Tras haberse conocido la determinación de un incremento salarial de 5.85% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y un 3% al haber básico, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) los rechazó y responsabiliza al Gobierno nacional y a la Central Obrera Boliviana (COB) por las “severas e irreversibles consecuencias”.
El presidente de la FEPC, Luis Laredo, aseveró que esto repercutirá en la economía del departamento y cuestionó un trato “discriminatorio”, porque no fueron incluidos en las negociaciones.
Entre otros aspectos, Laredo enfatizó que el Gobierno y la COB serán responsables del estancamiento del empleo formal existente, de la caída de la productividad y competitividad frente a países vecinos y mercados internacionales, del incremento de la inflación en un 1% por cada punto porcentual de incremento salarial, del estancamiento del emprendimiento empresarial, de la pérdida de 1% de aporte al PIB, la pérdida de competitividad, la caída de la inversión privada en torno a 1.000 millones por cada 5% de incremento al SMN por ciento, el riesgo de cierre de empresas y migración a la economía sumergida y el freno a nuevas contrataciones e incremento de empleo informal.
Además, acotó los riesgos de profundización de la caída de la productividad laboral que actualmente ubica a Bolivia en el último lugar de América Latina, cinco veces menor de la media ideal; la pérdida del 10% del poder adquisitivo; el riesgo 2 millones de los 6 millones de empleos que genera la iniciativa privada a nivel nacional; el riesgo de pérdida de 750 mil fuentes de empleo digno en Cochabamba.
“Un incremento del 5.85% al salario mínimo nacional y 3% al haber básico demandará un aporte de 658 millones de bolivianos que el sector privado formalmente establecido debería destinar, sin contar el 34% de carga social”, sostuvo el Presidente de la FEPC.
Fuente: Opinión