El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseguró este martes que en Bolivia la vacunación contra el COVID-19 es voluntaria, gratuita y no obligatoria.
Dio a conocer que sectores de la población, que se oponen a la inmunización en la pandemia, asumieron acciones judiciales contra las medidas aplicadas por el Gobierno mediante los decretos supremos 4640 y 4641.
Con la aprobación del Decreto Supremo 4640, el Gobierno nacional estableció la vigencia de medidas de bioseguridad y prevención de cumplimiento obligatorio hasta junio de 2022 en el marco de la lucha contra el COVID-19.
Además, el Decreto Supremo 4641 establece la implementación del carnet de vacunación en todo el territorio nacional como el documento oficial certificado por el Ministerio de Salud y Deportes que acredita que una persona fue inmunizada.
La norma regula, además, el registro, certificación y verificación de la autenticidad de los resultados de laboratorio para diagnóstico de COVID-19 como es el caso de la prueba RT-PCR en tiempo real negativa con una antelación de 48 horas que deben presentar las personas que no estén de acuerdo con la vacunación.
“Acá estamos garantizando el bienestar colectivo definitivamente, porque acá no hay ninguna vacunación obligatoria. Lo que dicen los decretos es que se debe preservar la salud de toda la población y a quien no desee vacunarse se le está planteando una alternativa, cuando deba ir a un centro con aglomeración, deberá llevar una prueba PCR negativa”, aseguró en entrevista con Bolivia TV.
Hizo referencia al parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado que establece: “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”.
Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)
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