La testigo clave del ‘caso coimas’ dentro del Ministerio de Medio Ambiente, la mujer que dio información sobre supuesta corrupción en esa cartera de Estado, está desaparecida. Según el fiscal departamental de La Paz, William Alave, la mujer fue convocada a declarar, pero no acudió. Por ello se está tramitando la declaratoria en rebeldía, así como una alerta migratoria para evitar que salga del país, indicó la autoridad. “Estamos tramitando, para la testigo -que en su momento dio a conocer muchos detalles de la investigación– la declaratoria de rebeldía. Eso significa que el Ministerio Público la ha buscado, ha generado una investigación y, al no estar presente, se la ha imputado; por ende, se está solicitando que se declare rebelde hasta que ella pueda venir y prestar la declaración”, explicó en conferencia de prensa. Alave invitó a la mujer a brindar la información que conoce sobre el caso: “Le damos las garantías suficientes para que ella pueda ofrecer ante el Ministerio Público, que es el órgano investigador, para que pueda ofrecer todo lo que conoce, todos los detalles que conoce, sobre este hecho”. El fiscal señaló que es indiferente en qué departamento del país se vaya a tomar la declaración de la testigo, y destacó que lo importante es que declare. Por otro lado, evitó detallar la cantidad de personas que ya han brindado información de este caso, aunque señaló que la comisión de fiscales ha estado en Cobija y que, próximamente, estará en Tarija. También se refirió a los testigos dentro del proceso para indicar que, si se encuentran indicios suficientes, su situación procesal puede cambiar a sindicados. El escándalo por presunta corrupción es el resultado del testimonio de una persona que, supuestamente, recolectaba coimas para el entonces ministro de Medio Ambiente, Santos Cruz, quien actualmente está detenido en la cárcel paceña de San Pedro. Al menos dos personas aprehendidas habían comprado inmuebles que pagaron al contado, aunque no fueron puestos a sus nombres, pero tampoco declarados ante la Contraloría General del Estado, según informó, a mediados de mayo, el fiscal Alave. El Deber

El proceso penal contra el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Rómulo Calvo, por el ultraje a la wiphala en septiembre de 2021, entra en su última fase y se avecina la sentencia, informó el abogado de la parte denunciante Marcelo Aliaga. “Vamos a ingresar a la última fase del juicio oral contra el señor Rómulo Calvo, por el caso wiphala, incitación al racismo y la discriminación (…) Estamos en una etapa de desfile de prueba pericial, es la última prueba que falta que se judicialice e ingrese al juicio oral”, explicó el jurista. El caso denominado “ultraje a la wiphala” fue activado a denuncia de asambleístas departamentales del MAS en Santa Cruz. El 29 de abril de 2022, la Fiscalía de Santa Cruz presentó la imputación formal contra Calvo por los incidentes ocurridos en los actos protocolares por la efeméride cruceña en 2021. En esa ocasión, el encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho suspendió sorpresivamente el acto protocolar en la Plaza 24 de Septiembre, minutos antes de que interviniera el vicepresidente David Choquehuanca, quien se desempeñaba como presidente interino. La wiphala fue izada en medio de incidentes en uno de los mástiles de la plaza principal, pero poco después afines a Camacho y la Gobernación lograron bajar el símbolo patrio. Calvo calificó a la wiphala como “un trapo” y aseguró que no representaba a Santa Cruz. “Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”, indicaba el excívico en octubre de 2021, cuando se realizaba el “wiphalazo” o un acto de desagravio. Calvo fue acusado por incitación al racismo, discriminación y ultraje a la wiphala. Aliaga espera que en la próxima audiencia el juez emita las conclusiones del caso y dicte una sentencia condenatoria o absolutoria. La parte denunciante y el Ministerio Público piden que el excívico sea condenado a cinco años de reclusión en Palmasola. ABI