La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) aseguró que el artículo 45 de la Constitución Política de Estado (CPE) establece que “la dirección y administración” de la seguridad social “corresponde al Estado” y que “no podrán ser privatizados ni concesionados”.
La aclaración surgió ante la presentación, por parte de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), de un proyecto de ley para que en Bolivia permanezcan las AFP como parte de una competencia con la Gestora, vulnerando los preceptos constitucionales.
“Presentar un proyecto de ley que implique que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) continúen operando en Bolivia, más allá de los tiempos definidos en normas en vigencia, como señala la senadora Andrea Barrientos, contraviene la Constitución Política del Estado de nuestro país”, aclaró la Gestora en un comunicado.
El citado proyecto de ley pretende introducir una supuesta “competencia” entre empresas como la Gestora y las AFP que aún operan en Bolivia, Futuro de Bolivia y Previsión. Este modelo ya se intentó en 1996, sin embargo, a pesar de existir competencia entre las AFP privadas y la posibilidad de los asegurados de escoger entre las mismas, este hecho no se reflejó en beneficios directos para los asegurados.
La Gestora recuerda que la Ley 065, de 10 de diciembre de 2010, determinó la reducción de cuatro a solo una comisión, a partir del funcionamiento pleno de la entidad estatal. De manera puntual, a partir de mayo de 2023, los jubilados dejarán de pagar el 1,31% de sus aportes mensuales a la administración de las AFP.
“Por ejemplo, para una pensión de Bs 3.500, las AFP cobran Bs 46, con la puesta en marcha de la empresa estatal dicho pago dejará de realizarse, incrementándose el monto de la pensión”, detalla la entidad.
Además, alertó que el proyecto de la oposición afecta negativamente a los ingresos de más de 206.000 jubilados en curso de pago, porque pretende dar continuidad al funcionamiento de las AFP y por tanto al cobro de las cuatro comisiones.
A diferencia de las AFP, las utilidades que genere la Gestora se quedarán en Bolivia, beneficiando de manera directa a los mismos asegurados a través de los fondos; Fondo Solidario (FSOL) y Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV).
“El proyecto de ley pretende dar continuidad a un mecanismo que ha permitido que las AFP tengan utilidades por más de $us 220 millones desde 1997, mismos que no han beneficiado a los jubilados ni a los aportantes”, aseguró la Gestora.
Fuente:ABI
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