Evo Morales, a través de sus redes sociales, denunció la sentencia 007/2025 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), calificándola de inconstitucional y una violación al Artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Morales argumenta que el Artículo 168 de la CPE solo restringe la reelección continua por una sola vez, mientras que la sentencia del TCP, con magistrados «autoprorrogados ilegalmente», prohíbe la reelección continua o discontinua. Según Morales, esta decisión modifica ilegítimamente la CPE, ya que solo una Asamblea Constituyente o un referendo, convocado por la Asamblea Legislativa, tiene la competencia para reformarla.
«La Constitución Política del Estado vigente en Bolivia no prohibe la reelección discontinua. El Art. 168 de nuestra CPE, establece: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos POR UNA SOLA VEZ DE MANERA CONTINUA”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con mayoría de magistrados de facto, (autoprorrogados ilegalmente) mediante la Sentencia 007/2025, dispone que ningún ciudadano boliviano puede ser reelecto de forma continua O DISCONTINUA, violando el Art. 168 de la CPE que solo prohibe la reelección CONTINUA.
Con esa sentencia, el TCP está modificando el Art. 168 de la Constitución sin tener competencia constitucional. En nuestro país, la Constitución solo se puede modificar mediante Asamblea Constituyente o a través de un Referendo convocado por Ley que es de competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa y no del TCP.
Por lo tanto, el TCP está ejerciendo de forma inconstitucional las competencias del Legislativo y, además, está usurpando la exclusiva tarea de habilitaciones o inhabilitaciones del Tribunal Supremo Electoral.
No nos sorprende para nada el fallo del TCP que sale luego de la presión y amenaza de ministros del gobierno que se acaba. Es una sentencia política y partidaria que obedece a las órdenes del eterno enemigo del pueblo: el imperio norteamericano.
Es parte del Plan Negro redactado por el gobierno y ejecutado por su ejército de magistrados, jueces y fiscales a los que los controla para consolidar su estrategia de proscripción política al candidato que tiene mayor preferencia electoral.
Seguros de su poder e impunidad temporal que le otorga el gobierno, el TCP pisotea la Constitución y dicta fallos inconstitucionales, arbitrarios y de acuerdo al gusto de los gobernantes. Como es muy difícil encontrar justicia, por ahora, vamos a llevarlos a tribunales internacionales a todos aquellos que prevarican por razones políticas y violan los derechos de los ciudadanos a ser electores y/o ser elegidos en las urnas.»
