Opinión

La libertad de expresión está coartada, en los medios de comunicación

Opinión /

Shirley Nadia Ampuero Cuantos no están replicando la importancia de la marcha convocada por el Movimiento al Socialismo (MAS) desde sus redes sociales, con fotografías y descripciones de la magnitud de su significancia política; pero en contraste encontramos a los medios de comunicación que minimizan la marcha y ponen en la agenda de la opinión pública otros temas menos trascendentes. La Marcha por la Dignidad es un tema que llama la atención por su magnitud, pero también hay otros temas donde los medios de comunicación desvían los focos de atención, por ejemplo cuando informan sobre un feminicidio y sacan en verso la información personal de la víctima con una clara intención de desprestigiarla; otro ejemplo es la falta de seguimiento a los casos de corrupción, solo la denuncia es portada en todos los medios, pero el fin de la investigación no. Asimismo dirigen intencionadamente el foco de atención cuando su trabajo se ciñe solamente a replicar las declaraciones de alguna autoridad, personaje o “especialista” sin realizar ninguna investigación previa, que por lo menos les permita, mínimamente, hacer algún cuestionamiento o comentario audaz. Y no es la falta de capacidad de los profesionales en comunicación, sino factores como: la mercantilización de la comunicación, la concentración de los medios de comunicación y los intereses políticos de los dueños de los medios los que deciden los titulares. Es decir que paradójicamente los medios de comunicación, tienen secuestrada su libertad de expresión, por intereses económicos y políticos. Por estos intereses los focos de atención estarán dirigidos hacia lo sensacionalista y escandaloso, pero además se dirige al perjuicio o beneficio de algún interés político. Además los medios de comunicación en su lucha por su vigencia, contra las redes sociales, (donde se puede escribir lo sea sin ninguna responsabilidad legal, ni ética) compiten con esa lógica. Porque si bien existe un marco normativo comunicacional, es por demás desactualizado y descontextualizado pero permite a los medios de comunicación hacer ciertos amagues, que les da competitividad con las redes sociales, pero a costa de su seriedad y credibilidad. Si bien la Constitución Política del Estado, es la única norma moderna que regula este sector, establece la libertad de expresión, de manera muy general y los intentos por democratizar los medios de comunicación no han sido suficientes, aunque se han puesto nuevamente en marcha desde el año pasado. La actualización del marco normativo de los medios de comunicación podría ser una solución para proteger su libertad de expresión de la mercantilización, la concentración y los intereses políticos, pero debe ser una normativa elaborada de manera conjunta entre el legislativo y representantes del rubro comunicacional, y ante todo la voluntad en ambos de velar por una verdadera libertad de expresión. Sin embargo no olvidemos que hace algunos años los medios de comunicación se opusieron a la intención de actualizar su normativa, quizá pretenden perpetuar estás prácticas perversas de comunicación, que no solo van en desmedro de su libertad de expresión sino ante todo van en contra nuestro Derecho a la Información. La autora es abogada con master en relaciones internacionales.

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La métrica que definirá al gobierno de Arce

Economía, Opinión /

Joaquin Mayorga El PIB de la economía boliviana está creciendo en 2021. Esa es una buena noticia. Sabemos que el PIB es la medida incompleta del bienestar de la población de un país, pues no toma en cuenta la degradación ambiental ni la distribución del ingreso. Pero si miramos el PIB per cápita, podemos obtener información aproximada de mortalidad infantil, esperanza de vida, calidad de la educación y otras variables que reflejan el bienestar de la población de un país. Hay razones para creer que la tasa de crecimiento del PIB tiene influencia sobre los resultados electorales en Bolivia en años recientes pues Evo obtuvo mayores votaciones en elecciones presidenciales en años con tasas de crecimiento mayores. Esta es una correlación, pero que dos cosas estén correlacionadas no quiere decir que una cause a la otra. Exploremos la idea en detalle. Podemos pensar en un modelo sencillo de los votantes bolivianos. En este modelo, los electores estarían interesados en una característica clave de los candidatos: la postura de los contendientes con respecto al proyecto nacional-popular. Los votantes estarían distribuidos a lo largo de una línea recta según esas preferencias. En el extremo pro nacional-popular de la distribución, se encontrarían miembros de sindicatos agrarios o el Pacto de Unidad. En el extremo opuesto de la distribución, observaríamos a electores anti nacional-popular, tales como los protestantes que asisten a manifestaciones de comités cívicos. En esta ilustración simplificada, los votantes al medio de la distribución no tendrían preferencias fuertes por lo pro o anti nacional-popular. Para estos votantes, la característica clave de los candidatos sería la calidad de la gestión, medida aproximadamente por el crecimiento económico. Dos piezas de información del municipio de Cercado, Cochabamba apoyan esta hipótesis. Luis Arce y Manfred Reyes Villa obtuvieron mayoría absoluta en las elecciones presidenciales de 2020 y la municipal de 2021 en Cercado, Cochabamba, respectivamente. Eso implica que un porcentaje de los electores votó por Arce en 2020 y Manfred en 2021. Arce y Manfred se encontrarían en extremos opuestos de lo nacional-popular, pues sus partidos o agrupaciones tienen posturas opuestas con respecto al conflicto de Cochabamba de enero de 2007, donde el MAS apoyó a los protestantes rurales y Manfred a los urbanos. Pero Arce está asociado al crecimiento y estabilidad económica de las presidencias de Evo, y Manfred a la percepción de su productividad como alcalde en los años 90. Ambos tienen en común que proporciones grandes del electorado perciben sus gestiones pasadas como exitosas. Si el PIB crece a las tasas proyectadas por el FMI, la economía boliviana compensará las pérdidas de 2020 hacia finales de 2022. Por un lado, las exportaciones de minerales y productos no tradicionales están creciendo según sus tendencias pre COVID-19, y las exportaciones de hidrocarburos y la tasa de desocupación se están recuperando. Por el otro, el sector público continúa con déficits altos por sexto año consecutivo. La deuda pública como proporción del PIB ronda el 60%, un nivel manejable en el corto plazo pero, si el endeudamiento público continúa al ritmo actual, problemático en el mediano plazo. Si el sector exportador continúa creciendo y los proyectos de inversión pública son suficientemente exitosos en promedio, el déficit fiscal se reducirá. Esa es la apuesta de la administración de Luis Arce con respecto a la economía. Y los votantes que no tienen preferencias fuertes por lo pro o anti nacional-popular probablemente evaluarán positiva o negativamente la presidencia de Luis Arce de acuerdo a los resultados de la gestión económica. El autor es economista.

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La segunda oleada progresista latinoamericana – Por Álvaro García Linera

Opinión /

Álvaro García Linera Publicado el 30 de noviembre Buenos Aires / Vía Nodal .- El mundo está atravesando una transición política-económica estructural. El viejo consenso globalista de libre mercado, austeridad fiscal y privatización que encandiló a la sociedad mundial durante 30 años, hoy se ve cansado y carece de optimismo ante el porvenir. La crisis económica de 2008, el largo estancamiento desde entonces, pero principalmente el lockdown de 2020 han erosionado el monopolio del horizonte predictivo colectivo que legitimó el neoliberalismo mundial. Hoy, otras narrativas políticas reclaman la expectativa social: flexibilización cuantitativa para emitir billetes sin límite; Green New Deal, proteccionismo para relanzar el empleo nacional, Estado fuerte, mayor déficit fiscal, más impuestos a las grandes fortunas, etc., son las nuevas ideas-fuerza que cada vez son más mencionadas por políticos, académicos, líderes sociales y la prensa del mundo entero. Se desvanecen las viejas certidumbres imaginadas que organizaron el mundo desde 1980, aunque tampoco hay nuevas que reclamen con éxito duradero el monopolio de la esperanza de futuro. Y mientras tanto, en esta irresolución de imaginar un mañana más allá de la catástrofe, la experiencia subjetiva de un tiempo suspendido carente de destino satisfactorio agobia el espíritu social. América Latina se adelantó a estas búsquedas mundiales hace más de una década. Los cambios sociales y gubernamentales en Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, dieron cuerpo a esta primera oleada de gobiernos progresistas y de izquierda que se plantearon salir del neoliberalismo. Más allá de ciertas limitaciones y contradicciones, el progresismo latinoamericano apostó a unas reformas de primera generación que logró tasas de crecimiento económico entre 3 y 5 por ciento, superiores a las registradas en tiempos anteriores. Paralelamente, se redistribuyó de manera vigorosa la riqueza, lo que permitió sacar de la pobreza a 70 millones de latinoamericanos y de la extrema pobreza a 10 millones. La desigualdad cayó de 0.54 a 0.48, en la escala de Gini y se aplicó un incremento sostenido del salario y de los derechos sociales de los sectores más vulnerables de la población que inclinó la balanza del poder social en favor del trabajo. Algunos países procedieron a ampliar los bienes comunes de la sociedad mediante la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y, como en el caso de Bolivia, se dio paso a la descolonización más radical de la historia, al lograr que los sectores indígena-populares se constituyan en el bloque de dirección del poder estatal. Esta primera oleada progresista que amplió la democracia con la irrupción de lo popular en la toma de decisiones, se sostuvo sobre un flujo de grandes movilizaciones sociales, descrédito generalizado de las políticas neoliberales, emergencia de liderazgos carismáticos portadores de una mirada audaz del futuro y un estado de estupor de las viejas élites gobernantes. La segunda oleada progresista La primera oleada del progresismo latinoamericano comenzó a perder fuerza a mediados de la segunda década del siglo XXI, en gran parte, por cumplimiento de las reformas de primera generación aplicadas. El progresismo cambió la tasa de participación del excedente económico en favor de las clases laboriosas y el Estado, pero no la estructura productiva de la economía. Esto inicialmente le permitió transformar la estructura social de los países mediante la notable ampliación de las clases medias, ahora con mayoritaria presencia de familias provenientes de sectores populares e indígenas. Pero la masificación de ingresos medios, la extendida profesionalización de primera generación, el acceso a servicios básicos y vivienda propia, etc., modificó no sólo las formas organizativas y comunicaciones de una parte del bloque popular, sino también su subjetividad aspiracional. Incorporar estas nuevas demandas y darle sostenibilidad económica en el marco programático de mayor igualdad social, requería modificar el modo de acumulación económica y las fuentes tributarias de retención estatal del excedente. La incomprensión en el progresismo de su propia obra y la tardanza en plantarse los nuevos ejes de articulación entre el trabajo, el Estado y el capital, dieron paso desde 2015 a un regreso parcial del ya enmohecido programa neoliberal. Pero, inevitablemente, este tampoco duró mucho. No había novedad ni expansivo optimismo en la creencia religiosa en el mercado, sólo un revanchismo enfurecido de un libre mercado crepuscular que desempolvaba lo realizado en los años 90 del siglo XX: volver a privatizar, a desregular el salario y concentrar la riqueza. Ello dio pie a la segunda oleada progresista que desde 2019 viene acumulando victorias electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú y extraordinarias revueltas sociales en Chile y Colombia. Esto enmudeció esa suerte de teleología especulativa sobre el fin del ciclo progresista. La presencia popular en la historia no se mueve por ciclos, sino por oleadas. Pero claro, la segunda oleada no es la repetición de la primera. Sus características son distintas y su duración también. En primer lugar, estas nuevas victorias electorales no son fruto de grandes movilizaciones sociales catárticas que por su sola presencia habilitan un espacio cultural creativo y expansivo de expectativas transformadoras sobre las que puede navegar el decisionismo gubernamental. El nuevo progresismo resulta de una concurrencia electoral de defensa de derechos agraviados o conculcados por el neoliberalismo enfurecido, no de una voluntad colectiva de ampliarlos, por ahora. Es lo nacional-popular en su fase pasiva o descendente. Es como si ahora los sectores populares depositaran en las iniciativas de gobierno el alcance de sus prerrogativas y dejaran, de momento, la acción colectiva como el gran constructor de reformas. Ciertamente, el gran encierro mundial de 2020 ha limitado las movilizaciones, pero curiosamente no para las fuerzas conservadoras o sectores populares allí donde no hay gobiernos progresistas, como Colombia, Chile y Brasil. Una segunda característica del nuevo progresismo es que llega al gobierno encabezado por liderazgos administrativos que se han propuesto gestionar de mejor forma en favor de los sectores populares, las vigentes instituciones del Estado o aquellas heredadas de la primera oleada; por tanto, no vienen a crear unas nuevas. Dicho de otra manera, no son liderazgos carismáticos, como en el primer progresismo que fue dirigido por presidentes que fomentaron una relación efervescente, emotiva con sus electores y disruptivas con el viejo orden. Sin embargo, la ausencia de relación carismática de

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Creación de un presente poético

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Carlos Bleichner Delgado Abramos con una canción: https://www.youtube.com/watch?v=1aHIIWrh3WE&list=RD1aHIIWrh3WE&start_radio=1 En la Universidad Nacional de las Artes, de Buenos Aires, en la carrera de licenciatura en actuación, parte de la bibliografía de cátedra de Silvina Sabater de los 3 primeros años de actuación es: “Zen en el arte del tiro con arco” de Eugen Herrigel. En la cátedra de Guillermo Cacace, de actuación 4, leíamos poesía; y lo que vaya surgiendo y vayamos descubriendo como necesidad (Marosa Di Giorgio, por ejemplo). Qué revolucionario leer por impulsos que detonen el aquí y ahora. Qué belleza la de poder elegir. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Elegimos? Pienso que leer lo que me da Facebook, no es elegir del todo; tiene sus propias convenciones. Resalta la dificultad de teorizar/escribir sobre un objeto de estudio tan complejo y dinámico, como es la actuación. Por consiguiente, se recurren a textos que, sin hablar de la actuación misma, hablan de la actuación misma. Lo lindo, es que no la precisan. No la definen. ¡Qué aburrido delimitar un potencial tan salvaje! Entrenando la actuación, nos vamos dando cuenta que, si buscamos organicidad/transformación íntegra (no sólo física/gestual/formal) en nuestras actuaciones; la “conducta social”, las “convenciones sociales”, delimitan, apresan, encajan y matan el potencial de la singularidad de los vínculos entre seres humanos. A esta singularidad emancipada de convencionalismos, el amado Guille Cacace llama: “creación de un presente poético”. ¡Qué difícil habitar el presente! ¡Qué complejo CREAR! Muy distinto a reproducir lo instituido. Las convenciones reproducen. ¡Qué poco satisface un saludo de puño, un saludo cortés; cuando quiero comerte a besos, cuando quiero que me cuentes cómo has estado últimamente, cuando necesito que te metas en mi cuerpo y meterme en el tuyo, a través de una conversación, unos silencios cómplices, unas rupturas de convenciones, unos lenguajes inventados, unos cuantos límites diluidos por la necesidad de encontrarnos! Qué abismante dejarnos ver en nuestras singularidades descubiertas, algo pudorosas a veces; y no mostrarnos/ocultarnos en convenciones sociales inhibidoras. Esto que nos pasa en la actuación nos pasa en la vida cotidiana. Después de analizar esto. ¿Cómo lo hago práctico en el cotidiano? Hay lugares donde patear el tablero puede ser un suicidio; cagarme en las convenciones es ridículo. Ni qué hacer, no somos superhéroes; y me atrevo a decir que seguramente esos lugares, al estar tan predefinidos, no deben tener tanta importancia. La máquina no percibe; va a darle al mismo ritmo, estés o no. Ombligo a la columna entonces con esos lugares, mejor no hablemos de eso. ¡Habiendo tanta belleza en la que enfocar! El momento en que el espejo me pide una mueca, cuando me aflojo la corbata, cuando la camisa se deschaveta para almorzar, el momento en que me invento una palabra o puedo inventarte un juego; el momento en que miro a los ojos y me pierdo, ahí donde no necesito hablar ni saber; en esos tiempos/olores: estoy creando un presente poético. Un poco de justicia hago a nuestros salvajismos atados. Demos más campo a esos momentos/madrigueras, íntimas, acobijantes, impredecibles, arrojadas, pequeñas; pero gigantes en acontecimientos. ¿Cómo infiltro este placer cuando voy al banco? ¿Dónde percibo en la piel un aire que permita aventurar un guiño? Una de esas experiencias vale para seguir olfateando otras; seguir contagiándonos disrupciones sensibles. Entonces, ¿por qué seguimos esperando que nuestros papás, nuestras parejas, el “camba” de la película, el director, se comporte según la convención dicta? ¿Por qué no apostamos a cumpleaños sin torta? Festejemos más días y soplemos deseos al oído. Bien cerquita. Me permito desnudar una certeza, con cierto pudor: no queremos hacer locuras, no queremos ser originales; queremos amarnos/encontrarnos en libertades. La pelota está en el aire. El autor es actor.

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Del PDE, resbalando por la Política de Ciudades, a la Política de Vivienda

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R. Martha Arébalo Bustamante En nuestro país se está discutiendo persistentemente sobre la abrogación de la Ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025, “Reconstruyendo la economía para Vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones” (PDES 2021-2025), con el argumento de que el mencionado instrumento vulnera las autonomías departamentales, municipales y de las universidades. Estas afirmaciones no dejan de causar sorpresa, pues es el tercer plan nacional que el Estado Plurinacional de Bolivia ha determinado aplicar. Si bien el primer Plan aprobado el 2006 no fue promulgado bajo el marco de la Constitución Política del Estado del 2009; el posterior, aprobado el 2016, ya se encuadraba en esta norma, además de en La Ley Marco de Autonomías y descentralización “Andres Ibañez” (2010), La ley de Derechos de la Madre Tierra (2010), la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien (2012), la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (2014) y la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE (2016). En consonancia, los Gobiernos Departamentales, Municipales y Universidades, durante el 2016, elaboraron y gestionaron la aprobación de sus respectivos planes. Desde el 2020 están encaminando sus acciones a la formulación de los planes 2021-2025, retrasados por la reciente promulgación del PDES 2021-2025. Por lo dicho, en momentos de convulsión derivados de la promulgación de la norma de legitimación de las Ganancias Ilícitas, la suma del PDES a las exigencias de abrogación es claramente un pretexto para dar continuidad, a las muestras de descontento. Con estos antecedentes, es una pérdida de energías discutir sobre un instrumento que con pocas variaciones ya ha sido aplicado en el país prácticamente a partir del 2006, y sin causar “sobresaltos” a las autonomías. Lo que se hace importante, en función de los resultados que puede traer su aplicación, no solo sobre la economía nacional, sino también sobre las condiciones de vida de la población, es analizar sus componentes sustantivos, entre ellos, la educación, la salud, la vivienda u observar su orientación central hacia la planificación territorial, teniendo como horizonte el “Vivir Bien”. Entre las políticas definidas por el gobierno de facto de Janine Añez, en el transcurrir del nefasto período 2019-2020, se tiene una Política de Vivienda aprobada por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y se conoce que en la actualidad existe un documento sustitutivo. En paralelo, Añez aprobó la Política Nacional de Ciudades, consolidada actualmente como la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades – PNDIC. La primera, como su nombre lo indica, orienta sus acciones hacia la vivienda, un componente trascendental, no solo por su importancia dentro de los indicadores de pobreza, sino también por ser parte de las condiciones de vida, tanto afectivas como materiales de los seres humanos, en su condición de individuos, hombres y mujeres, la satisfacción de sus necesidades básicas de habitar, sus lazos familiares y el establecimiento de relaciones de convivencia social y con la Madre Tierra. Poniendo en el foco a la vivienda, la segunda, al atender a las ciudades, otorga el marco contextual de la problemática de la vivienda. Debemos poner en la escena del debate, a la luz del PEDES ambas políticas e intentar buscar nuevas alternativas de solución al hábitat de los grupos más vulnerables. Cabe recordar que Nuestra Constitución en su Artículo 19, Parágrafo 1, expone: Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria; en tanto que en su Parágrafo 2 complementa: “[E]l Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural”. El PDES 2021-2025 traduce esto en forma implícita, al plantear “[d]evolver a la Política Social el carácter prioritario para el Estado, reduciendo las Desigualdad Económica, Social y de Género en el marco de la Pluralidad”. Es tarea nuestra, del pueblo boliviano, recuperar la validez social de la política de vivienda. Buscar que se acerque al paradigma del Vivir Bien y se aleje del “desarrollo sostenible” propugnado por las Políticas de Vivienda de Añez y la de Ciudades en sus dos versiones, siguiendo a organismos internacionales como las Naciones Unidas, quitándole fuerza a nuestro nuevo horizonte civilizatorio, el Vivir Bien. Siguiendo al PDES en su orientación hacia el Modelo Económico Social Comunitario, debemos dejar de considerar central a la propiedad privada de la vivienda y priorizar el acceso seguro bajo diferentes modalidades: alquiler solidario, propiedad colectiva cooperativa, comunitaria u otros. Potenciar los sistemas autogestionarios y de producción social del hábitat, sobre el negocio inmobiliario y de la construcción, permite construir lazos de solidaridad que pueden reforzarse con modos más amigables de financiamiento ligados a la capacidad de pago antes, que a los costos y ganancias financieras. La política de vivienda debe abandonar su giro individualista y centrarse en la vida en comunidad asentada en la propiedad colectiva del suelo y la vivienda para efectivamente construir un otro mundo posible. La autora es Doctora en Diseño, línea Estudios Urbanos, docente de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón y miembro de la Comunidad de Estudios Pacha

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Sentimos el agotamiento por la falta de empatía

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Amalia Canedo En la Declaración de los Derechos Humanos se establece: “el derecho a participar y disfrutar de los beneficios de la cultura, las artes y la ciencia, en la búsqueda del conocimiento, la comprensión y la creatividad humana”. Del párrafo anterior no llegamos a cumplir con todo lo pactado como derecho humano, desde la mirada de trabajadora cultural siempre vengo pataleando cuando de tratos con direcciones publicas hablamos. La venta de servicios artísticos ha dejado de ser las cosas que más nos gustan a los trabajadores culturales, nos tratan como si siempre les debiéramos el agradecimiento por habernos contratado…Si señores y señoras la realidad hace que los trabajadores públicos se sientan dueños de los recursos destinados a la gestión cultural publica y el maltrato es constante y pesado desde que siempre se piensa que los trabajadores culturales no cumplimos con un oficio y que lo que hacemos deberíamos regalarlo. Lo poco que se recibe podría ser recibido con dignidad si los procesos de pago y de informes no fueran tan tediosos, un proceso de pago llega a demorar aproximadamente 6 meses si es que nos pagan sin dramas pero en la realidad montones de veces nos vemos en la necesidad de re-negociar lo que por honor se había firmado. ¿Y es que acaso no cumplimos un rol social? Si a cualquier gestor, artistas, promotor cultural, etcétera, le preguntaras si ganan dignamente en las contrataciones artísticas, cualquiera respondería: solo se recuperan los gastos en comunicación y transportes y no se llega a percibir una ganancia real por todo lo que significa montar una actividad artística. Tengo una duda constante y es acaso los funcionarios públicos destinados a la administración cultural ¿no tienen conocimiento sobre lo que significa montar una obra artística? : Lleva su tiempo de reflexión, maduración, concluyendo en la propuesta final que es la que se muestra en los escenarios destinados a estas contrataciones. Vivir del trabajo cultural si no somos nosotros mismos los que la gestionamos y los que cobramos las entradas, los que publicitamos, los que difundimos no podríamos pretender hacer que la cultura sea nuestro cotidiano. Si la función pública constantemente nos maltrata es mucho más terrible la situación de rechazo que lo privado genera en torno a los trabajadores culturales, no hay disponibilidad de recursos para el fomento cultural porque se ha construido la visión de que el proceso cultural es un gasto insulso que no les genera ganancias directas e indirectas. Podremos no echarles la culpa a los empresarios privados o a los encargados de gerencia de estas instancias privadas y es porque el Estado-Gobierno poco hace para garantizar el mínimo espacio de respaldo a través de destinar acciones encaminadas a generar difusión y promoción de sus artistas. Si de políticas públicas habláramos y cantáramos no hay muchas que hayan garantizado la visibilidad y difusión de procesos culturales y tampoco artísticos, no se están trabajando propuestas que coadyuven a que las obras artísticas y los procesos culturales tengan un espacio dentro de la educación pública y privada de nuestro país. Es urgente retomar el diálogo y la discusión sobre los derechos laborales de los trabajadores culturales para hablar de dejar huellas contundentes en la toma de nuestro poder real que es la sensibilidad de nuestro medio y de nosotros mismos. Los seres humanos nos diferenciamos de otros organismos vivos en la capacidad de reflexionar, de crear y de aspirar a mejores mundos. Y es ahí donde las manifestaciones artísticas son fundamentales para las sociedades. La autora es gestora cultural (de alasitas).

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Contra el federalismo

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Arián Laguna Aceptar desde el MAS la propuesta de federalismo de Camacho no es una estrategia política astuta para desinflar la movilización política de derecha en las regiones, sino un error político que les dará a esos sectores una agenda política para desestabilizar al gobierno del MAS durante los próximos años. Las discusiones en torno a los márgenes que adquirirá el federalismo se convertirán en la trinchera y agenda para la lucha de las derechas regionales. Con seguridad, la demanda de un nuevo pacto fiscal (es decir la demanda de mayores recursos para los departamentos), así como la designación departamental de autoridades policiales, se convertirán en los puntos de lucha más importante y de desestabilización contra el gobierno del MAS. El proyecto de las derechas regionales no apunta al «desarrollo regional», o a cortinas de humo de ese tipo, sino a la toma del Estado central. Ése ha sido el proyecto de la élite cruceña desde los 70 (lo logró vía Bánzer); y posteriormente el periodo neoliberal fue el momento de repartición del Estado entre las élites regionales. Las movilizaciones “cívicas” actuales buscan generar una crisis que de pie a una nueva caída del MAS; una de sus falencias centrales es la ausencia de elementos concretos para denunciar y movilizarse (de forma patética se anclan por ejemplo en el proyecto de Ley del Programa de Desarrollo Económico y Social cuyo contenido ni siquiera sus diputados se han tomado la molestia de leer). Dar pie a la discusión federalista es entregar en bandeja de plata el marco de discusión y movilización que la derecha busca desesperadamente. Sin duda que aceptar la propuesta federalista de Camacho puede ser el segundo error político más grave del MAS después de la elección indefinida como derecho humano. Pero tampoco debe quedar duda de que, independientemente de la posición del MAS, el federalismo se posicionará como la bandera de la oposición, y muy probablemente generará amplias movilizaciones pues se anclará no solamente en los sentimientos de rechazo al MAS, sino en los de marginación política y socioeconómica muy prevalecientes en los departamentos opositores. Por tanto, una lógica de sólo responder «no» a la demanda federalista está destinada al fracaso y sólo potenciará al movimiento opositor. En 2009, la defensa del MAS frente al movimiento autonómico se asentó en una confianza en la abrumadora mayoría electoral que lo apoyaba y la fuerza de lo «Plurinacional» como horizonte discursivo. Sin embargo, 12 años después la situación es diferente y ya no se puede confiar en ninguno de estos dos elementos. Con extrema urgencia, se necesita contraponer un discurso y una agenda creativas que no pueden ser un simple reciclaje del fondo discursivo 2005-2009. No tiene sentido lanzar ideas al azar, pero sí es necesario identificar el fundamento que hace posible la agenda federalista y, a partir de allí, proponer líneas de desarrollo. El fundamento del discurso federalista radica en la hegemonía económica y social de la élite cruceña sobre la mayor parte de ese departamento; sin embargo, ninguna de las otras capitales departamentales opositoras tiene ningún tipo de hegemonía sobre sus regiones rurales o ciudades intermedias (tal vez con las excepciones de Tarija y Beni, pero que en realidad son departamentos fragmentados internamente con polos subregionales). Las capitales opositoras están rodeadas por regiones indígenas y campesinas no sólo no afines a ellas, sino en la mayoría de los casos contrapuestas a ellas (y no sólo en las áreas rurales, sino en sus propias manchas urbanas – los “mal nacidos” de Poppe). Por tanto, el federalismo es un movimiento fundamentado en el sólido poder departamental de la burguesía cruceña y en el frágil poder urbano de las élites de capitales departamentales sin hegemonía rural. En ese sentido, la contrapropuesta del MAS debe asentarse en este hecho estructural, pero no apelando a la lógica antropológica de las autonomías indígenas (un pueblo indígena = un territorio), sino repensando una reconfiguración territorial que responda a la realidad contemporánea en la que se articulan espacios rurales y espacios urbanos, y convertirlos en territorios con poder que funjan como contrapesos políticos y económicos frente a las rancias élites departamentales. Al proyecto reaccionario de una federación de departamentos es necesario contraponer un proyecto de una federación de territorios urbano – rurales que sean transversales a los propios departamentos e inclusive a las ciudades, que han sido las configuraciones territoriales del poder tradicional en Bolivia. El autor es politólogo.

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No, no nos hacen el favor…

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Amalia Canedo Durante mucho tiempo vengo produciendo proyectos de alcance medio a alto en Cochabamba y esas propuestas como cualquiera del sector cultural requieren del apoyo de instancias públicas y privadas para que puedan ser sostenibles económicamente en el tiempo, la historia siempre es la misma se nos trata de mendigos que van a solicitar aquello que no deberíamos ni oler…eso es lo que pretenden los funcionarios públicos al momento de siquiera osar solicitar una cita para poder encontrar puntos de inflexión en la realización de procesos culturales y en muchos casos artísticos. Sí, sí señores, la historia se repite constantemente como si de un deja vu se tratara, ellos los funcionarios destinados para poder proteger los intereses culturales y artísticos de nuestra sociedad siempre ponen la frase repetitiva y cansina de “no tenemos presupuesto”, “nos han recortado” para de alguna manera cerrar las posibilidades de negociación – ¿Cuál vendría a ser su rol si no es el de generar propuestas culturales que sean de acceso democrático para la gente? . La generación de propuesta cultura se ha vuelto una actividad privada que muchas veces no es ni siquiera observada por los operadores públicos, creyéndose ellos dueños de las arcas que están destinadas a la generación de proyectos para el pueblo, se han creído y creen el cuento de que solo los recursos son para pago de sus funciones y no así para el incentivo de nuevos espacios de reencuentro social, nosotros no le debemos las gracias y es su deber escuchar cada propuesta que emerge de la ciudadanía y que su cargo tiene como fin canalizar la acciones al bien colectivo. Hace años venimos observando con pena y muchas veces frustración como el caminar por edificios de cultura que están destinados al ejercicio cultural y artístico sirven para rellenar los espacios y que han sido ocupados por sus partidarios y no así de profesionales idóneos en la rama que estimulen la propuesta y la generación de la creación de proyectos con alcances mayores que a la simple acción de actividades esporádicas que su rol es entretener, sin desmerecer los espectáculos que se van desarrollando. Pero si de estos espacios no emergen propuestas que tengan una visión integral donde podamos avanzar en la generación de proyectos que garanticen un futuro idóneo para el desarrollo, fomento y difusión de nuestras culturas y artes – ¿Cómo construimos las instituciones de cultura?- No señores, ¡no nos hacen un favor! su obligación como funcionarios de cultura es escuchar(nos) cada propuesta, sueño y proyecto que se les presenta y ayudar en la construcción de territorios amigables que ayuden a que la sociedad se empape de todos los procesos creativos que se desarrollan en nuestra comunidad , cada trabajador de arte y cultura tiene el derecho y deber de llegar a cada rincón de nuestro país y poder ser escuchado y escuchar las demandas de cada mujer, hombre, anciano, anciana , niño, niña. Nuestra tarea superior está en incentivar que nuestros pares sean capaces de cuestionarse, cuestionar y sentir que puede seguir caminando porque señores la cultura y el arte nos enriquece, nos da sentido de pertenencia y nos permite construir utopías. La autora es gestora cultural (de alasitas).

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AMLO en la ONU

Opinión /

John M. Ackerman (@JohnMAckerman) En un mundo cada vez más desigual e irracional, donde el capital financiero, las agencias de seguridad y las empresas trasnacionales arrasan con el planeta, la visita de Andrés Manuel López Obrador a la ONU fue como un vaso de agua fresca en el desierto. Con su intervención en el seno del Consejo de Seguridad, el Presidente mexicano demostró la enorme relevancia de la Cuarta Transformación, no solamente como un fenómeno nacional, sino también como un ejemplo global. Desde el primer momento de su discurso, López Obrador fijó los términos para el urgente debate internacional sobre el futuro de la humanidad. AMLO rechazó la costumbre de “hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar” y afirmó que, en realidad, “el principal obstáculo” para lograr la seguridad verdadera (tanto la humana como la social) es “la corrupción en todas sus expresiones”. López Obrador ofreció una definición expansiva de la corrupción que pone de cabeza la lógica burocrática y tecnocrática utilizada por las principales organizaciones internacionales.  Planteó que la corrupción no solamente afecta al sector público, sino que, sobre todo, surge del abuso de poder por parte del sector privado, específicamente de “los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites; el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de pueblos y naciones”. López Obrador prosiguió: “Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos; es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales; y es corrupción, también, la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad.” Esta certera visión coincide con las teorías de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hoy de regreso a la UNAM como Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, quien desde hace años ha sido pionera en el desarrollo de una innovadora teoría de la “corrupción estructural” que rompe con los esquemas neoliberales, excesivamente burocráticos y culturalistas, para dar pie a un nuevo enfoque integral para combatir a la corrupción desde las raíces a partir de atender los factores políticos, sociales y económicas (véase https://bit.ly/3wMDBex y https://bit.ly/3HmAj6D). Pero no solamente el diagnóstico, sino también la propuesta de López Obrador sacudió conciencias en Nueva York. AMLO llamó a la ONU a “despertar de su letargo” y a actuar “con más protagonismo, con más liderazgo” para poner en acción un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar con el fin de “garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios”. López Obrador propone que las mil personas más adineradas y las mil corporaciones privadas más grandes del mundo contribuyan cada una 4 por ciento de sus fortunas. Adicionalmente, recomienda que cada uno de los países más ricos del “Grupo de los 20” done 0.2 por ciento de su PIB.  Ello, dice López Obrador, generaría un fondo de un billón de dólares anuales que podría ser utilizado para paliar la pobreza y el hambre mundial por medio de transferencias directas, sin intermediarios, a los bolsillos de las poblaciones más marginadas, siguiendo el ejemplo de los programas sociales ya implementados en México. Ahora bien, López Obrador propone que estas contribuciones sean “voluntarias” y que la ONU incentive la realización de las donaciones humanitarias por medio de la emisión de “certificados de solidaridad”. Sin embargo, una forma mucho más efectiva para garantizar el cumplimiento del Plan Mundial propuesto sería a partir de la imposición de las contribuciones requeridas con la fuerza de la ley por medio de un gran acuerdo internacional a favor de una reforma fiscal integral. Desde México podríamos poner el ejemplo llevando a la práctica las propuestas de López Obrador. El Congreso de la Unión, que hoy cuenta con una mayoría de diputados y senadores aliados a la 4T, debería considerar implementar durante el próximo año un nuevo impuesto de 4% sobre el patrimonio de las personas morales y físicas más ricos del país, ello con el fin de aumentar los montos de las becas ya existentes para la población mexicana y también generar un fondo adicional para apoyar a los pobres en Centroamérica y el mundo entero. De esta manera, con la conversión de las palabras de AMLO en la ONU en hechos a nivel nacional, la Cuarta Transformación se convertiría de manera definitiva en un faro de esperanza no solamente para los mexicanos sino también para la humanidad entera.   El autor es analista y Director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM. Texto retomado de La Jornada, 15 de noviembre del 2021.

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