Este martes un tribunal de Nagoya (cuarta ciudad más grande de Japón) dictaminó que la falta de reconocimiento legal al matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional, en el que se considera el segundo fallo de este tipo emitido por una corte del país asiático. La decisión judicial, probablemente, aumente la presión sobre el Gobierno para que acelere los esfuerzos en favor de la protección de los derechos de las minorías sexuales; pues Japón resulta la única nación del Grupo de los Siete sin protección legal para el matrimonio igualitario. Ante una demanda presentada por una pareja homosexual de unos 30 años, los jueces argumentaron que impedir ese tipo de uniones va en contra de la Constitución, que estipula la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. El texto del fallo especifica que las legislaciones vigentes en Japón «ni siquiera brindan un marco para proteger las relaciones de parejas del mismo sexo», violando el artículo 14 de la Constitución, que garantiza el derecho a la igualdad, y el artículo 24, que garantiza la libertad de matrimonio. No obstante, el Tribunal de Distrito de Nagoya desestimó la solicitud de los demandantes de que el estado les pagara a cada uno 1.000.000 de yenes (7.100 USD) en compensación. Al dictar el fallo, el juez Osamu Nishimura aseveró que más personas apoyan el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, y que el razonamiento detrás de la exclusión de esas parejas del sistema de matrimonio legal se está volviendo «inestable», lo que resulta «difícil de ignorar». El veredicto fue acompañado por la alegría de la pareja y simpatizantes, quienes, fuera de la corte, ondeaban banderas identificativas de la comunidad LGBTIQ+, al considerar el hecho como otro paso hacia la igualdad matrimonial en el país asiático. La decisión judicial sigue a otra similar adoptada por un tribunal de Sapporo (norte) en marzo del 2021, la cual también argumentaba que el Código Civil y la ley de registro familiar en Japón violan las garantías constitucionales de igualdad ante la ley. Telesur

El Centro Handala para Presos y Exprisioneros declaró este martes, mediante un comunicado, que se llegó a un acuerdo entre los presos del Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Servicio Penitenciario de Israel con el fin suspender la huelga de hambre por parte de los reclusos palestinos en dichas cárceles. Los prisioneros tomaron tal medida hace unos días, en apoyo a sus compañeros enfermos y para enfrentar el ataque a sus líderes puestos en cautiverio. Específicamente, después de que las autoridades de ocupación israelíes devolvieran al prisionero enfermo, Walid Daqqa, a la clínica de la prisión de Ramla, cuando este había sido trasladado al Hospital Assaf Harofeh, debido al deterioro de su estado de salud. En un escueto comunicado, la institución indicó que el convenio se produjo posteriormente a que esta pusiera fin a las penas impuestas contra el secretario general del Frente Popular, Ahmed Saadat, y sus dos compañeros, Ahed Abu Gholami, y Walid Hanatshe. Las fuerzas de ocupación habían transferido a dichos compañeros palestinos a confinamiento solitario desde el 8 de mayo. Esto se enmarca dentro de la feroz campaña sionista llevada a cabo por las autoridades de ocupación contra los líderes palestinos, especialmente los prisioneros. Por otro lado, las autoridades de ocupación pospusieron la sesión del tribunal para la liberación inmediata del prisionero Walid Daqqa, según un comunicado emitido por su familia y la campaña por su liberación. Telesur

Al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, habrían fallecido en El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado durante la vigencia del régimen de excepción, implementada por el Gobierno de Nayib Bukele, según él para «combatir’ a las pandillas», denunció este lunes una organización no gubernamental local. La organización Cristosal en un informe presentado este lunes explica durante la presentación que es la primera vez, a través de una investigación, que «se verifica y se documentan las muertes ocurridas al interior de los centros penales, es decir bajo custodia del Estado». De acuerdo a la denuncia, durante el año transcurrido entre el 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023, han sido documentadas 139 personas que han muerto bajo custodia estatal.  De las 139 muertes, de acuerdo con el informe, cuatro son mujeres y el 46,3 por ciento de las personas fallecidas tenían edades entre 18 y 38 años. El informe señala que, hasta abril, el número de casos de personas fallecidas aumentó, ya que Cristosal documentó 153 casos y que hasta el viernes pasado, día 26 de mayo, «se había verificado 160 personas muertas bajo custodia estatal». El documento apunta que se identificaron patrones de muertes por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes. Se identificaron cadáveres con laceraciones, hematomas que evidencias golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento y otros signos de tortura, señala. En ese mismo sentido, el informe apunta que «ahora los policías y militares [salvadoreños] son responsables del 21,7 por ciento de los desplazamientos que conoce» la organización no gubernamental. Señaló que el 56,2 por ciento de los desplazamientos «sigue siendo cometido por las pandillas», esto «nos genera el cuestionamiento con respecto a la efectividad de esta política», en referencia al régimen de excepción. En el informe se explica que para obtener la información, llevaron a cabo investigaciones de campo, incluidas en fosas comunes, recolección de una amplia documentación fotográfica de los cuerpos y de esquelas del Instituto de Medicina Legal (IML), así como entrevistas a familiares, vecinos, conocidos de las personas fallecidas y a personas que estuvieron detenidas. La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó el 16 de mayo la decimocuarta prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022, tras una escalada de los homicidios y que ha dejado más de 69.000 detenidos. Telesur