El Salvador. Ambiguo e incierto. Así se vislumbra el futuro del bitcóin en El Salvador, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma a la Ley Bitcóin en la que se limita la participación del Estado en las operaciones con esa criptomoneda y se le retirara el estatus de divisa de curso legal que adquirió en 2021. «La presente ley tiene por objeto la regulación del bitcóin como curso legal, definido por su poder liberatorio limitado, con aceptación voluntaria para todas las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente, en cualquier transacción y a cualquier título que quieran realizar», se lee en el artículo 1 de la ley reformada. No se precisa qué significa «curso legal» ni qué lo distingue del dólar y el colón, las dos monedas que están establecidas como oficiales en El Salvador desde 2001, aunque en la práctica es la divisa estadounidense la que domina las transacciones. Tampoco está claro de qué manera impactó las arcas públicas el impulso dado al bitcóin por el Gobierno del presidente Nayib Bukele. En su día, el mandatario prometió la construcción de una ciudad –Bitcoin City–, la emisión de bonos y una bancarización masiva, lo que muy probablemente entrañó el uso de fondos públicos para cumplir con esos objetivos. De otra parte, los cambios legislativos se implementaron a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la nación centroamericana pueda acceder a un crédito de 1.400 millones de dólares, necesarios en un contexto de crisis de endeudamiento. De otro costado, el Gobierno ha seguido adquiriendo bitcoins a diario para aumentar sus reservas en bitcóin, como puede constatarse al revisar el portal de la Bitcoin Office del Gobierno salvadoreño. Al 25 de febrero del año en curso, el país contaba con fondos equivalentes a unos 534,7 millones de dólares. Además le abrió las puertas a la compañía tether, tercera criptomoneda por valor de mercado, vetada en la Unión Europea por falta de transparencia Para ahondar sobre estos temas, RT conversó con el periodista salvadoreño Diego Hernández, quien ejerce como director editorial de VOCES Diario Digital y le hace seguimiento sistemático a las políticas anunciadas por el Ejecutivo salvadoreño. OpacidadEn criterio de Hernández, desde el ascenso de Bukele al poder, en 2019, el Estado y el Gobierno de El Salvador «han optado por la vía de la opacidad de la información pública», lo que hace altamente improbable determinar el impacto que tuvo la adopción del bitcóin como moneda de curso legal ni el destino de los proyectos asociados a esa iniciativa. «Usted me pregunta, por ejemplo, de las arcas del Estado, de los proyectos y qué efectos tendrá esta reforma a la Ley Bitcóin que se hizo recientemente, pues realmente mucho, es que en realidad no se sabe mucho sobre el progreso, sobre el inicio de ciertos proyectos». Para el comunicador, el caso de ‘Bitcoin City’ es emblemático, porque fue «publicitado» y «muy promocionado» por el presidente salvadoreño y por todas las instituciones, pero a la fecha no existe «un reporte o una información o algún documento que constate, realmente, si ese proyecto inició». «Bitcoin City se iba a financiar en lo que Bukele también promocionó, que se llamaban los bonos volcán, los bonos bitcóin. Y esos también se anunciaron, pero hasta el día de hoy, pues, no se han otorgado», abunda. AmbigüedadOtra de las lagunas que aparecen a la vista es el alcance de la denominación «curso legal» atribuida al bitcóin. Hernández es categórico al afirmar que «nadie sabe qué significa eso», pero se atreve a adelantar que, en cualquier caso, la Constitución y las leyes del país establecen los límites. O, dicho de otra forma, se asume que el bitcóin ya no es una moneda de aceptación obligatoria. «En la Constitución salvadoreña dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley […]. Entonces, textualmente, si ya en la ley, dice que bitcóin ya no es una moneda de curso legal, […] ya no tiene la palabra moneda, pues entonces aquí en El Salvador, bitcóin ya no puede ser interpretada como una forma de pago a cambio de servicios o productos», explica. En términos prácticos, detalló, esto implica que «usted ya no puede pagar con bitcóin» en cualquier sitio, pero tampoco «está obligado u obligada a aceptar el bitcóin como forma de pago», como sí sucede con el dólar estadounidense, aunque el periodista aclaró que son interpretaciones bajo la presunción de que no se trata de un error de redacción. «Lo que realmente los ciudadanos, la sociedad civil, o expertas o expertos que forman parte de la sociedad civil, lo único que podemos hacer es especular […], porque, como le digo, el Gobierno ha votado por la vía de la opacidad y entonces si se le pregunta, digamos lo más seguro, es que no respondan a qué se refiere a lo de ‘curso legal’ y pues no existe, digamos, ningún tipo de reglamento», redondeó. Una iniciativa que no cuajóPese a la opacidad gubernamental, está claro que el bitcóin no recibió la acogida que las autoridades esperaban. Así lo reconoció Bukele en una entrevista concedida a Time en agosto pasado. «Bitcóin no ha tenido la adopción generalizada que esperábamos. Muchos salvadoreños lo usan; la mayoría de los grandes comercios del país lo tienen. Puedes ir a un McDonald’s, a un supermercado o a un hotel y pagar con bitcóin. No ha tenido la adopción que esperábamos. El aspecto positivo es que es voluntario; nunca hemos obligado a nadie a adoptarlo. Lo ofrecimos como una opción y quienes eligieron usarlo se han beneficiado del auge de bitcóin», dijo entonces. Empero, casi desde que se anunció la adopción del bitcóin como divisa de curso legal, sonaron alarmas que daban cuenta de que podría tratarse de una apuesta destinada a estar circunscrita en sectores muy pequeños de la sociedad salvadoreña, tal como recoge un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de ese país, fechado en septiembre de 2021. Entonces, aunque el 62,4 % estuvo de acuerdo con la
