Un reo del penal de San Pedro de La Paz falleció anoche, con lo que la cifra de decesos en cárceles del país en lo que va del año se elevó a nueve. La Dirección de Régimen Penitenciario confirmó la nueva muerte y está a la espera del informe del examen médico forense para explicar las causas. El director General de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que a las 20.50 de ayer recibió el reporte de que un reo de apellido Pacheco, de 51 años, se “desvaneció” y murió. El informe preliminar señala que padecía de una enfermedad patológica, el recluso se encontraba encarcelado por el delito de abuso sexual desde hace un año. “La información que se tiene es (que) se habría desvanecido en su sección, Los Pinos, del penal de San Pedro, es una sección (que es) parte de la población grande que tenemos allá. Lo han llevado inmediatamente para reanimarlo, han logrado restablecerlo, (pero) en lo que llamaban a la ambulancia, nuevamente se ha desvanecido y ha fallecido”, informó Limpias a la ANF. La autoridad señaló que los primeros informes preliminares de los médicos del centro y del personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) es que el reo falleció por una patología que padecía hace bastante tiempo. Fuentes cercanas informaron a este medio que la enfermedad que atravesaba era tuberculosis y que no había recibido la atención correspondiente. Limpias aseguró que el privado de libertad no tiene ningún signo de violencia, por lo que se descarta que el reo haya fallecido tras alguna riña o pelea al interior del penal de San Pedro; sin embargo, resaltó que están a la espera del informe del examen médico forense para poder explicar las causas. “En el mes de enero ha tenido una salida de emergencia al Hospital con parte de diagnóstico reservado por algunas patologías que él tenía, seguramente parte de esa situación va ser el informe que van a establecer”, el director nacional de Régimen Penitenciario. La autoridad aseguró que el personal penitenciario siguió todos los protocolos exigidos, pero será la FELCC la que realice la investigación. Además, enfatizó que es el único hecho que se registró en este mes, pero “sí hay hechos que si han fallecido (reos) en hospitales por temas de enfermedades y todo eso”. Hasta febrero sumaban ocho los fallecidos al interior de recintos penitenciarios del país. De esa cifra, al menos cinco casos son investigados porque tres de los decesos se produjeron por causas naturales, informó entonces Régimen Penitenciario. Correo del Sur

La fiscal especializada en delitos en razón de género, Jimena A. Barrios, determinó medidas de protección para la recién electa presidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, Daniela Cabrera. Además, prohibió al alcalde Manfred Reyes Villa y otros munícipes que la “intimiden o molesten por cualquier medio o a través de terceras personas” mientras dure el conflicto que se generó en torno a la nueva directiva del Concejo. La resolución fiscal también prohíbe a Reyes Villa y a sus colaboradores, Diego Murillo, Mauricio Muñoz y Gustavo Camargo, “acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes y descendientes, o cualquier otro espacio que frecuente” Cabrera. Estas medidas de protección fueron interpuestas paralelamente a la denuncia de acoso político que planteó la presidenta del Consejo Municipal cochabambino contra Reyes Villa, luego de que este y sus colaboradores adoptaran una serie de acciones para presionarla a renunciar al cargo al que acaba de ser elegida e incluso a su curul como concejal. El pasado 3 de mayo, la entonces presidenta del Concejo Municipal, Marilyn Rivero, convocó a votar para renovar la directiva y se postuló a la reelección. Luego de dos votaciones, el Concejo eligió por mayoría a Daniela Cabrera, concejal por Súmate, la agrupación mayoritaria. Después de esto, el grupo de Súmate que estaba por la reelección de Rivero, apoyado por el alcalde Manfred Reyes Villa, convocó a la población a desconocer el acto del Concejo y a presionar, con tomas, protestas y un cabildo, para lograr la renuncia de Cabrera y Claudia Flores, que también es de Súmate y es la nueva secretaria del Concejo. En ese marco, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia emitió un pronunciamiento para recordar que las presiones con el fin de lograr la renuncia de una mujer de un cargo político constituyen el delito de acoso político, que está tipificado en el Código Penal.  Los Tiempos

El Gobierno de Jeanine Áñez autorizó “misteriosamente” en 2020 la capitalización del intervenido Banco Fassil, pese a que en 2019 se le negó porque no cumplía requisitos de la entidad de regulación, afirmó en las últimas horas el presidente Luis Arce. “Había solicitudes de capitalización que estaba haciendo Fassil en ese momento (en 2019), ASFI tenía que aplicar la normativa, son como 20 millones o 40 millones, no recuerdo exactamente la cifra, pero habían pedidos de Fassil para capitalizarse como banco”, rememoró en una conferencia de prensa con periodistas en Casa Grande del Pueblo. A pesar de la insistencia, no se le dio curso y, por el contrario, se instruyó una mayor fiscalización. “Cuando yo estuve de ministro (de Economía, en 2019), y estuvimos viendo con la ASFI, no se produjo esa capitalización que, misteriosamente, en el gobierno de facto, sí se lo hizo”, reveló sin dar mayores detalles. Arce desafió a los periodistas investigar “si fue una situación normal” la autorización de esa capitalización de la entidad financiera, que el 26 de abril fue intervenida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en virtud al incumplimiento en el pago de una y más obligaciones contraídas con sus clientes. “Ustedes (a los periodistas) pregúntense si fue una situación normal, eso se los dejo para que ustedes investiguen porque lo cierto es que al final se produjo la capitalización que nosotros habíamos negado, porque no cumplía los requisitos simplemente, no por otra cosa”, aseguró. Si bien eso sucedió en 2020, de acuerdo con Arce, la situación del ahora intervenido Banco Fassil empezó a generar “ruido” desde el 2019, cuando los afiliados a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia se quejaban porque esa entidad financiera estaba pagando las tasas más altas del sistema financiero por depósitos a plazo fijo (DPF). Ofrecía 6, 7 y 8 por ciento de intereses, cuando en el resto estaban en promedio entre el 4 y 4,5 por ciento al año. Fue entonces que empezó la labor de fiscalización a Fassil, sin embargo, ésta fue paralizada en noviembre de 2019, según Arce, con la ruptura del orden constitucional. Si bien esta labor se retomó en 2021, los ejecutivos de la entidad financiera respondían a la fiscalización con amparos y procesos a los funcionarios de la ASFI. Ya en estos últimos meses, Fassil reportó problemas de liquidez, no pagaban cheques y suspendió el uso de tarjetas, “todo un caso hasta que ocurre la intervención de ASFI”, indicó. Arce afirmó que, si bien el caso de esta entidad generó “ruido”, no involucra a todo el sistema financiero porque “está sano, está bien”. Hasta el momento, cuatro exaltos ejecutivos del Banco, acusados por delitos financieros, están con detención preventiva: Ricardo M. O., Presidente Ejecutivo de la entidad financiera; Jorge Arturo CH.V., Gerente general; Hernán S. V. D, ejecutivo; y Hermes Hugo S. C. ejecutivo. Fuente: Oxígeno