Guillermo Parada, actualmente en proceso de extradición desde Panamá hacia Bolivia por el mega caso de corrupción de los ítems fantasmas en Santa Cruz, declaró en contra de su hermano Antonio Parada por haberlo involucrado en las investigaciones que se llevan a cabo para revelar quiénes son los responsables de robar más de Bs 48 millones al municipio cruceño.
En una grabación de la audiencia de Guillermo Parada en Panamá, respondió a la magistrada Giorgina Ortuño que “no estaba de acuerdo” con ser extraditado.
Acorde a su versión, el escándalo de corrupción se dio a conocer por un problema entre Antonio Parada y su ex mujer, esta última habría denunciado que Antonio y otros cinco funcionarios de la anterior gestión de la alcaldía de Santa Cruz son los responsables de la red de corrupción basada en cobrar el salario de ítems de funcionarios que no asistían a sus trabajos. Junto a ellos, en calidad de cómplices, estarían 17 trabajadores de una cooperativa que prestaban su nombre y documentos para que se registraran los ítems fantasmas.
Guillermo Parada afirmó que este esquema de corrupción es real pero que él no habría participado, sino directamente su hermano que, además de los 17 trabajadores, también habría involucrado a otras 800 personas. Según Guillermo Parada, estos 17 trabajadores que perdieron sus empleos por este caso de corrupción, por venganza, se habrían puesto de acuerdo para inculparlo como el responsable de reclutarlos.
Como prueba de su versión ante los magistrados panameños de que no estuvo involucrado en el caso, afirmó no tener grandes fortunas ni bienes de lujo. Al contrario, supuestamente solo tendría una casa y una vagoneta, que si bien “lujosa”, sería modelo 2011.
Pesan dos órdenes de aprehensión en contra de los hermanos Parada por el caso de los ítems fantasma. Desde su detención en Panamá el 30 de diciembre del año pasado, Guillermo Parada está a la espera de que las autoridades judiciales del país caribeño cumplan los 60 días estipulados en sus leyes para determinar si lo extraditan por causas penales, como demanda el Estado boliviano.
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