Justicia

POR rechaza acusaciones de vinculación al intento golpista y denuncia maniobra distractoria del Gobierno

El Partido Obrero Revolucionario (POR) de Bolivia emitió un claro comunicado desmintiendo las acusaciones del gobierno de Luis Arce que lo vinculan al intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024. La organización trotskista calificó estas imputaciones como «una maniobra distractoria para ocultar el fracaso del gobierno frente a la crisis económica y sus propias divisiones internas». El POR negó categóricamente cualquier participación en los hechos y rechazó la versión oficialista que señalaba que uno de sus miembros aspiraba a un ministerio, reafirmando sus 90 años de tradición de lucha revolucionaria «contra el reformismo burgués y los golpes de Estado». El documento del POR desmiente categóricamente su participación en la intentona golpista del general Zúñiga y rechaza la acusación de que uno de sus miembros, el profesor José Luis Álvarez, aspirara a ser ministro de Educación. El POR enfatizó su rechazo clasista tanto al gobierno del MAS como a las aventuras golpistas, apelando a la movilización obrera como alternativa. El partido destacó la contradicción del oficialismo al homenajear a figuras trotskistas como Miguel Lora mientras acusaba al POR de conspiración. «El MAS utiliza calumnias para dividir al movimiento popular», señaló el documento, que recordó la histórica oposición del POR a cualquier forma de golpismo. Con un tono combativo, el comunicado concluyó haciendo un llamado al proletariado a no caer en las «calumnias» oficialistas y a mantener la lucha independiente. Reafirmó su compromiso con el camino hacia el socialismo revolucionario, distanciándose tanto del gobierno como de la oposición tradicional. El pronunciamiento del histórico partido de izquierda radical se da en medio de la creciente tensión política en el país, donde el oficialismo insiste en su narrativa de conspiración mientras enfrenta una severa crisis económica y social.

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Tribunal de Santa Cruz admite acción de libertad para abogado Valda vinculado al golpe de Estado de 2024

Un tribunal cruceño ordenó este viernes el traslado inmediato del abogado Jorge Valda —detenido por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de junio de 2024— al admitir una acción de libertad que alega vulneración a su derecho al debido proceso. Valda deberá asistir a una audiencia virtual hoy a las 17:00 desde Santa Cruz. El recurso, presentado por el abogado José Miguel Islas Rivero, alega vulneración al «derecho al debido proceso, seguridad jurídica y derecho a la defensa» de Valda. El tribunal exige informes a las autoridades accionadas, incluyendo al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, sobre los hechos denunciados. En el documento se señala: “Se admite la acción de libertad y se ordena la citación de las autoridades accionadas con el objeto de que se presenten informes sobre los hechos denunciados, orden que será obedecida sin observación ni excusa” Valda fue detenido este viernes tras ser señalado por el gobierno como partícipe en los eventos del junio de 2024. Su defensa sostiene que la aprehensión carece de sustento legal y busca mediante esta acción restablecer sus garantías constitucionales. La audiencia virtual de esta tarde determinará si se concede o no la libertad del abogado, en un caso que revive el debate sobre el manejo judicial de los implicados en la crisis política del año pasado.

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Exgeneral Zúñiga denuncia obstrucción del Ministerio Público en investigación por hechos del 26 de junio.

La nueva defensa legal del exgeneral Juan José Zúñiga denunció que el Ministerio Público rechaza la ampliación de su declaración informativa sobre los sucesos del 26 de junio en la Plaza Murillo. La abogada Silvia Tapia protestó contra la comisión de fiscales, calificando el decreto de rechazo como «manuscrito con una letra que parece más de médico que de un profesional jurista». Tapia afirmó que Zúñiga guardó silencio durante nueve meses debido a un mal asesoramiento, pero ahora busca revelar detalles cruciales. «Mi defendido tiene todo el derecho, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, de solicitud de ampliación de declaración las veces que considere necesario, pero se puede evidenciar que el Ministerio Público estaría obstaculizando o estaría negando el derecho», declaró la abogada. «Mi defendido en ningún momento ha intentado un golpe de Estado, jamás ha intentado un golpe de Estado. Él solamente ha cumplido las órdenes«, aseguró Tapia. La defensa alega que Zúñiga buscaba evitar un derramamiento de sangre con su acción y considera que el exgeneral es un perseguido político, señalando la supuesta construcción de una celda para él días antes del 26 de junio. Durante su aprehensión, Zúñiga declaró que Arce buscaba aumentar su «popularidad» ante las protestas por la falta de combustible y dólares, y calificó los hechos como un «autogolpe». El Gobierno niega la versión de Zúñiga y califica los hechos del 26 de junio como un golpe fallido. El Ministerio Público señala que Zúñiga no mencionó un autogolpe en su declaración inicial. Vía: ERBOL

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20 años de cárcel para el hombre que abusó y embarazó a su propia hija de 15

04/04/2025 COCHABAMBA El hombre deberá cumplir su sentencia en el penal de El Abra. Desde el Ministerio Público en Cochabamba se informó sobre la sentencia que un hombre de 39 años recibió, tras ser identificado como el autor del delito de Violación a su propia hija de 15 años, misma que quedó embarazada producto de las constantes agresiones sexuales que sufría. El Tribunal de Sentencia en lo Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres N° 1 de Quillacollo dictó condena de 20 años de presidio, tras que la fiscalía demostrara que Hilarión Q.C., de 39 años de edad, es autor del delito de Violación con Agravante contra su hija, sentencia que deberá cumplir en el penal de El Abra. “Entre las pruebas presentadas durante el juicio están el certificado médico legal que demuestra la existencia del hecho delictivo, el acta de entrevista, la fotocopia simple del certificado de nacido vivo del bebé de la víctima y el agresor, entre otros que fueron valorados por las autoridades jurisdiccionales, que dictaron condena de 20 años de cárcel para el agresor”, dijo el Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos. Dentro de los antecedentes del caso, el hecho se registró el año 2018 cuando Hilarión llegó a su casa, en el municipio de Quillacollo, en estado de ebriedad junto a su esposa y cuando ella se durmió, él fue a la habitación de su hija donde la agredió sexualmente, luego la amenazó para que no cuente nada. El hecho se repitió en una oportunidad más cuando la madre de la víctima fue al mercado con sus otros hijos, hecho que fue aprovechado por el progenitor que volvió a agredir a su hija quien, cansada de las agresiones, decidió contar todo a su madre, debido a que también se enteró que estaba embarazada. FUENTE : RED UNO

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Aníbal Abel Aguilar Gómez, un hombre de 72 años recluido en el penal de San Pedro de La Paz, por el caso golpe fallido denuncia: «Me obligaron a declararme culpable»

Aníbal Abel Aguilar Gómez, un hombre de 72 años recluido en el penal de San Pedro de La Paz, denunció mediante un comunicado público las irregularidades en su proceso judicial y el deterioro crítico de su salud durante los nueve meses que lleva detenido. El adulto mayor, con diagnósticos de pólipos, quistes, hernias, gastritis y antecedentes de pre-cáncer, asegura que su encarcelamiento vulnera sus derechos fundamentales. En el documento, Aguilar Gómez revela que aceptó un proceso abreviado bajo «engaños, presiones psicológicas y amenazas», pero que ahora retira esa solicitud para reafirmar su inocencia. «Nunca tuve participación en los hechos del caso Plaza Murillo que se me imputan», sostiene, mientras denuncia que nunca se presentaron pruebas ni su declaración vinculante de forma pública. El detenido exige tres medidas urgentes: garantías de protección para él y su familia contra posibles represalias, acceso a un proceso judicial justo con toda la documentación necesaria para su defensa, y atención médica especializada acorde a sus múltiples condiciones crónicas. El dramático llamado incluye un pedido de intervención a organismos de derechos humanos y a la opinión pública, en lo que se perfila como un nuevo caso cuestionado de administración de justicia en Bolivia. La situación pone en evidencia las condiciones del sistema penitenciario para adultos mayores con graves problemas de salud, mientras las autoridades judiciales no se han pronunciado sobre las graves acusaciones de coerción en el proceso.

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Militares y supuesto ideólogo en asonada militar piden juicio abreviado – Periódico La Patria

Tres detenidos, entre ellos dos militares y un presunto ideólogo, piden una salida alternativa ante la comisión de fiscales tras los eventos del 26 de junio. Tres personas involucradas en la asonada militar ocurrida en la plaza Murillo de La Paz el 26 de junio de 2024, entre las que se encuentran dos militares y un supuesto ideólogo, han solicitado un juicio abreviado ante la comisión de fiscales. Los acusados presentaron sus solicitudes a la comisión de fiscales en diferentes fechas, expresando su disposición a optar por una salida alternativa y renunciar al juicio oral y contradictorio. Detalles de los implicados Los exmilitares Waldir M. H. y Román C. C., quienes se encuentran actualmente encarcelados, están imputados por los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, así como por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en grado de complicidad. Por otro lado, Anibal A. G., quien es procesado como autor, ha argumentado motivos humanitarios debido a su enfermedad. Motivos de la solicitud En su solicitud de juicio abreviado, Aníbal explicó que padece cáncer de colon y solicitó que, “por un tema humanitario”, se considere la salida alternativa. En el documento, también menciona: “Renuncio al juicio oral público y contradictorio, este reconocimiento es expreso y sin que medie vicio que invalide el consentimiento, porque mi persona participó en el mismo”. Contexto político actual La solicitud de juicio abreviado se presenta en un contexto donde las tensiones políticas han aumentado tras los eventos del 26 de junio de 2024. Esta situación ha generado preocupación en diversos sectores sobre la estabilidad del país. Además, ha llevado a un debate sobre cómo debe responder el sistema judicial ante casos relacionados con intentos de desestabilización del orden constitucional. Vía: La Patria.

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wilfredo y evo

Defensa de Evo Morales rechaza citación judicial en caso «Golpe I»

El abogado Wilfredo Chávez, representante legal del expresidente Evo Morales, declaró este viernes que su cliente no acudirá a declarar en el caso «Golpe I», argumentando que Morales es «víctima» de los hechos ocurridos en 2019. La postura surge tras conocerse la citación emitida por el Tribunal de Sentencia en lo Penal de La Paz, que convocó a Morales junto al presidente Luis Arce, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el exministro Carlos Romero para declarar como testigos de descargo el próximo 31 de marzo. «Primero, no ha recibido la notificación y, segundo, no tiene por qué declarar porque él es víctima de este grupo político que asaltó el gobierno en 2019», afirmó Chávez en conferencia de prensa. El letrado calificó el proceso como una «farsa jurídica» y acusó a los citados de ser los verdaderos responsables de los eventos que llevaron a la renuncia de Morales. El caso «Golpe I», impulsado por la exdiputada Patty Arce, procesa al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al excívico Marco Antonio Pumari por los delitos de terrorismo, cohecho activo y uso indebido de bienes del Estado durante los eventos de 2019. La defensa de Camacho solicitó las declaraciones de las máximas autoridades del gobierno del MAS como testigos de descargo, estrategia que la parte acusadora considera una maniobra dilatoria. Fuentes judiciales confirmaron que las citaciones se emitieron el pasado 24 de marzo y establecen la comparecencia obligatoria este lunes a las 14:00 en el salón Rosado del Tribunal Departamental de La Paz. Sin embargo, el equipo legal de Morales ya anunció que presentará un recurso para excusar su asistencia, alegando que el expresidente no puede ser tratado como testigo en un caso donde fue la principal víctima. El conflicto judicial se da en paralelo a la orden de aprehensión contra Morales por un caso separado en Tarija, donde se le investiga por presunta trata de personas. Analistas políticos ven en ambos procesos un escenario de creciente judicialización de la política boliviana, donde las causas penales se entremezclan con la pulseada por el control del MAS de cara a las elecciones de 2025.

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Nuevo conflicto en el Tribunal Constitucional Plurinacional: magistrados electos cuestionan a los «prorrogados» por sentencia polémica.

Un nuevo capítulo de tensiones se ha abierto en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, donde los magistrados elegidos en 2024 han exigido explicaciones a los magistrados «prorrogados» por emitir una sentencia sin su consentimiento. El conflicto surgió tras la anulación de la «Ley excepcional de conformación y funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia», una decisión que ha generado controversia y divisiones al interior del órgano judicial. La sentencia fue firmada por los magistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Isidora Jiménez, Elizabeth Cornejo y Karem Gallardo. Sin embargo, los magistrados electos en 2024 aseguran que no fueron consultados ni informados sobre el proyecto de sentencia, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia y legitimidad del proceso. Los nuevos magistrados han solicitado una enmienda o la nulidad de la sentencia y advierten que, de no ser atendida su solicitud, iniciarán acciones legales y constitucionales. «El TCP carece de un mecanismo transparente», afirmaron, refiriéndose a la falta de claridad sobre los plazos y la conformación de la Sala Plena para tomar decisiones. El conflicto se enmarca en un escenario complejo, donde las elecciones judiciales de 2024 no lograron completar la elección de magistrados en varios departamentos. En Pando y Beni no se eligieron magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia ni para el TCP, mientras que en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija no se designaron integrantes del TCP. Estas vacancias han sido atribuidas a decisiones del propio TCP, lo que ha generado críticas y desconfianza en el sistema judicial. La «Ley excepcional», ahora anulada, buscaba terminar con el mandato de los magistrados prorrogados y garantizar el funcionamiento de ambas instancias con nuevos magistrados. Sin embargo, su derogación ha reavivado el debate sobre el verdadero poder de los magistrados prorrogados y su influencia en las decisiones del TCP. Este enfrentamiento refleja una lucha más amplia por el control del poder judicial en Bolivia, donde la transparencia, la legitimidad y la independencia de los órganos judiciales están en entredicho. Mientras los magistrados electos exigen cambios y mayor claridad en los procesos, los prorrogados defienden su autoridad y continuidad en el cargo.

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Justicia anula sentencia de seis años en contra del adolescente que violó y asesinó a una bebé en el Plan Tres Mil

13/03/2025 La autopsia practicada al cuerpo de la bebé reveló que fue agredida sexualmente y que murió producto de múltiples golpes que le provocaron fracturas en el cráneo y el tórax. La Justicia anuló la sentencia de seis años que fue dictada en contra del adolescente que violó y asesinó a su hijastra de un año y tres meses de edad, en la zona del Plan Tres Mil, en la ciudad de Santa Cruz, según informó el Ministerio de Justicia. “Luego de escuchar la amplia, precisa y contundente fundamentación de la acción constitucional de libertad interpuesta contra un fallo injusto e incomprensible se logró la anulación de la sentencia de apenas seis años de prisión”, se lee en un comunicado difundido por la cartera de Justicia en sus redes sociales. La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huancani, indicó que no se puede permitir este tipo de crímenes atroces contra la niñez. Si bien el Código Niño, Niña y Adolescente dice “a los 16 años la pena máxima es de 6 años”, por encima de nuestras normativas se encuentran los estándares internacionales”, aseveró en entrevista en Bolivia Tv. La sentencia dictada tras la presentación de la acción de libertad a favor de la víctima será remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión, para señalar una condena en el marco del proceso ordinario. El hecho ocurrió el pasado 3 de marzo en el Plan Tres Mil, de Santa Cruz. La progenitora Gina O. Z., de 24 años, quien se encuentra en el penal de Palmasola con detención preventiva, llevó a su pequeña sin vida a un centro médico alegando que, por accidente, aplastó a su hija cuando le daba de lactar. Sin embargo, la autopsia reveló que fue agredida sexualmente y que murió producto de múltiples golpes que le provocaron fracturas en el cráneo y el tórax. FUENTE : VISIÓN 360

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Órgano Judicial declara emergencia presupuestaria y abandona comisión de la Ley 898 por falta de recursos.

En un foro debate organizado por el Tribunal Agroambiental, las máximas autoridades del Órgano Judicial declararon una emergencia presupuestaria y anunciaron su retiro de la comisión de la Ley 898, argumentando que sin recursos económicos no es posible avanzar en reformas ni garantizar el funcionamiento de la justicia en Bolivia. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, junto a representantes del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, explicó que el Órgano Judicial enfrenta un déficit de 140 millones de bolivianos en comparación con el año pasado, lo que ha impedido la contratación de personal eventual, consultores de línea y otros recursos necesarios para atender a la población. “Sin presupuesto, sería irresponsable hablar de reformas normativas o creación de juzgados. Necesitamos que el Ministerio de Economía asigne los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del Órgano Judicial”, señaló el presidente del Tribunal Supremo. Además, las autoridades exigieron que se reconozca constitucionalmente un presupuesto mínimo del 3 % para el Órgano Judicial, tal como lo recomiendan estándares internacionales y estudios respaldados por Naciones Unidas. “El presupuesto es un indicador de la voluntad política y debe ser garantizado incluso en tiempos de restricciones económicas”, leyó una de las autoridades durante el evento, citando un libro auspiciado por la ONU. La declaratoria de emergencia presupuestaria fue suscrita por las tres instancias del Órgano Judicial (Tribunal Supremo, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental) y será enviada formalmente al presidente del Estado Plurinacional para su atención inmediata. Este anuncio se produce en el marco de la comisión de la Ley 898, que buscaba abordar reformas legislativas, como la reforma a la Ley 025 y la creación de un código de ética para el Órgano Judicial. Sin embargo, las autoridades decidieron abandonar la comisión, alegando que no existe seriedad ni compromiso con la administración de justicia. “Si no se atiende nuestra emergencia presupuestaria, no participaremos en ninguna otra convocatoria. La comisión 898 ya cumplió su ciclo y necesitamos encarar la administración de justicia de otra manera”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo. Esta situación pone en evidencia la crisis financiera que atraviesa el Órgano Judicial y genera preocupación sobre su capacidad para garantizar el acceso a la justicia y el Estado de derecho en Bolivia. Ley 898: tiene por objeto crear la Comisión de Seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia

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