El ministro de Justicia, Iván Lima, reprochó este domingo que las bancadas de oposición obstruyen el derecho del pueblo de contar con un Defensor.En ese marco, exhortó a las bancadas parlamentarias a respetar el derecho de la población para contar con una Defensoría del Pueblo institucionalizada y con una representación elegida al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional como ordena la Constitución Política del Estado.
Además, demandó cumplir las recomendaciones manifestadas en el informe final del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán.
“El punto 124 del informe es contundente, nos exhorta a todos los actores políticos del Estado Plurinacional de Bolivia, a elegir al Defensor del Pueblo. Es parte de la reforma estructural que tenemos que darle a la justicia en temas de derechos humanos, es el rol del Defensor”, expresó el titular de Justicia, citado en un reporte.
El 25 de mayo, se dio a conocer el informe final del Relator Especial de Naciones Unidas, García- Sayán, tras su visita realizada a Bolivia en febrero de este año a invitación del Gobierno de Bolivia.
En el documento se hace mención al “drama de la impunidad” que afecta a las víctimas de las graves vulneraciones de los derechos humanos registradas entre 2019 y 2020, además de observaciones y recomendaciones en relación al acceso a la justicia, transparencia, independencia, elección de Defensor del Pueblo y otros puntos.
Al respecto, el titular de Justicia indicó que la minoría política con representación parlamentaria, debe dejar el cálculo y permitir que el país cuente con dicha representación, centinela constitucional de los derechos humanos.
“Han inviabilizado la elección de Defensor del Pueblo, pero esto no puede limitarnos, por la necesidad que tienen los bolivianos de memoria, verdad y justicia, y la defensa de los derechos humanos. En este momento tenemos siete hombres y mujeres que han decidido optar por el servicio público y no se les puede negar ese derecho, tampoco se puede negar el derecho de la población de contar con una Defensoría”, sostuvo.
A pesar que el proceso cumplió todas las etapas en apego al reglamento redactado en consenso con los frentes políticos de mayoría y minoría, la elección del Defensor del Pueblo se encuentra empantanada.
Lima al respecto insistió en que “no puede dejar de funcionar el Estado por el capricho que quiere imponerse; por lo tanto, tenemos la obligación de activar todas las acciones constitucionales que sean necesarias para que el Defensor del Pueblo dé el servicio que requiere el pueblo boliviano y eso es lo que se hará si las dos fuerzas de oposición se niegan a ejercer este rol democrático y el mandato de elegir al Defensor del Pueblo”.
Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)