La exviceministra y exdefensora del Pueblo, Nadia Cruz, acusó al gobierno de ejercer persecución penal contra un dirigente indígena originario campesino, al imputarle cargos de «terrorismo», alzamiento armado y daño a bienes del Estado. Cruz vincula estas acusaciones con la movilización de octubre del año pasado.
Cruz calificó esta acción como un caso más de uso abusivo y excesivo de la persecución penal contra opositores. Reconoció la posible existencia de hechos ilícitos durante las movilizaciones de 2024, pero enfatizó que esto no justifica la criminalización del bloqueo ni la imputación de delitos a sus dirigentes.
