El sobrino del ahora exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, fue enviado a la cárcel bajo detención preventiva por la presunta recolección de coimas.  Se trata de Jhonny A. S. S., quien deberá cumplir un período de seis meses en prisión, mientras se investiga el caso. Asimismo, una de las trabajadoras de la exautoridad denunció que Santos Cruz adquirió 30 inmuebles por el cobro de millonarias comisiones durante su gestión.  “Me entregaron como 29 y 30 documentos de compra-venta de inmuebles, entre Tarija, Pando y Cobija, más tres haciendas”, aseveró la recaudadora. La testigo explicó que Juan Santos Cruz supuestamente conseguía dinero mediante las “coimas” millonarias de empresas que se adjudicaban obras. El capital era invertido en la compra de bienes inmuebles. “Como unas ocho obras que he manejado para el Ministro, como unas ocho obras de millones, todas son arriba de 20 millones. El primer roce que tuvimos entre él y mi persona fue por el tema de las comisiones, porque yo le sugerí que solamente íbamos a cobrar entre 3% y 4%, entre el 8% y 10% era lo que él quería, no le pareció mi propuesta”, relató. Según la declaración que recoge Urgente.bo, el dinero cobrado era depositado en cuentas bancarias a nombre de, al menos, 10 personas, quienes serían “utilizadas”.  Ante estas revelaciones, la recaudadora teme por su vida, pues mencionó que recibió llamadas telefónicas con amenazas de muerte. Incluso, dijo que una persona allegada al exministro se comunicó con ella hace casi una semana para ofrecerle “acuerdos” para que se vaya del país y 200.000 dólares.  “Tengo pruebas, mensajes, audios entre él y yo. Temo por mi vida y la de mi familia. Soy mamá soltera, tengo mis cuatro hijos”, expuso. Debido a esta serie de denuncias, Santos Cruz renunció a su cargo el pasado viernes, confirmó la propia ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

Una nueva víctima de abusos sexuales contó la tragedia que vivió en el colegio Juan XXIII de Cochabamba, a manos de un sacerdote jesuita. Aseguró que cura pederasta Alfonso Pedrajas no fue el único que abusaba a niños, había otros jesuitas que lo hacían con niñas bolivianas, según el reportaje de diario español El País. “Desde hace unas semanas estoy con el corazón dolido, pero con la fuerza para hablar: Pedrajas no fue el único que abusaba de niños en el colegio, había otros jesuitas que lo hacían con niñas”, dice con fuerza Juana, nombre ficticio. La víctima relató como trataba de quedarse despierta en las noches, pero el cansancio siempre resultaba más fuerte y terminaba cerrando los ojos, y es en ese momento que le tocaba vivir un infierno. Y es que ese miedo comenzó al poco tiempo de ingresar como estudiante en el colegio Juan XXIII de Cochabamba, allá por el curso de 1983. Tenía 14 años y una noche, cuenta, se despertó tras sentir unas manos entre las piernas. “Cuando miré debajo de las colchas vi unos ojos claros, brillantes. Eran los ojos del jesuita catalán Francesc Peris. Me moví, no quería que me tocara. Me hizo callar con su dedo: ‘Shhhh’. Esa fue la primera vez”, relató. Juana contó estos pasajes entre lágrimas y sollozos, debido a que los recuerdos de aquellos días volvieron a su mente desde que el diario El País develó el diario secreto del jesuita Alfonso Pedrajas —fallecido en 2009 y antiguo director del Juan XXIII—, en el que admite que abusó de decenas de niños durante décadas y cómo la orden le encubrió. Al enterarse de esa noticia, la tristeza volvió al corazón dolido de Juana, porque no era el único jesuita abusador de niños en el colegio, había otros más que lo hacían con niñas. El testimonio de Juana se suma a las acusaciones de otros siete exalumnos que acusan de pederastia, además de a Alfonso Pedrajas, a otros dos jesuitas y profesores del mismo centro: a Peris, apodado Chesco, y a Carlos Villamil, conocido como Vicu. En ambos casos, aseguran que abusaron sexualmente de niñas durante los años ochenta, según el diario español. Juana recuerda que conoció a Pedrajas unos años antes de ir al colegio porque éste visitaba a su hermano, por entonces alumno del Juan XXIII. Pero indicó que no tiene muchos recuerdos sobre él, solo las visitas que hacía a su madre y detalló que cuando ingreso al colegio Pedrajas ya estaba en las minas. Pedrajas dejó el colegio después de que una de sus víctimas le denunciara ante los superiores. Tras su partida, llegó Chesco como responsable de los alumnos de entre 14 y 15 años. Antes de ser profesor en Bolivia, Chesco había sido docente en el colegio de los jesuitas de Caspe-Sagrado Corazón de Jesús, en Barcelona. Es uno de los acusados de pederastia que aparecen en el primer informe que El País entregó a finales de 2021 al Vaticano y a la Conferencia Episcopal Española. El denunciante contó a este diario que Peris (conocido entre los estudiantes de Barcelona como Cesc Peris) abusó de menores en el centro de Caspe en los años setenta, y que desapareció de allí en 1976. Cuando la Compañía de Jesús en España recibió este caso en 2021, anunció públicamente que lo investigaría. Pero ahora se niega a dar información sobre Chesco y su traslado al país latinoamericano, ni siquiera aclara si está vivo o ya ha fallecido. Luego de haber sufrido los abusos, Juana advirtió a sus compañeras de que no se durmieran y tuvieran cuidado de Chesco. “Esperábamos, esperábamos y esperábamos hasta que el cansancio nos hacía dormir. Había noches que volvía a meter su mano [en sus partes íntimas] y en otras iba directamente a otras camas. Se acercaba a otras chicas y se perdía un rato ahí”, relató. Juana contó a un compañero de un curso superior lo que estaba pasando, pero ambos sintieron temor del jesuita. Entonces el compañero de Juana decidió hacer una caricatura de un hombre metiendo su mano por debajo de la cama de una niña, lo pegó en la vitrina del comedor del colegio, para hacer conocer los abusos que estaban pasando, pero no tuvo éxito. Chesco seguía deambulando entre las camas de las niñas. Hasta que durante un retiro espiritual de los estudiantes en la casa de Taquiña, un edificio de la orden cerca de Cochabamba, la víctima contó lo que hacía Chesco en las noches a las niñas. “Lo único que logré es que me abofeteara, me golpeara y me dijera que me callara, que no dijera nada”, indicó. Como Juana, otros cinco antiguos alumnos corroboran que los abusos de este jesuita era un secreto a voces en el Juan XXIII. Chesco no es el único señalado durante los años ochenta. Manuel López, nombre ficticio de una de las primeras víctimas de Pica que apareció en El País, acusa al jesuita boliviano Carlos Villamil, conocido como Vicu y antiguo director del centro. Según el relato de López, el jesuita cometía sus abusos en el gallinero del colegio. “Allí había como una habitación chiquita, como en el altillo [del gallinero], para que un encargado vigilase las cosas, para que nadie robase. Tenía su mini dormitorio ahí. Este compañero me llevó hasta ese lugar para mostrarme algo: Vicu, sin cerrar la puerta, estaba allí teniendo relaciones sexuales con una estudiante de 17 años”, describió López. El sacerdote falleció en enero de 2023. Fue subdirector del colegio Juan XXIII entre 1977 y 1988, después director en dos periodos, entre 1983 y 1984 (cuando Pica, por entonces director, fue trasladado a las minas de Oruro) y entre 1989 y 1991. Posteriormente, siguió viviendo en Cochabamba y fue superior de la comunidad de jesuitas de allí. También es uno de los nombres que más aparece en el diario de Pica. Retratado como un amigo y compañero fiel. López es una de las dos víctimas que denunció a los jesuitas que

El Gobierno nacional remitió a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que busca declarar la imprescriptibilidad de los casos de violación a niñas, niños y adolescentes, como los cometidos por el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas en un colegio de Cochabamba administrado por la Compañía de Jesús. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó que con la futura norma los delitos cometidos contra la niñez y adolescencia “podrán ser investigados y juzgados cualquiera sea la fecha que se hayan cometido, de modo que los que sean declarados culpables sean efectivamente castigados”. El anteproyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes fue elaborado por el Gobierno antes los hechos “aberrantes” y “no errores”, cometidos por el jesuita español fallecido Alfonso Pedrajas en contra de más de 85 menores de edad que estudiaban en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba, donde él fue director por más de una década. El propio Pedrajas confesó en su diario los violaciones y abusos sexuales que cometió, encubierto por el silencio de sus superiores de la Compañía de Jesús, según reveló un reportaje publicado por el periódico español El País el pasado 30 de abril. De acuerdo con el medio español, cuando el sobrino del jesuita intentó presentar una denuncia ante la justicia en España por el caso, se la rechazó con el argumento de que habría prescrito, por la larga data del delito, como sucede también en Bolivia. Por ello, el anteproyecto de ley plantea la imprescriptibilidad del delito que se comete contra los infantes. “Esta propuesta normativa, que hemos trabajado por instrucción del presidente Lucho (Luis) Arce, quien tiene como prioridad el cuidado y la protección de nuestra niñez, que es lo que tenemos que tener como prioridad en nuestra sociedad, en primer lugar establece la imprescriptibilidad de todo los delitos sexuales”, indicó Prada en conferencia de prensa. Precisamente el artículo dos de la iniciativa señala que “son imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos previstos en el título onceavo de los delitos contra la libertad sexual del Código Penal elevado a rango de ley, por la Ley 1768 cuyas víctimas sean infantes, niños, niñas y adolescentes”. En esa dirección, la propuesta plantea la modificación de los artículos 308 y 308 (bis) del Código Penal para que se sancione a los autores de delitos sexuales cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes y, además, amplía la protección penal frente a estos delitos por parte del Estado. Además de su protección, todas las entidades del Estado deberán garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia. La iniciativa señala, en su artículo tercero, que mínimamente se deberá proporcionar a las víctimas y de “carácter gratuito: a) información y asesoramiento de acuerdo con el grado de madurez de la víctima; b) patrocinio legal; c) facilitación y acompañamiento; d) tratamiento sicológico y siquiátrica especializado con perspectiva de género y niñez y e) asistencia médica”. Con la norma, que Prada espera sea aprobada con celeridad en la Asamblea, se establecerán, además, mecanismos de lucha contra la impunidad en delitos contra la libertad sexual cometidos en contra de infantes, niñas, niños y adolescentes al amparo de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, ratificada por la Ley 1152 y por la Constitución Política del Estado. Prada señaló que con la consideración de la propuesta también se abrirá el debate de cómo se deben encarar los casos que hasta el momento se han denunciado y cómo proceder con aquellos encubridores de los delitos de violación y abuso sexual. Por ello, la ministra llamó a todas las incitaciones del Estado a actuar de manera coordinada para que estos hechos no queden en la impunidad. Hasta la fecha, el Ministerio Público recibió ocho denuncias de pederastia contra religiosos en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Mientras que el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informó que ya se “habrían sumado 200 víctimas, cuando menos, en diferentes casos denunciados” por pederastia.

Un análisis financiero realizado por el Viceministerio de Transparencia reveló que una funcionaria, Rosa Viviana Bautista, y un sobrino del ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Juan Santos Cruz, adquirieron un total de 11 inmuebles en Tarija y Pando, y movieron al menos 2,7 millones de bolivianos en tres años, todo con dinero de presuntas coimas que favorecieron al titular de esa cartera de Estado. La mayor parte de las transacciones se hicieron en efectivo en la gestión 2021. Según la denuncia presentada por la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, documento al que Página Siete tuvo acceso, esa entidad “tomó conocimiento de posibles hechos o actos de corrupción en los que habrían incurrido los señores Jhonny Alexander Santos Sánchez (dependiente del MMyA durante las gestiones 2019 a 2022), sobrino de Juan Santos Cruz, actual ministro de MMAyA, y Rosa Viviana Bautista (de noviembre de 2020 a febrero de 2023)”, señala la parte inicial del texto. La querella sigue: “Quienes habrían adquirido varios bienes inmuebles y muebles, además de haber construido un frigorífico; presumiéndose que dichas adquisiciones y construcciones serían con dineros entregados por direccionamiento de contrataciones; utilizando asímismo a personas particulares y a servidores públicos para que realicen depósitos a favor de los denunciados, presumiéndose con la finalidad de no levantar sospechas incrementando con ello desproporcionalmente su patrimonio”. El “negociador” El documento no revela la fuente de información, sin embargo se conoce que los datos provinieron de una persona que afirma que trabajó con el ministro Santos desde su designación, en 2020, con el fin de “negociar” el cobro de coimas a los representantes de las empresas que se adjudicaron contratos con dicho ministerio. En esa línea, el “negociador” aseguró que desde esa fecha hasta enero de 2023 recaudó y entregó al menos 19 millones de bolivianos en coimas al ministro Santos. Gran parte de ese dinero fue entregado en efectivo, tanto al ministro Santos como a otras personas, entre ellas su sobrino y Bautista. Los montos también se depositaron a ocho cuentas bancarias, según esa fuente. El “negociador”, que dio detalles sobre cómo fue su trabajo bajo órdenes de Santos en estos tres años, relató que en las últimas horas el ministro Santos lo contactó por medio de una persona, en Santa Cruz, la que le ofreció 50.000 dólares para que ya no haga más denuncias y salga del país. Afirma que rechazó el ofrecimiento, pero no recibió ayuda de la Policía, a la que denunció este último hecho. Los dos aprehendidos El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este viernes que tanto Jhonny Santos como Viviana Bautista fueron aprehendidos y serán procesados en La Paz, donde se admitió la denuncia. Asimismo, señaló que aún no se tiene programado convocar a declarar al ministro Santos, debido a que los indicios colectados hasta el momento sólo incriminan a los dos primeros. “Con relación a su patrimonio (según la información reportada por Derechos Reales) se identificó que (Jhonny Santos Sánchez) registra derecho propietario de cinco bienes inmuebles (en Tarija), los cuales fueron adquiridos durante los meses de junio y julio de la gestión 2021, aclarando que cuatro de ellos fueron adquiridos el mismo día”, señala parte de la denuncia presentada por la viceministra Ríos. El salario de este funcionario era de 4.529 bolivianos. Asimismo, el documento dice que Jhonny Santos era propietario de una vagoneta y una motocicleta, pero que, según los informes sobre carga de combustible, de manera sospechosa este funcionario compró gasolina para otros dos vehículos de manera recurrente. Ninguno de los motorizados e inmuebles fueron registrados en su declaración jurada de bienes en la Contraloría y en la denuncia no figura el valor económico estimado de las propiedades. Los datos también señalan que fue en una de esas propiedades que se edificó un frigorífico con la inversión de 663.909 bolivianos, por los materiales de construcción, pagados en efectivo por Viviana Bautista. Sobre la mujer, que tiene domicilio en Pando, la denuncia detalla “que la investigada registró en dos notarías la adquisición de seis bienes inmuebles en la gestión 2021, es decir que fueron adquiridos durante el ejercicio de funciones en el MMAyA, por un valor total de 920.384 bolivianos”, detalla el documento. Se remarca que ese patrimonio no figura en la declaración jurada hecha a la Contraloría, lo que hace presumir que se pretendía evadir la fiscalización de estas adquisiciones. El salario de la funcionaria era de 6.906 bolivianos. Los registros financieros revelan que tanto Jhonny Santos como Viviana Bautista no realizaron movimientos bancarios para hacer las compras de los inmuebles, ni registran hipotecas, préstamos u otros, por lo que se concluye que esas transacciones se hicieron en efectivo. Cuentas bancarias En relación a los movimientos económicos, tanto en efectivo como por medio de cuentas bancarias, la denuncia señala que Jhonny Santos solo podía justificar el ingreso de 71.481 bolivianos, provenientes del pago de sus haberes. En cambio, quedan dudas sobre el manejo de al menos 297.435 bolivianos que ingresaron por dos cuentas. En el caso de Bautista, solo podría justificar el ingreso de 146.694 bolivianos a sus cuentas, pero queda en duda el origen de 607.820 bolivianos que se le depositaron en diferentes montos y a lo largo de este tiempo, “operaciones de las que se desconoce el origen y destino, lo que da como resultado el incremento desproporcional de su patrimonio a sus ingresos legítimos”, concluye otra parte del documento. Fuente: Página Siete

Presionado por un presunto caso de corrupción, y por denuncias que datan desde marzo de este año, el ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Juan Santos Cruz, finalmente presentó su renuncia de manera irrevocable. Así lo anunció, en conferencia de prensa ese sábado la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien adelantó que el presidente Luis Arce aceptó la carta de dimisión que presentó el funcionario. Ya en marzo de este año el diputado del MAS, Gualberto Arispe, había denunciado al ahora exministro por supuestos hechos de corrupción relacionados con cobros irregulares y adquisición de bienes inmuebles por medio de palos blancos. El legislador anunció una investigación por este caso. “Vamos a iniciar las investigaciones correspondientes de estos documentos que hemos visto en el tema de derechos reales, nos indican de manera muy preliminar que todo lo registrado es a partir de que el ministro asume la cartera en el Ejecutivo, en todo caso hablamos de corrupción, es una primera parte de bienes, se viene una segunda parte que es netamente de los movimiento económicos y estamos hablando de más de 20 millones y eso en su debido momento lo haremos conocer igual”, señaló Arispe. Hoy Prada leyó la carta de Santos Cruz, quien luego de alegar que no quisiera “empañar el trabajo” del Gobierno y que, frente al ataque mediático, de la “derecha radical” y los “enemigos internos”, anunciaba su renuncia. Debo “defenderme como persona natural”, dice el ahora exministro, según un extracto de la carta leída por Prada. Santos Cruz, posesionado en el cargo el 9 de noviembre de 2020, es blanco de varias acusaciones de cobro de coimas a través de terceros, extremo que, sin embargo, rechazó. Las denuncias contra Santos Cruz volvieron a conocerse la pasada semana en varios medios de comunicación. El caso es investigado por el Ministerio Público y el fiscal departamental de La Paz, William Alave, encargó las primeras pesquisas en el despacho gubernamental. Los últimos hechos que precipitaron su decisión fueron la aprehensión de dos personas, una de ellas el sobrino del exministro, y presuntamente en posesión de nueve viviendas, cuatro en Cobija y cinco en Tarija. La primera de ellas fue detenida el jueves en Cobija, una mujer que portaba un monto sospechoso de Bs 653.000. Mientras que el segundo fue aprehendido la mañana del viernes en Tarija. Fuente: Abya Yala, La Razón y Página Siete