prórroga se aprobó con los votos a favor de 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral. Seis opositores votaron en contra, 10 se abstuvieron y uno no asistió.
“Esta Asamblea, gracias a los marcos legales que están dentro de la Constitución y haciendo uso de ellos, seguirá apoyando las decisiones que ha tomado el presidente Nayib Bukele para el bienestar de los salvadoreños”, dijo el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó por primera vez el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, un día después de que se registraran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se veía en el país centroamericano en mucho tiempo.
Según la Constitución salvadoreña, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar mientras existan las causas que lo originaron. Limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Violación DDHH
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos a de derechos y aseguran tener documentado la muerte de al menos 90 personas bajo custodia.
En atención a esas denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró en un comunicado su disposición a visitar El Salvador y prestar ayuda en materia de derechos humanos.
“La CIDH hace un llamado a adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos y garantías suspendidos y reitera su disposición para realizar una visita al país y colaborar técnicamente en la implementación de los estándares interamericanos de derechos humanos”, declaró la entidad.
Protestan contra decisión congresal
Diferentes gobiernos y organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han protestado contra la medida.
Fuente: Los Tiempos