Buenos Aires, 10 de marzo de 2025. La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA), organización con 40 años de trayectoria y que reúne a más de ochenta profesionales de medios de todo el mundo, advierte que el acceso a la información oficial se ha visto crecientemente menoscabado en el último año y expresa su preocupación por el deterioro en las condiciones de coberturas periodísticas en territorio argentino. Para ACERA señalar las limitaciones existentes para el desarrollo de la actividad periodística es un tema prioritario. Puntualmente el Estatuto de la Asociación establece entre sus objetivos apoyar “el libre acceso de los corresponsales extranjeros a las fuentes de información”, “defender el derecho a la difusión de la misma” y “promover la libertad del ejercicio de la actividad periodística y protegerla de todo tipo de coacción, injerencia, agresión, discriminación u obstáculos directos o indirectos, así como los que afecten a las personas de los corresponsales extranjeros, de conformidad con el art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, en cuanto establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. A modo de ejemplo de la vulneración del derecho a la información, se encuentran las recientes restricciones en la acreditación de reporteros gráficos durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que encabezó el presidente, Javier Milei, el pasado sábado 1 de marzo; y las medidas de seguridad extra que, ante el clima de violencia creciente, muchos periodistas se ven obligados a tomar para realizar su trabajo en coberturas de protestas, marchas y movilizaciones de la sociedad civil argentina. Corresponsales extranjeros se han visto en la necesidad de comenzar a utilizar cascos, máscaras respiratorias y otros tipos de proteccion durante coberturas en la vía pública. De hecho, tanto la Asociación como otras entidades y sindicatos de prensa vienen señalando y expresando repudio y preocupación ante hechos que terminaron con miembros de esta Asociación y otros periodistas heridos, producto del accionar policial dependiente del Gobierno nacional. A su vez, cabe destacar que el presidente Javier Milei no ofreció ninguna conferencia de prensa desde que asumió hace catorce meses. Ello deriva en que la comunicación del mandatario con medios extranjeros sea extremadamente selectiva, según los criterios políticos y condiciones arbitrarias impuestas por Presidencia. Como correlato, el acceso a ministros y altos funcionarios es de reducido a nulo. La existencia de una cotidiana conferencia de prensa con el portavoz del Presidente es habitual en muchas democracias, pero no reemplaza la información provista de primera mano por los jefes de Gobierno y Estado. De hecho, recientemente el vocero del Presidente, Manuel Adorni, anunció un inminente cambio de modalidad para el desarrollo de dichas instancias con un nuevo protocolo de selección de quiénes podrán estar acreditados en la Sala de Prensa de Presidencia y que incluiría, entre otras situaciones, un “botón silenciador” para evitar repreguntas de los periodistas profesionales o acallar intervenciones que no sean de su agrado. ACERA insiste en la necesidad de que el intercambio y la legítima discusión con la prensa se encaucen en un respeto a estándares básicos del diálogo democrático, sin agravios ni acusaciones falsas, como las proferidas a diario por el presidente Milei, funcionarios, legisladores oficialistas y partidarios. Procedimientos como los enunciados vulneran el derecho de los ciudadanos a recibir información independiente y las garantías de los periodistas para ejercer su trabajo acorde a los parámetros estipulados en la legislación vigente, avasallando la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información y el respeto por el trabajo periodìstico profesional. La Asociación propone públicamente, así como lo ha hecho en instancias privadas, la apertura de una mesa de diálogo con el Gobierno para reconsiderar procedimientos que contradicen la letra de la Constitución, e invita a los poderes Legislativo y Judicial a atender la cuestión.
